La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja ha dado un paso trascendental y sin precedentes en la búsqueda de responsabilidades por la peor catástrofe natural de la historia reciente de España. En un contundente auto que ha sacudido los cimientos de la política nacional y autonómica, la jueza ha solicitado formalmente la imputación de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, por su presunta responsabilidad en la muerte de más de doscientas personas durante las devastadoras inundaciones provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos, conocida meteorológicamente como DANA, que arrasó la provincia de Valencia a finales de octubre.

El documento judicial, que consta de decenas de páginas fundamentadas en informes técnicos, registros de llamadas y testimonios de los equipos de emergencia, eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta elevación es un requisito legal indispensable debido a la condición de aforado del dirigente político, lo que impide que un juzgado de primera instancia pueda investigarlo o juzgarlo de manera directa. La acusación central que pesa sobre sus hombros es de una gravedad extrema: homicidio imprudente reiterado, sustentado en lo que la magistrada ha calificado literalmente como una negligencia grosera en la gestión de la crisis.

El peso de la negligencia grosera en la tragedia valenciana

El concepto de negligencia grosera en el ámbito penal español no se utiliza a la ligera. Implica una dejación de funciones tan flagrante y evidente que supera la simple incompetencia para adentrarse en el terreno de la responsabilidad criminal. Según el relato de los hechos expuesto en el auto judicial, la actuación, o más bien la falta de ella, por parte de la máxima autoridad autonómica durante las horas más críticas del desastre fue un factor determinante que incrementó de manera exponencial el número de víctimas mortales.

La jueza instructora subraya que las autoridades disponían de información meteorológica y avisos hidrológicos con suficiente antelación para haber tomado medidas preventivas contundentes. La Agencia Estatal de Meteorología había activado la alerta roja a primera hora de la mañana, advirtiendo de precipitaciones históricas que ponían en riesgo extremo a la población. Paralelamente, la Confederación Hidrográfica del Júcar enviaba datos alarmantes sobre el caudal de los ríos y barrancos, especialmente el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento terminaría siendo la causa principal de la masacre en municipios como Paiporta, Catarroja, Picanya y Sedaví.

A pesar de estas advertencias inminentes, la respuesta del gobierno autonómico se caracterizó por la inacción. El auto detalla que el presidente autonómico incurrió en una exclusión voluntaria de la cadena de mando durante las horas en las que el agua ya comenzaba a inundar los municipios del área metropolitana de Valencia. La investigación apunta a que, mientras el Centro de Coordinación Operativa Integrado se reunía de urgencia para intentar gestionar el caos incipiente, la máxima autoridad autonómica se encontraba ausente, ilocalizable e incomunicada durante un prolongado e inexplicable lapso de tiempo, participando en un almuerzo privado que se extendió hasta bien entrada la tarde.

El colapso del sistema de emergencias y la alerta tardía

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la petición de imputación es la desastrosa gestión de las comunicaciones a la ciudadanía. El sistema de alertas masivas a los teléfonos móviles, conocido como ES-Alert, es una herramienta diseñada específicamente para ordenar a la población que se refugie en zonas altas ante peligros inminentes. Sin embargo, en la jornada del veintinueve de octubre, este mensaje de Protección Civil no fue enviado hasta pasadas las ocho de la tarde.

Para cuando los teléfonos de los ciudadanos valencianos emitieron el agudo pitido de advertencia, el escenario ya era dantesco. Miles de personas se encontraban atrapadas en sus vehículos regresando del trabajo, otras intentaban sacar el agua de sus bajos comerciales y muchas ya habían perdido la vida arrastradas por corrientes de agua y lodo que superaban los dos metros de altura en las calles de l’Horta Sud. La magistrada argumenta que esta dilación injustificable en la emisión de la alerta constituye una omisión de deberes que guarda una relación de causalidad directa con el trágico balance de fallecidos. Si el mensaje se hubiera enviado horas antes, coincidiendo con los avisos de desbordamiento, cientos de personas habrían evitado desplazamientos fatales y habrían buscado refugio a tiempo.

El obstáculo del aforamiento y el papel del Tribunal Superior de Justicia

La arquitectura judicial española establece protecciones específicas para los altos cargos públicos, conocidas como aforamiento. En el caso del presidente de una comunidad autónoma, el estatuto de autonomía dicta que no puede ser procesado por los tribunales ordinarios. Por esta razón, la jueza de Catarroja, tras recabar los indicios racionales de criminalidad, ha tenido que inhibirse en favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Ahora, el futuro judicial e institucional del presidente depende de tres magistrados del alto tribunal valenciano. Ellos deberán analizar exhaustivamente la exposición razonada, revisar las pruebas documentales aportadas y decidir si admiten a trámite la causa. En caso de que el tribunal acepte la imputación, se abrirá un escenario político y legal sin precedentes en la región. El presidente sería llamado a declarar en calidad de investigado, lo que incrementaría enormemente la presión para su dimisión, una exigencia que ya se ha hecho sentir en las calles con manifestaciones multitudinarias que congregaron a cientos de miles de ciudadanos indignados por la gestión de la catástrofe.

Reacciones políticas y el clamor social en las calles

El impacto de este movimiento judicial ha sido sísmico. Desde que se conoció la decisión de la jueza, las reacciones en todos los espectros políticos no se han hecho esperar. Los partidos de la oposición han intensificado sus exigencias de dimisión inmediata, argumentando que una figura pública investigada por el homicidio de más de doscientas personas no puede continuar al frente de las instituciones ni liderar los complejos procesos de reconstrucción de las zonas devastadas.

Por su parte, el entorno del presidente ha intentado mantener una defensa basada en la supuesta falta de información precisa por parte de los organismos estatales y en la naturaleza imprevisible e histórica del fenómeno meteorológico. No obstante, esta línea de defensa choca frontalmente con los registros técnicos y los correos electrónicos que demuestran que las alertas fluían hacia los centros de emergencia autonómicos, pero no se tradujeron en órdenes ejecutivas para proteger a la población.

El dolor de los familiares de las víctimas ha encontrado en este auto judicial un primer atisbo de justicia. Las asociaciones de afectados, que llevan meses exigiendo transparencia y asunción de responsabilidades, han acogido la noticia con un cauto optimismo, recordando que el camino judicial apenas comienza y que será largo y doloroso. La sensación generalizada de abandono institucional que vivieron los vecinos durante las inundaciones y en los días posteriores, cuando tuvieron que organizar brigadas ciudadanas para limpiar el barro y rescatar cuerpos ante la ausencia inicial del ejército y los servicios de emergencia profesionales, sigue siendo una herida abierta en la sociedad valenciana.

Los siguientes pasos en el proceso judicial

El procedimiento legal entra ahora en una fase de deliberación técnica. El Tribunal Superior de Justicia deberá solicitar un informe a la Fiscalía antes de tomar la decisión definitiva sobre la admisión de la causa. Si el ministerio público respalda la exposición de la jueza de Catarroja, las probabilidades de que se abra una instrucción formal contra el dirigente autonómico se multiplicarán.

Durante esta instrucción, se llevarían a cabo nuevas diligencias, incluyendo el interrogatorio de los responsables de Protección Civil, de los técnicos que estuvieron presentes en el centro de coordinación y, eventualmente, del propio presidente autonómico. El objetivo final de esta investigación será determinar sin margen de duda razonable si la cadena de errores, ausencias y retrasos constituyó una mera mala gestión política o si, por el contrario, cruzó la línea hacia la responsabilidad penal por imprudencia grave con resultado de muerte múltiple.

Conclusión

El auto de la jueza de Catarroja marca un punto de inflexión en la memoria de la tragedia de la DANA. Transforma un debate sobre responsabilidades políticas y cruce de acusaciones partidistas en un escrutinio estrictamente penal bajo la lupa de los tribunales. La imputación por el presunto homicidio de más de doscientas personas sitúa a la administración autonómica frente a un espejo implacable, obligando a las instituciones a rendir cuentas sobre el valor de la vida ciudadana frente a la incompetencia o la negligencia. El fallo del Tribunal Superior de Justicia no solo determinará el destino de un líder político, sino que sentará un precedente histórico sobre las consecuencias legales de la inoperancia gubernamental ante emergencias climáticas.

Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre la imputación de Carlos Mazón

¿Qué significa exactamente el término negligencia grosera en este caso? Se refiere a una omisión gravísima de los deberes fundamentales de protección a la ciudadanía. La jueza considera que ignorar las alertas meteorológicas e hidrológicas y ausentarse de la cadena de mando durante una emergencia letal no es solo un error político, sino una falta de cuidado inaceptable que tiene consecuencias penales directas en forma de pérdida de vidas humanas.

¿Por qué la jueza de Catarroja no puede juzgar al presidente directamente? Debido al mecanismo legal conocido como aforamiento. Al ser presidente autonómico y diputado en las Cortes Valencianas, la ley establece que solo el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma tiene competencia para investigarlo y, llegado el caso, juzgarlo por delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo.

¿Qué papel jugó la alerta a los teléfonos móviles (ES-Alert) en la acusación? Es un elemento central de la exposición judicial. La acusación argumenta que el envío tardío de esta alerta masiva, que sonó en los teléfonos pasadas las ocho de la tarde cuando muchas zonas ya estaban bajo el agua y el lodo, impidió que miles de ciudadanos pudieran ponerse a salvo, convirtiéndose en una causa directa del elevado número de fallecidos durante la inundación.

¿Cuáles son las penas que podría enfrentar si es hallado culpable? El delito de homicidio por imprudencia grave está castigado en el Código Penal español con penas de prisión que van de uno a cuatro años por cada víctima. Dada la multiplicidad de fallecidos, de confirmarse una condena, las penas acumuladas y las accesorias de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos serían sumamente severas.