“Hay cosas que no pueden llamarse accidente”. La frase de Rodrigo, hermano de Roberto Hernández, resuena entre consignas y motores apagados durante las movilizaciones que han marcado los últimos días en la capital mexicana.

Para la familia, lo ocurrido no es una tragedia vial más, sino la expresión extrema de la violencia y la indiferencia al volante. Un hecho que, sostienen, arrebató una vida de manera brutal y dejó una herida abierta en la conciencia pública.

El suceso ocurrió el 3 de enero en el cruce del Anillo Periférico Oriente y Eje 6 Sur, dentro de la alcaldía de Iztapalapa, una de las zonas más densamente pobladas y con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Roberto Hernández, de 52 años, conducía su motocicleta para recoger a su pareja al salir del trabajo. Era repartidor, con años de oficio, descrito por su familia como un hombre tranquilo y responsable. Ese trayecto cotidiano terminó convirtiéndose en su último recorrido.

De acuerdo con el testimonio de Rodrigo, antes de la tragedia se produjo una breve discusión por un incidente de tránsito con una mujer que conducía un automóvil color azul.

Disputas así son frecuentes en calles saturadas, donde la tensión puede escalar por segundos. Sin embargo, lo que siguió rompió cualquier patrón conocido.

El vehículo aceleró, embistió a Roberto y no se detuvo. Arrastró su cuerpo y la motocicleta durante una distancia estimada entre 1.5 y casi 2 kilómetros.

Las marcas sobre el asfalto y los videos captados por testigos muestran la magnitud del impacto. Para la familia, no hay explicación que alcance.

“Nadie puede conducir tantos metros sin darse cuenta de que lleva a una persona debajo del auto”, afirma Rodrigo. En su relato, el concepto de accidente se desvanece desde el momento en que el vehículo continúa su marcha, sin frenar, sin auxiliar, sin pedir ayuda.

La presunta responsable fue identificada inicialmente como una mujer de nombre Gabi “N”. Tras el choque, no permaneció en el lugar ni solicitó atención médica.

El automóvil azul fue localizado más tarde abandonado en el municipio de Nezahualcóyotl, con la cajuela abierta y sin placas. Estos elementos reforzaron la sospecha de una posible intención de borrar rastros.

Vecinos y cámaras de seguridad aportaron datos clave. Según esos registros, la mujer regresó a su domicilio poco después de los hechos, recogió pertenencias de manera apresurada y se marchó esa misma noche.

Para los familiares de Roberto, esta secuencia no corresponde a la reacción de alguien en shock por un percance, sino a una huida calculada. Las imágenes circularon en redes sociales y detonaron una ola de indignación que pronto se trasladó a las calles.

La búsqueda de justicia se encontró con obstáculos tempranos. Rodrigo relata que, durante la madrugada posterior al hecho, la familia acudió a presentar la denuncia y se les negó la recepción del escrito con el argumento de que el personal estaba saturado.

Les pidieron volver por la mañana. En un momento de dolor extremo, esa negativa fue interpretada como una señal de desinterés institucional.

Desde entonces, familiares, motociclistas y vecinos han encabezado protestas para exigir una investigación exhaustiva. Las caravanas de motos avanzando lentamente por arterias principales se convirtieron en un símbolo de reclamo colectivo.

Para ellos, el caso trasciende a una sola víctima. Representa la vulnerabilidad cotidiana de quienes se desplazan sobre dos ruedas y la necesidad de garantías reales de seguridad vial.

El punto más controvertido sigue siendo la clasificación jurídica del caso. La carpeta de investigación se abrió inicialmente por homicidio culposo. La familia se opone con firmeza.

Argumenta que la prolongación del arrastre y la omisión de auxilio excluyen la posibilidad de un hecho fortuito. Los abogados que asesoran a los deudos insisten en que se investigue como una conducta dolosa, al considerar que la continuidad del acto marca una diferencia sustancial.

Especialistas en derecho penal citados por medios locales señalan que la línea entre culpa y dolo en siniestros viales graves es compleja y requiere analizar el comportamiento posterior al impacto.

Factores como la distancia recorrida, el abandono del lugar, la alteración del vehículo y el cambio de domicilio pueden resultar determinantes para establecer responsabilidades.

Hasta el cierre de esta edición, la presunta responsable no ha sido detenida. Las autoridades informaron que el expediente continúa integrándose con nuevos testimonios, peritajes y material audiovisual difundido en plataformas digitales.

Mientras tanto, la familia de Roberto Hernández espera una respuesta clara del sistema de justicia. No solo para honrar su memoria, dicen, sino para sentar un precedente que proteja a quienes transitan a diario por la ciudad.

Este caso dejó de ser una nota roja para convertirse en un debate público. Interpela a las instituciones, a la cultura vial y a la ética frente al volante.

La pregunta que Rodrigo repite ante cámaras y manifestantes permanece sin respuesta definitiva. ¿En qué momento un incidente deja de ser un accidente y se transforma, por la suma de decisiones y omisiones, en un acto que la sociedad no puede aceptar ni olvidar?