No todas las balaceras son iguales. Hay hechos que, desde los primeros datos, revelan que no se trata de violencia al azar, ni de un asalto fallido, ni de un accidente. Lo ocurrido la mañana del domingo en Zapopan, Jalisco, pertenece a esa categoría.

Doscientos disparos en una zona concurrida, durante casi veinte minutos, contra un objetivo específico y con un final sin detenidos. Esa combinación convierte el caso en una pregunta incómoda sobre poder, crimen organizado y la capacidad real del Estado.

A las 10:27 de la mañana, el cruce de Avenida Topacio y Calle Brillante, a unos metros de Plaza del Sol, quedó envuelto en el estruendo de armas de alto calibre. Testigos y grabaciones coinciden en que el ataque comenzó de manera simultánea desde varios puntos.

Automovilistas frenaron de golpe, peatones buscaron refugio y los comercios bajaron cortinas metálicas. Durante los siguientes quince a veinte minutos, más de doscientas detonaciones transformaron un espacio cotidiano en un escenario de guerra.

El blanco del ataque era una Lamborghini Urus color naranja en la que viajaba el empresario Alberto Prieto Valencia junto a su hija de 16 años. Detrás de ellos circulaba una camioneta Yukon negra con cuatro escoltas.

De acuerdo con fuentes de la investigación, la caravana no fue interceptada al azar. Ruta, horario y punto de emboscada coincidieron con un plan cuidadosamente preparado. Los agresores colocaron piedras y obstáculos para cerrar vías de escape y obligar a los vehículos a quedar atrapados bajo el fuego.

Lo que siguió mostró un nivel de organización poco común. El tiroteo no fue indiscriminado. Los disparos se concentraron en el objetivo principal, con cobertura desde distintos ángulos.

Algunas fuentes confirman que los atacantes grabaron toda la operación, un detalle que suele aparecer en ejecuciones con carga simbólica.

La grabación no buscaba documentar un crimen, sino enviar un mensaje. Alguien quería demostrar que podía actuar en público, sin miedo y sin consecuencias inmediatas.

El saldo fue devastador. Alberto Prieto Valencia murió en el lugar. Su hija, gravemente herida, falleció más tarde en el hospital.

La muerte de la adolescente provocó una ola de indignación, al tratarse de una víctima colateral de una disputa financiera ajena a ella. Un escolta perdió la vida y otros tres resultaron heridos.

A pesar de responder al ataque, el equipo de seguridad fue superado por un grupo armado mejor preparado en número, armamento y posición.

La identidad del empresario no tardó en hacerse pública. Prieto era conocido en el entorno del Mercado de Abastos, uno de los principales centros de distribución de la región.

Su traslado con escoltas reflejaba la conciencia de un riesgo permanente. En Jalisco, donde la presencia del crimen organizado es una realidad cotidiana, muchos empresarios adoptan esquemas de protección similares. Sin embargo, no todos se convierten en objetivo de una ofensiva de esta magnitud.

Las primeras líneas de investigación descartaron el robo. No hubo intento de llevarse bienes, ni exigencias económicas, ni señales de violencia fortuita.

Todo apunta a un ataque directo. Una de las hipótesis se enfoca en las actividades comerciales vinculadas al Mercado de Abastos, donde confluyen grandes flujos de efectivo y operaciones difíciles de fiscalizar.

Otra hipótesis menciona las llamadas rifas colombianas, esquemas de lotería ilegal que funcionan como mecanismos de lavado de dinero y financiamiento criminal fuera del sistema bancario.

En ese contexto, la decisión de emplear más de doscientos disparos a plena luz del día adquiere un significado adicional.

No se trató solo de matar. Fue una demostración de poder. El mensaje fue claro. Este territorio tiene dueño. Hay límites que no deben cruzarse.

Y quien desafíe ese orden, incluso de manera indirecta, pagará un precio alto, aunque ese costo recaiga en inocentes.

La respuesta de las autoridades agravó el malestar social. Informes oficiales indican que la Guardia Nacional llegó aproximadamente quince minutos después del primer disparo. Para entonces, los agresores ya se habían retirado.

Aunque se desplegaron helicópteros y retenes posteriormente, no hubo capturas. La pregunta central permanece. Cómo pudo un comando fuertemente armado desaparecer sin dejar rastro en una zona urbana con cámaras, patrullajes y presencia policial constante.

Ese vacío alimentó sospechas profundas. Se habló de filtraciones de información sobre la ruta de la víctima.

Se insinuó una demora deliberada en la reacción de las fuerzas de seguridad. Las autoridades niegan cualquier irregularidad, pero la falta de respuestas concretas solo incrementa la desconfianza.

El impacto social fue inmediato. Vecinos relataron que se escondieron en baños, se metieron en clósets y se tiraron al suelo para esquivar balas perdidas.

Niños llorando, adultos llamando a familiares, calles paralizadas. Un entorno familiar quedó marcado por el miedo en cuestión de minutos.

La ostentación de riqueza también quedó bajo escrutinio. La Lamborghini naranja, símbolo de éxito económico, terminó convertida en un blanco visible dentro de un ecosistema criminal complejo.

Para muchos, en una sociedad donde la violencia se ha normalizado, exhibir prosperidad ya no es motivo de orgullo, sino un riesgo mortal.

Zapopan ha vivido episodios violentos antes, pero este caso marca un umbral distinto. No solo por la cantidad de disparos, sino por la claridad del mensaje y la ausencia de consecuencias inmediatas. Un empresario asesinado, una menor muerta, cientos de balas disparadas y, al final, nadie detenido.

Cuando el humo se disipó, lo que quedó no fueron solo casquillos en el asfalto. Quedó la pregunta de quién controla realmente el espacio público, quién puede ejercer la violencia sin castigo y si la justicia sigue siendo algo más que una promesa. La balacera de Zapopan no es solo un crimen.

Es el reflejo de una realidad dolorosa donde la vida puede perderse a plena luz del día y la verdad queda suspendida en el silencio.