Michoacán, una tierra conocida por sus campos de aguacate y tradiciones culturales, hoy enfrenta una verdad desnuda y sangrienta:

comunidades que antes fueron pacíficas se han convertido en territorio de una guerra no declarada.

Un conflicto en el que el enemigo no viste uniforme oficial, pero domina territorios, compra voluntades políticas y siembra miedo como si fuera un Estado paralelo.

En este escenario, la operación conjunta encabezada por Sedena y Omar García Harfuch ha revelado la existencia de un aparato criminal con raíces profundas en la estructura gubernamental local.

Sinapécuaro no fue elegida al azar como punto de inicio. Durante meses, la inteligencia militar registró un aumento inquietante de drones caseros, ataques directos contra fuerzas del orden y retenes improvisados que parecían medir la capacidad de reacción del Estado.

Los habitantes se acostumbraron a un silencio antinatural al caer la noche, descrito por un agente como “el silencio de un cementerio”.

A las 2:41 de la madrugada comenzó la incursión. Catorce vehículos blindados avanzaron hacia un rancho camuflado como granja agrícola.

Sensores térmicos detectaron al menos a 20 hombres fuertemente armados dentro del recinto. Explosivos controlados abrieron brechas en los muros, mientras drones y francotiradores neutralizaban los focos de resistencia.

El enfrentamiento fue breve pero violento. Los agresores utilizaron incluso lanzagranadas, prueba inequívoca de una preparación paramilitar.

Diecisiete sicarios fueron capturados. Todos portaban uniforme táctico y armamento de alto poder. El arsenal confiscado fue descrito por las autoridades como “suficiente para detonar una guerra civil”: rifles de asalto con miras láser, granadas, mochilas de camuflaje y armas robadas del propio Sedena hace tres años.

Entre pacas de heno, los agentes hallaron una cámara frigorífica industrial con cocaína y fentanyl empaquetados para su exportación.

Un vehículo de doble fondo para transportar droga sin ser detectado. Y lo más inquietante: una libreta con rutas, fechas, claves y placas vehiculares del gobierno que confirma a Sinapécuaro como un centro logístico del tráfico nacional y transfronterizo.

En los primeros interrogatorios, un detenido reveló el nombre de un funcionario que cambiaría el rumbo de la operación: un alcalde en funciones, quien, según varios testimonios, aseguraba que “nada se mueve aquí si yo no recibo mi parte”.

Sobres semanales, protección en traslados y uso de vehículos oficiales. La libreta incautada mostraba siglas, números, matrículas y porcentajes de repartición. Ya no se trataba de tolerancia, sino de una alianza formal entre crimen y autoridad.

Harfuch ordenó activar el Protocolo Cuervo, un mecanismo reservado para casos en los que un político es identificado como miembro activo del crimen organizado.

Sin aviso ni negociación, cuatro unidades sin matrícula interceptaron al alcalde a las 6:43 de la mañana mientras trotabacon su equipo de seguridad.

Fue neutralizado en menos de cuatro minutos. Aquel mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 12 cuentas con más de 94 millones de pesos en depósitos sospechosos.

En un cateo posterior, los agentes encontraron una sala de reuniones equipada con cámaras ocultas, micrófonos y un mapa completo del despliegue de la Guardia Nacional.

Junto a él, un USB titulado “Operación Fénix 2” con un documento que amenazaba con incendiar 20 ciudades y secuestrar a Harfuch si el Estado continuaba avanzando.

La respuesta fue inmediata. Harfuch declaró a Michoacán como “territorio enemigo” y dio paso a la Fase Kraken, una orden de eliminación total del aparato criminal.

En 24 horas, se ejecutaron operaciones simultáneas en siete municipios. Se desmanteló un supuesto salón de eventos que funcionaba como laboratorio de droga. En Taríbaro se incautaron 600 kilos de metanfetamina en un camión frigorífico.

En Tlalpujahua se localizó una fosa clandestina con ocho cuerpos. El recuento inicial: 94 detenidos, 31 abatidos, tres laboratorios destruidos y dos alcaldes desaparecidos. Incluso un senador fue citado a declarar por presunta traición a la patria.

El golpe definitivo apuntó más alto. Inteligencia militar interceptó un mensaje cifrado que confirmaba que el máximo líder del cártel había ordenado “marcar” a Harfuch como objetivo.

Lejos de replegarse, él activó la Operación Sombra Letal, un protocolo de guerra total que no requiere firma presidencial.

Desde un Black Hawk con artillería de precisión, Harfuch dirigió el ataque a un convoy de cinco vehículos blindados que avanzaba hacia la frontera.

Un dron kamikaze inutilizó el vehículo principal. El objetivo huyó por una compuerta subterránea. Sensores térmicos detectaron que avanzaba herido por la sierra. Fue capturado por Harfuch y un equipo de fuerzas especiales a las 7:38 de la mañana.

Sin un solo disparo en el momento final.

La victoria, sin embargo, no trajo alivio. Al subir al helicóptero, los agentes observaron un código tatuado en la espalda del capo: una combinación que expertos han descrito como “una clave, un detonador”. La captura podría no significar el final, sino el inicio de una represalia automatizada ya planificada.

México enfrenta una pregunta decisiva: ¿quién controla realmente el territorio? ¿El Estado o el poder clandestino que opera como gobierno paralelo? ¿Será esta victoria el preludio de días aún más oscuros?

En una guerra no declarada, cada movimiento puede ser la diferencia entre el restablecimiento del orden o el colapso total del sistema institucional. Harfuch ha logrado un punto de inflexión. No obstante, la historia demuestra que derrotar al líder nunca ha sido el final del imperio de la sombra.