No se trata de un comunicado oficial ni de un documento diplomático hecho público. Sin embargo, las señales que llegan desde Washington en las últimas semanas han colocado a México en estado de alerta.

En los pasillos del poder en la Ciudad de México se repite una pregunta incómoda: ¿Estados Unidos ha perdido la paciencia y, de ser así, cuál será el costo político y estratégico para México?

El eje del cambio es claro. Para Washington, México dejó de ser prioritariamente un socio comercial y pasó a convertirse en un asunto de seguridad nacional. La designación de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México es vista por analistas como una señal inequívoca.

A diferencia de sus predecesores, generalmente provenientes del ámbito diplomático o del financiamiento político, Johnson llega con un perfil marcado por la experiencia militar y de inteligencia.

Su trayectoria en el Comando Sur de Estados Unidos y su presunta cercanía con el diseño del modelo de seguridad aplicado en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele refuerzan la idea de que Washington busca resultados concretos, no solo diálogo.

La presencia de un embajador con este perfil modificó de inmediato el tono de la relación bilateral. Los mensajes dejaron de centrarse en cooperación y entendimiento mutuo para enfocarse en responsabilidades, compromisos y cumplimiento.

En un contexto de violencia persistente y expansión del crimen organizado, Estados Unidos parece haber decidido que ya no basta con observar o asistir de manera indirecta.

En paralelo, Marco Rubio se ha consolidado como una de las voces más influyentes en Washington respecto al tema mexicano. Rubio ha insistido en que la violencia en México no es un fenómeno exagerado, sino una amenaza real para la seguridad regional y para Estados Unidos.

Sus señalamientos no se limitan al tráfico de fentanilo, sino que apuntan a la penetración del crimen organizado en estructuras políticas y económicas. Para Rubio, el debate ya no es si el problema existe, sino si hay voluntad y capacidad para enfrentarlo.

En declaraciones recientes, el senador subrayó la necesidad de una coordinación estrecha con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al mismo tiempo, dejó abierta la puerta a que Washington adopte medidas unilaterales si los avances no cumplen con las expectativas.

Esa ambigüedad es precisamente lo que inquieta a sectores políticos y empresariales en México, que temen un endurecimiento sin precedentes.

Las sospechas se intensificaron tras una reunión privada entre el embajador Johnson y el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch en la embajada estadounidense. La versión oficial habló de proyectos de cooperación en materia de seguridad, pero el momento del encuentro despertó suspicacias.

Días después, una serie de ejecuciones contra figuras vinculadas al movimiento de la Cuarta Transformación encendió alarmas y dio pie a especulaciones sobre una posible fase de depuración política más profunda.

Otro gesto que sacudió a la clase política fue la decisión del embajador Johnson de declarar la frontera sur de México como zona de seguridad nacional exclusiva de Estados Unidos, restringiendo el acceso a personal no adscrito a instalaciones militares estadounidenses.

Aunque se trata de una medida de carácter administrativo y simbólico, analistas coinciden en que representa el paso más claro hacia la militarización del discurso diplomático de Washington en México en décadas. Más que una acción aislada, muchos la interpretan como una prueba para medir la reacción del gobierno mexicano.

Documentos estratégicos citados por especialistas apuntan a un nuevo concepto que podría redefinir la relación regional: la idea de una frontera común entre Estados Unidos, México y Canadá.

Bajo este enfoque, en lugar de acusarse mutuamente por armas, drogas o migración, los tres países gestionarían la seguridad como un bloque.

Dentro de ese esquema surge una propuesta polémica: establecer un sistema de certificación o clasificación de seguridad por estados en México, inspirado en estándares internacionales de gestión.

En el plano económico, esta herramienta permitiría a inversionistas y turistas identificar zonas seguras. En el plano político, sin embargo, implicaría que algunos estados quedarían oficialmente señalados como territorios bajo influencia del crimen organizado, con consecuencias profundas para su desarrollo y su imagen.

Para varios expertos, se trata de una forma sofisticada de presión que no requiere sanciones directas, pero que puede tener efectos duraderos.

Más delicada aún es la iniciativa de Washington para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

De concretarse, esta clasificación abriría la puerta a acciones legales, financieras e incluso militares mucho más agresivas. Para México, el dilema es evidente: aceptar una cooperación más profunda o enfrentar el riesgo de que su soberanía sea cuestionada bajo el argumento de la seguridad internacional.

La presión estadounidense también se manifiesta en el terreno judicial y financiero. El caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y la sentencia que impuso a él y a su esposa una sanción económica de 2.500 millones de dólares, es visto como un golpe ejemplar.

Más allá de la responsabilidad individual, el mensaje parece dirigido a toda la élite política mexicana que ocupó cargos clave en el pasado reciente.

En círculos políticos se comenta que Washington observa con atención a figuras cercanas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. La incógnita es si algunos de sus antiguos aliados podrían enfrentar investigaciones o procesos similares en el futuro, en un contexto de creciente presión legal desde el norte.

A este escenario se suma el malestar de Estados Unidos por la continuidad del suministro de combustible de México a Cuba. En un tablero geopolítico cada vez más tenso, Washington parece menos dispuesto a tolerar decisiones que considera contrarias a sus intereses estratégicos en la región.

Todas estas piezas conforman un panorama cargado de tensión e incertidumbre. No hay un ultimátum formal ni una amenaza explícita, pero el mensaje es difícil de ignorar. Para Washington, el tiempo de las ambigüedades se está agotando.

Para México, lo que viene no será solo una prueba de su política de seguridad, sino un examen decisivo sobre su soberanía, su estabilidad interna y su lugar en un orden regional que se está redefiniendo a gran velocidad.