Antes de las nueve de la mañana del 9 de noviembre de 2025, una aparente mañana tranquila en el exclusivo fraccionamiento

Bosques Camelinas se transformó en el comienzo de una de las historias más inquietantes y explosivas de los últimos años.

Frente a la casa de Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez, aparecieron tres sobres sellados con cinta marrón, marcados con tinta roja y cuidadosamente alineados en el marco de la puerta.

Una cámara de seguridad captó a un vehículo sin placas detenerse por apenas 27 segundos. Un hombre con chaqueta negra bajó, dejó los sobres y desapareció.

Lo que parecía un acto anónimo terminó desatando una investigación nacional que pondría en jaque al poder político en Michoacán y al propio Ministerio de Gobernación (SEGOB).

En la superficie de uno de los sobres se leía, en gruesas letras rojas, una sola palabra: “sigue”.
Nadie podía imaginar que ese verbo sería el detonante de una trama que desnudaría las entrañas del poder en México.

Al abrir el primer sobre, los investigadores encontraron fotocopias de documentos oficiales, registros de llamadas y un memorándum con membrete de SEGOB, fechado el 25 de octubre y firmado digitalmente por un asesor cercano a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación.
En los márgenes se leía una nota manuscrita: “coordinación confirmada con Mich”.

El segundo sobre contenía imágenes satelitales del municipio de Tepalcatepec, tomadas el 18 y 19 de octubre, que mostraban reuniones entre funcionarios locales y operadores del crimen organizado.

En una esquina, la letra “B” subrayada en azul parecía apuntar directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.

El tercer sobre, el más perturbador, incluía un trozo de papel viejo con un mensaje escrito a lápiz:

“Todo comenzó con Manso. Terminará donde comenzó.”
Acompañado de una secuencia de números (1023-14-56-94) que, tras ser verificada, resultó ser una coordenada: una dirección en Morelia, cerca de una casa de seguridad vinculada a un antiguo operador político de Morena.

A las 8:20 de la mañana, Omar García Harfuch ordenó la formación de un grupo de investigación conjunto entre la FGR, la UIF y la SSC, bajo el nombre en clave “Proyecto Horizonte”.

El objetivo era determinar la autenticidad del material y esclarecer si existía una red de colaboración entre el gobierno estatal, la SEGOB y estructuras criminales en Tierra Caliente.

“Esto no es una amenaza —dijo Harfuch con voz grave—, es un mensaje de alguien que sabe demasiado. Si es real, estamos ante un sistema que se está desmoronando desde dentro.”

Los peritos detectaron residuos químicos compatibles con una motocicleta Ducati Multistrada gris, reportada en otros eventos relacionados con el CJNG.

El papel fotográfico coincidía con un lote comprado en Querétaro por una empresa de publicidad política contratada por SEGOB en 2024.

La UIF rastreó posteriormente más de 14 millones de pesos transferidos desde cuentas del gobierno federal a una cooperativa agrícola en Buenavista Tomatlán, una entidad ya señalada por lavado de dinero y financiamiento a grupos armados.

10:45 a.m.
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que las transferencias fueron autorizadas por un exasesor financiero del gobernador Bedoya. Las operaciones se justificaban como “consultoría en gobernanza”, pero los fondos terminaban en estructuras criminales bajo control político.

Las coincidencias eran demasiadas. Harfuch concluyó que los sobres no eran filtraciones aisladas, sino parte de una operación de inteligencia interna diseñada para manipular las líneas de investigación del asesinato de Manso.

Mientras tanto, interceptaciones del Ejército revelaron mensajes codificados con la frase:

“Cerrar el círculo con Manso antes del día 5.”
El intercambio se produjo entre asesores de SEGOB y un número encriptado de Apatzingán, bastión histórico del CJNG.

Siguiendo las coordenadas halladas en el tercer sobre, los agentes irrumpieron en una casa en Morelia perteneciente a una inmobiliaria vinculada a un antiguo coordinador político de SEGOB.

El hallazgo fue estremecedor: olor a café recién hecho, una laptop encendida, carpetas tiradas, papeles medio quemados y, tras una pared falsa, una impresora industrial.

En el disco duro había un único archivo principal titulado “Proyecto Sinalo”, que contenía fotografías, reportes financieros y grabaciones de llamadas entre contactos etiquetados como “Michoacán” y “oficina AA”.

También se halló una lista con iniciales: A, RB, JM, AC, que corresponderían a Adán, Ramírez Bedoya, Juan Maldonado y Alejandro Cruz.

Entre los archivos se descubrió una conversación entre un asesor identificado como Luis M. y un contacto guardado como “oficina AA”:

“Grecia no se va a detener, y Harf ya cruzó la línea. Si el caso Manso no se cierra antes del 10, todo se nos vendrá abajo.”

Un video fechado el 1 de noviembre, apenas días antes del asesinato, muestra a tres hombres reunidos en una habitación. Uno de ellos lleva un reloj idéntico al del gobernador Bedoya.
Una voz fuera de cámara dice con serenidad escalofriante:

“El caso Uruapán ya está en marcha. No te preocupes, se cerrará sin ruido.”

Al mediodía, Harfuch presentó un informe preliminar al presidente.
La respuesta fue tajante:

“No importa el nombre ni el cargo. Si hay pruebas, actúen.”

Minutos después, las cuentas de la inmobiliaria fueron congeladas por la UIF.
Ramírez Bedoya fue citado a declarar, mientras Adán Augusto López Hernández emitió un comunicado calificando las acusaciones como “una fabricación política”.

Durante el registro final de la vivienda en Morelia, los agentes hallaron una caja metálica oculta en el techo falso, que contenía una cámara GoPro, tres tarjetas SD y un sobre sellado con la frase “de agosto”.

El hallazgo sugiere la existencia de una red de grabaciones utilizada para control o chantaje político dentro de estructuras federales.

En su informe final, Harfuch escribió:

“El caso Uruapán no fue un acto aislado del crimen organizado. Fue parte de una estrategia política cuidadosamente diseñada para silenciar a un funcionario local que sabía demasiado.”

Y cerró con una reflexión que resonó en todos los despachos:

“El caso Manso reveló lo que nadie quería admitir: que el poder político y el crimen pueden compartir el mismo lenguaje, el mismo intermediario y, a veces, el mismo interés.”