Zamora no era un socio cualquiera; fue pieza clave en la expansión de estaciones de servicio bajo la marca del Canelo, manejando operaciones financieras complejas que ahora están bajo investigación por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Eric Zamora, nacido en León, Guanajuato, creció en un ambiente de privilegios y conexiones políticas que moldearon su capacidad para navegar en círculos de poder.
Su habilidad para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas y diseñar contratos que parecían impecables lo convirtió en una figura temida y respetada en el ámbito empresarial y político.
Cuando la fiebre del emprendimiento energético invadió México, Zamora se posicionó como uno de los operadores más confiables, manejando desde asesorías hasta la creación de empresas fachada.
La relación con Saúl Álvarez comenzó hace más de una década en un evento benéfico, donde Zamora le presentó oportunidades de inversión seguras y prometedoras.
Rápidamente se convirtió en pieza fundamental del entramado empresarial que respaldaba la imagen y los negocios del boxeador, incluyendo fundaciones, estaciones de gasolina, constructoras y agencias de representación.
Sin embargo, las sospechas comenzaron a surgir cuando ciertos contratos mostraron irregularidades, fechas inconsistentes y licitaciones adjudicadas a empresas recién creadas.
La investigación de la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló un sistema sofisticado de lavado de dinero que utilizaba estaciones de servicio como fachada.
A través de contratos triangulados, pagos fraccionados y depósitos en efectivo sin justificación, la red operada por Zamora blanqueaba millones de pesos, muchos de ellos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este esquema incluía el uso de empresas fantasma con domicilios inexistentes, facturación digital manipulada y rutas financieras cuidadosamente calculadas para evadir impuestos y ocultar el origen ilícito de los fondos.
Además, la red contaba con protección política que la blindaba contra auditorías y denuncias, manteniéndola aparentemente intocable durante años.
La captura de Zamora fue posible gracias a una investigación meticulosa encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Tras meses de seguimiento, interceptación de comunicaciones y análisis financiero, se logró acorralar a Zamora, cuya caída representa una grieta profunda en un sistema que parecía invulnerable.
Al ser detenido, Zamora lanzó una advertencia cargada de miedo y amenaza: “Van a por ustedes”.
Esta frase ha generado especulaciones sobre quiénes podrían ser los próximos en ser investigados o detenidos, incluyendo otros socios, funcionarios públicos o incluso el propio Canelo.
La posibilidad de que Zamora coopere con las autoridades como testigo protegido abre la puerta a revelaciones explosivas que podrían implicar a figuras políticas, empresariales y deportivas.
Aunque hasta ahora no hay acusaciones formales contra Saúl Álvarez, su nombre aparece repetidamente en documentos, contratos y conversaciones interceptadas durante la investigación.
Como figura pública y aval de varias empresas involucradas, su imagen y reputación están fuertemente comprometidas.
Los abogados del boxeador aseguran que no hay nada ilegal y que Canelo no participa directamente en la operación diaria de sus negocios.
Sin embargo, la delgada línea entre desconocimiento y complicidad se vuelve cada vez más estrecha, y en el mundo del deporte, la percepción pública puede ser tan dañina como una sentencia judicial.
Además, las investigaciones se extienden más allá de México, pues las transacciones financieras vinculadas a Zamora y su red han cruzado fronteras, involucrando a autoridades internacionales y poniendo en riesgo contratos y patrocinios globales del atleta.
Este caso pone en evidencia la complejidad y sofisticación con la que operan las redes de lavado de dinero en México, que no solo involucran al narcotráfico, sino también a empresarios, políticos y figuras públicas.
La estrategia de usar negocios legítimos como gasolineras, constructoras y fundaciones para blanquear recursos ilegales es un modus operandi que ha sido difícil de desmantelar debido a la protección institucional y la complicidad de diversos actores.
La actuación de Harfuch y su equipo representa un cambio significativo en la forma de enfrentar estos delitos, apostando por investigaciones profundas, uso de inteligencia financiera y presión legal sin importar el peso político o mediático de los involucrados.
Con la colaboración de Zamora como testigo protegido, se espera que la investigación se amplíe y alcance a más personas y estructuras vinculadas con el lavado de dinero y la corrupción.
La fiscalía ya tiene en su poder audios, videos, correos electrónicos y documentos que podrían derribar a otros operadores y proteger a quienes hasta ahora se mantenían en la sombra.
El impacto político, económico y social será considerable, pues la red de lavado no solo afectaba al deporte y a la economía formal, sino que también infiltraba instituciones y campañas políticas.
La presión mediática y la atención internacional obligan a una respuesta contundente por parte de las autoridades para evitar que este tipo de esquemas sigan operando.
La captura de Eric Zamora y la desarticulación de su red de lavado de dinero representan un golpe duro a las estructuras de corrupción y crimen organizado en México.
Aunque el nombre de Saúl “Canelo” Álvarez está en el centro del huracán mediático, el verdadero alcance de esta investigación apenas comienza a revelarse.
Este caso es una muestra clara de que el crimen organizado ha evolucionado y se ha infiltrado en ámbitos inesperados, como el deporte y los negocios legítimos, utilizando la imagen pública para legitimar sus operaciones.
La valentía de las autoridades para actuar contra estas redes marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad.
Mientras la investigación avanza, la sociedad mexicana observa con atención y expectativa, esperando que la justicia no solo alcance a los operadores visibles, sino que también desvele y sancione a quienes protegían y se beneficiaban de estos esquemas.
El mensaje de Zamora, “Van a por ustedes”, es el primer disparo en una batalla que apenas comienza y que podría cambiar para siempre el panorama del poder y la corrupción en México.
