Vamos de escándalo en escándalo.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha estrechado el cerco contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, investigando sus viajes secretos a la República Dominicana.

Se sospecha un uso indebido de recursos diplomáticos, lo que añade una nueva capa de controversia a un gobierno ya cuestionado.

Pero la polémica no termina ahí.

Recientemente se ha descubierto que tanto Begoña Gómez como el ministro Hurtado parecen mofarse de la ciudadanía española.

Presumen de evitar el Congreso de los Diputados mediante decretos ley, evidenciando un temor palpable a la soberanía popular.

En otras palabras, la democracia está secuestrada bajo su mandato.

Esta situación es especialmente preocupante porque las normas que regulan estas acciones tienen rango de Real Decreto, lo que significa que no necesitan pasar por el Congreso.

Esto confirma que vivimos en una legislatura que teme a la soberanía popular y que el control absoluto está en manos del ejecutivo.

El currículum de Begoña Gómez también está bajo la lupa.

En una reciente entrevista televisiva, se mostró visiblemente incómoda al ser cuestionada sobre la autenticidad de sus títulos académicos.

Aseguró tener posgrados en recursos humanos y urbanismo, pero no pudo aclarar con precisión la cantidad de créditos ni el nivel real de sus estudios, lo que alimenta aún más las sospechas sobre su formación y capacidades.

Este tipo de situaciones no solo generan desconfianza, sino que evidencian un problema mayor: la erosión de la democracia y el aumento de la pobreza en España.

Usuarios en redes sociales han resumido esta crisis como una dictadura maquillada, donde los medios están comprados con subvenciones, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General están bajo control político, y donde hay indicios de amaños electorales.

La Guardia Civil ha confirmado presuntos fraudes en el voto por correo que beneficiaron al PSOE, mientras que se denuncian compras de diputados con dinero público, amnistías y transferencias financieras a cambio de poder.

Los sindicatos reciben más de mil millones de euros en subvenciones sin realizar huelgas generales en siete años, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad y el uso de esos fondos.

Además, instituciones clave como Red Eléctrica, Correos, el Banco de España y el CIS están dirigidas por amigos y leales al partido gobernante.

Incluso se acusa al presidente del CIS de incumplir su obligación de informar sobre encuestas electorales, lo que evidencia un entramado de corrupción y manipulación sistemática.

La situación va más allá de la política tradicional.

Ya no se trata de izquierda o derecha, sino de una dictadura disfrazada donde la mayoría de la población no se da cuenta de la realidad que vive.

El presidente del gobierno parece dispuesto a todo para mantener su imagen, afirmando que España es más rica y segura que nunca, a pesar de las evidencias contrarias.

Este apoyo incondicional también se extiende a ciertos artistas e intelectuales que parecen actuar más como cómplices que como críticos.

En el pasado, figuras similares apoyaron a José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora hacen lo mismo con Pedro Sánchez, incluso cuando su gobierno está al borde del colapso.

El flujo de dinero público hacia el sector cultural es impresionante.

En los últimos nueve años, casi 700 millones de euros han sido destinados al cine y a las artes escénicas, un incremento notable desde la era de Rajoy, multiplicado por seis bajo el gobierno actual.

Estos fondos provienen principalmente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música (INAEM) y del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Este gasto desmedido ha generado críticas porque, en muchos casos, las producciones que triunfan no reciben subvenciones, mientras que el dinero se concentra en proyectos con poco impacto real.

Se denuncia que esta política responde más a una ideología que a un proyecto serio de futuro y empleo en el sector cultural.

Algunos analistas, como Antonio Naranjo, advierten que los supuestos brotes verdes económicos del gobierno son en realidad deuda y hambre para las próximas generaciones.

La aparente prosperidad se sostiene en un gasto público insostenible que endeuda al país, sin mejorar la renta disponible de las familias ni la calidad de vida.

El sistema de empleo también está en crisis.

Aunque se reportan 22 millones de trabajadores inscritos en la Seguridad Social, muchos de ellos son trabajadores temporales o con contratos discontinuos que no reflejan la realidad del mercado laboral.

Esto distorsiona las cifras y oculta la precariedad laboral real.

El crecimiento económico español, según estos críticos, se basa en un gasto público elevado, similar a modelos históricos como el Plan Marshall o la reconstrucción de posguerra en Alemania y Francia.

Sin embargo, esta estrategia parece estar agotando los recursos sin generar un desarrollo sostenible.

En definitiva, la situación actual evidencia un desgaste profundo de las instituciones y una manipulación sistemática del dinero público para mantener un poder que se muestra cada vez más autoritario y desconectado de las necesidades reales de la población.

El escándalo que rodea a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y sus aliados no solo es un reflejo de corrupción y mala gestión, sino también de una crisis democrática que pone en riesgo el futuro de España.

Mientras tanto, algunos artistas y figuras públicas parecen más interesados en mantener sus privilegios que en defender la verdad y la justicia.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo permitirá la sociedad española esta farsa?

¿Será posible recuperar la democracia y la transparencia antes de que sea demasiado tarde?

Lo cierto es que, mientras tanto, el espectáculo continúa, y el dinero de todos se convierte en el gran protagonista de esta tragicomedia política.