La política peruana atraviesa un momento de tensión sin precedentes, cuando dos episodios aparentemente aislados —la solicitud

de asilo de Betsy Chávez en la Embajada de México y la silenciosa partida del embajador cubano Gallo Zamora— estallaron casi al mismo tiempo, reconfigurando el tablero diplomático de Lima.

Lo que, a simple vista, parecen tan solo trámites consulares o movimientos rutinarios de embajadas, en realidad revelan un entramado mucho más profundo, donde chocan intereses políticos, vacíos jurídicos y estrategias diplomáticas que podrían marcar un punto de inflexión para el país.

¿Qué está ocurriendo realmente detrás de estas decisiones que han abierto un debate regional?

El caso de Betsy Chávez, exministra y figura clave del círculo de Pedro Castillo, se ha convertido en un símbolo de la fragilidad jurídica regional.

Tras ser procesada penalmente por su participación en el fallido autogolpe de Castillo, Chávez buscó refugio en la Embajada de México, un país con larga tradición de otorgar asilo a quienes alegan persecución política.

Pero Perú respondió de manera inédita: no negó el salvoconducto, pero tampoco lo aprobó. Este limbo intencional demuestra que el Gobierno de Gerí no está dispuesto a aceptar la narrativa mexicana según la cual Chávez sería una perseguida política.

La raíz del conflicto está en la interpretación del Convenio de Caracas sobre asilo diplomático. Mientras un artículo reconoce que el país asilante —en este caso, México— tiene autonomía para calificar a una persona como asilada, otro obliga al país territorial —Perú— a otorgar el salvoconducto sin demora.

La contradicción es tan evidente que ambos Estados se han parapetado en los puntos que más les convienen, generando un escenario en el que ambos tienen razón… y, al mismo tiempo, ninguno la tiene completamente.

Ante este laberinto legal, Perú optó por una jugada diplomática que pocos habían previsto: llevar el tema a la OEA y proponer una reforma al Convenio de Caracas.

Una iniciativa sin precedentes que, sin embargo, está destinada a un proceso largo, complejo y sin efectos retroactivos.

Dicho de otro modo: aunque se modifique el Convenio, la situación de Chávez no cambiará. La estrategia, según analistas, es clara: ganar tiempo, desactivar presiones externas y dejar el problema suspendido indefinidamente.

Mientras tanto, ambos países podrían terminar enfrentándose en la Corte Internacional de Justicia de La Haya: México acusando a Perú de impedir un asilo válido, y Perú contraatacando por una “calificación indebida” del estatus de Chávez.

Pero la justicia internacional avanza a ritmo glacial, y cualquier veredicto podría tardar años en llegar.

En paralelo, un segundo episodio encendió las alarmas: el embajador de Cuba, Gallo Zamora, abandonó Perú tras informes de inteligencia que lo vinculaban con las protestas contra el Gobierno de Gerí.

A diferencia del caso del embajador mexicano Monroy —expulsado formalmente—, la salida de Zamora fue discreta, sin conferencias ni acusaciones oficiales, pero también sin los honores protocolarios que suelen acompañar el fin de un mandato diplomático.

Para muchos observadores, este gesto indica que el Gobierno peruano buscó enviar un mensaje de firmeza, sin provocar un conflicto directo con La Habana.

Especialistas en relaciones internacionales han señalado que Zamora, cuyo periodo ya estaba por concluir, había comenzado a despedirse de diversos sectores desde agosto.

Sin embargo, la coincidencia temporal entre su partida y el caso Chávez ha alimentado interpretaciones de que el Gobierno Gerí busca reforzar su imagen de autoridad en un momento en que enfrenta presiones internas severas:

criminalidad sin descenso real, conflictos sociales, un sistema de pensiones en entredicho, las críticas hacia las AFPs y el desgaste político derivado del escándalo “Los Niños”.

El Ejecutivo ha mostrado dinamismo y presencia callejera, algo que lo distingue de la administración Boluarte, pero aún está lejos de resolver los problemas estructurales del país.

Ideas como la “muerte cruzada”, que obligaría a elecciones generales si el presidente es vacado, o la exigencia de que cualquier vicepresidente que asuma el cargo convoque a comicios en 90 días, reflejan la urgencia de reequilibrar un sistema institucional altamente vulnerable.

Lo que emerge de todo este entramado es un Perú sometido a múltiples presiones, intentando navegar entre decisiones legales complejas, tensiones diplomáticas crecientes y una realidad interna que demanda respuestas inmediatas.

El asilo de Betsy Chávez y la salida de Zamora no son hechos aislados: revelan las fisuras de un país que busca estabilidad en medio de un torbellino político.

El desenlace de estos episodios aún no está escrito. Pero las señales apuntan a un Perú situado en un cruce histórico donde cada decisión —ya sea jurídica, diplomática o institucional— podría definir su rumbo en los próximos años.