La mañana en Uruapan comenzó como cualquier otra, pero bastaron unos segundos y unos disparos para estremecer a todo México.

El alcalde Carlos Manzo cayó al suelo, su sangre tiñó el pavimento, y en ese mismo instante, el velo que cubría al poder político del país empezó a levantarse.

El asesinato no solo acabó con la vida de un hombre: desató la pregunta más incómoda y peligrosa de todas —¿quién gobierna realmente México: el Estado o los cárteles?

La senadora Lilly Téllez, periodista convertida en política y una de las voces más críticas del régimen actual, subió a la tribuna del Senado con una mezcla de rabia y determinación.

Su voz resonó con una frialdad cortante: “México se ha convertido en un Narco-Estado. Estamos viviendo bajo la sombra del crimen.”

Nadie se atrevió a interrumpirla. Aquella frase marcó el inicio de uno de los debates más tensos de los últimos años en la política mexicana.

Para Téllez, la situación actual no es una simple infiltración del crimen organizado en la política, sino una fusión total entre el poder público y las mafias.

En su denuncia, afirmó que bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido Morena, “el país ha sido entregado —el territorio, la soberanía y la dignidad— a los cárteles.”

Sus acusaciones son directas y demoledoras. Señaló que el jefe de la oficina presidencial es dueño de un banco utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico, especialmente vinculado con la importación de precursores químicos desde China para la producción de fentanyl.

Además, mencionó al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien calificó como “el padrino del cártel La Barredora”.

También recordó el caso del huachicol, el robo masivo de combustible, y acusó al hijo del presidente de estar implicado en la operación. “Nada de esto sucede sin la complicidad del poder”, declaró. “Y Claudia Sheinbaum lo sabe. Pero en lugar de enfrentarlo, lo protege. Defiende el narcopacto.”

Para la senadora, Claudia Sheinbaum, heredera política de AMLO, no solo continúa la línea del poder, sino que representa su versión más peligrosa.

“Es una presidenta de papel, una figura que no representa al pueblo mexicano, sino a los morenarcos —la fusión entre Morena y el narco”, sentenció Téllez.

Sus palabras encendieron las redes sociales. Miles de usuarios exigieron la renuncia de Sheinbaum con mensajes de furia y desesperanza: “Claudia, otra muerte bajo tu gobierno. Si aún tienes conciencia, renuncia.”

El hashtag #JusticiaParaManzo se volvió tendencia, transformando el asesinato del alcalde en símbolo nacional de resistencia y hartazgo.

El pueblo comprendió que Manzo no fue solo una víctima más del crimen, sino el reflejo de un Estado que ya no puede proteger ni a sus propios funcionarios.

Fue asesinado justo cuando solicitaba medidas de seguridad. Para Téllez, ese hecho demuestra “que el Estado mexicano ha perdido incluso la capacidad de protegerse a sí mismo”.

Ante un Congreso dividido entre el silencio y la indignación, Téllez fue más allá de la denuncia: propuso una serie de medidas drásticas.

Exigió que los cárteles fueran reconocidos oficialmente como organizaciones terroristas, al igual que lo han hecho Estados Unidos y Canadá, con el fin de activar mecanismos internacionales de persecución.

El gobierno de Sheinbaum rechazó la propuesta, alegando razones de soberanía. Pero Téllez fue contundente: “No es soberbia, es miedo. Miedo a ser expuestos. Porque una vez que los cárteles sean declarados terroristas, quienes los protegen tendrán que rendir cuentas ante la ley.”

Su rabia tiene raíces profundas. En el año 2000, cuando era periodista de investigación, Lilly Téllez sobrevivió a un atentado armado tras revelar vínculos entre políticos y narcotraficantes en Sonora. Desde entonces, su discurso ha sido el mismo: “El poder y el crimen siempre se tocan en la oscuridad.” Dos décadas después, esa convicción se ha transformado en una cruzada política contra lo que ella llama la mafia del poder y la complicidad del Estado.

Para Téllez, México vive una democracia secuestrada. “Estamos ante una farsa electoral donde los ciudadanos votan con miedo y los criminales deciden quién gobierna”, afirmó.

En sus palabras, el país atraviesa una degeneración institucional sin precedentes: una democracia de simulación, un teatro donde el crimen organizado escribe el guion y el gobierno lo interpreta.

Fuera del Congreso, analistas y académicos comenzaron a tomar en serio sus advertencias. Aunque López Obrador aún conserva un sólido núcleo de apoyo popular, la violencia desbordada y la expansión del narcotráfico han erosionado la confianza en Morena.

El país registra más de 80 homicidios diarios, y vastas regiones del territorio son descritas por la prensa internacional como “zonas sin ley”.

En ese contexto, el nombre de Carlos Manzo se ha convertido en símbolo de la fragilidad del Estado mexicano. Un alcalde asesinado mientras pedía protección —esa imagen sintetiza la tragedia nacional.

Y mientras muchos guardan silencio por miedo o conveniencia, Lilly Téllez ha elegido el camino más peligroso: la confrontación directa.

“Ha llegado la hora de llamar las cosas por su nombre”, exclamó. “Esto no es delincuencia común. Es una toma del Estado. Si no actuamos ahora, México dejará de ser una nación para convertirse en territorio del crimen.”

Al finalizar su discurso, el silencio llenó el recinto. Nadie aplaudió. Pero fuera de esas paredes, su voz ya estaba resonando en millones de pantallas. Las palabras de Téllez habían cruzado el límite del debate político: se habían transformado en un grito de conciencia colectiva.

En un país herido, donde la violencia parece eterna, su advertencia suena como un último llamado a la verdad: “Si no miramos de frente al abismo, el abismo nos devorará. México no puede ser un Estado del narco. Debe volver a ser un Estado de justicia.”

Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, muchos mexicanos sintieron que esa voz —valiente, incómoda, implacable— hablaba en nombre de todos.