Mazatlán fue durante años exhibido por las autoridades como un escaparate de luz, crecimiento y orden.

Sin embargo, bajo esa superficie brillante de paraíso turístico se escondía una paradoja oscura: mientras menos cuerpos se encontraban, más personas desaparecían sin que nadie pudiera explicar a dónde habían ido.

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un estudiante de 22 años originario de Durango, ha roto ese muro de silencio y ha obligado al Gobierno Federal a intervenir en un territorio que durante mucho tiempo se creyó intocable por su mezcla de poder político y capital privado.

El operativo sorpresa ejecutado por fuerzas federales bajo el mando directo de Omar García Harfuch la noche del 24 de octubre en Terraza Valentino se convirtió en un punto de inflexión.

Apenas unas horas después, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, Secretario de Economía de Sinaloa y empresario dominante del entretenimiento nocturno en Mazatlán, presentó una renuncia repentina cuyo trasfondo revela una contundente fractura en las estructuras de poder local.

Sin filtraciones previas, Harfuch ordenó el cerco total del establecimiento y desplegó comandos especializados para revisar desde la barra y las áreas VIP, hasta la cocina, las bodegas, los muros falsos y los accesos técnicos.

Lo encontrado dentro no solamente apunta a violencia, sino también a un intento deliberado y organizado de borrar cualquier rastro de lo ocurrido.

Documentos preliminares de investigación señalan que el punto crítico es el área de los sanitarios, el último lugar donde se vio a Carlos Emilio con vida.

Las cámaras de vigilancia no solo dejan zonas sin cobertura, sino que registran huecos de grabación justo en el momento de la desaparición. Las pruebas de Luminol dieron resultado positivo en dos puntos específicos, confirmando que hubo presencia de sangre que fue limpiada.

Más revelador aún fue el hallazgo de una cámara oculta cerca del sanitario, cuyo disco tenía archivos eliminados inmediatamente después de la madrugada del 5 de octubre. La versión del personal sobre una salida “por voluntad propia” se desploma ante estos hechos.

No menos inquietante es la puerta de servicio secreta situada a pocos metros de los baños, inexistente en los planos presentados a las autoridades.

Esa puerta conduce a una escalera interna que desemboca en un callejón oculto. Huellas dactilares parciales fueron encontradas allí.

Otros discos duros internos, retirados y ocultados en un cuarto técnico, también fueron asegurados. Además, se detectaron mensajes y llamadas borradas en los teléfonos de guardias y empleados en el mismo intervalo horario de la desaparición.

La pregunta que ahora domina la opinión pública es inevitable: ¿cómo un centro de entretenimiento “premium”, con supuestos estándares estrictos de seguridad, mantiene un “punto ciego” precisamente en un área de máximo riesgo?

¿Y por qué todo el personal permaneció en silencio durante una semana, ofreciendo una declaración tibia solamente cuando la presión mediática se volvió insostenible?

Para entender la magnitud del escándalo, hay que mirar la figura de “Pity” Velarde, representante de Eleva Group, corporación que durante años ha controlado los principales bares y antros de Mazatlán.

Su doble rol como alto funcionario estatal y como empresario con intereses directos en establecimientos involucrados en desapariciones había generado sospechas que nadie se atrevía a verbalizar públicamente.

Las desapariciones previas refuerzan esas alarmas. Antes de Carlos Emilio, tres jóvenes desaparecieron en agosto tras un altercado en Cotorritos Marina, también propiedad de Eleva.

Las familias denunciaron negligencia o complicidad de la policía municipal. Cuando la presión llegó al despacho del Gobernador de Durango, la red de protección comenzó finalmente a resquebrajarse.

El 24 de octubre, durante una reunión de seguridad nacional en Mazatlán, Harfuch lanzó la advertencia que muchos interpretaron como una sentencia: “Nadie está por encima de la justicia si hay una víctima de por medio”.

Horas después, el operativo se ejecutó, enviando un mensaje directo a quienes creyeron ser intocables.

Desde entonces, Mazatlán enfrenta un shock económico sin precedentes: cancelación masiva de reservas hoteleras, inversiones suspendidas, estricta vigilancia sobre todos los locales vinculados a Eleva.

Entre la población se popularizó una frase que encierra tanto miedo como ironía amarga:
“Entrar es fácil, salir… depende de quién seas”.

La investigación ha escalado a nivel federal bajo los cargos de desaparición forzada, obstrucción de justicia y ocultamiento de pruebas.

Los empleados de Terraza Valentino ya no son considerados testigos sino sospechosos activos dentro de una estructura delictiva mayor.

En un breve mensaje tras el operativo, Harfuch sintetizó el nuevo paradigma:
“No importa cómo te llames ni qué tan alto sea tu cargo o tu inversión. Si hay víctima, habrá justicia.”

No mencionó el nombre de Velarde, aunque los hechos hablan por sí solos: un hombre poderoso cayó en cuestión de horas.

La búsqueda de Carlos Emilio continúa. Su familia aún espera verlo regresar o al menos conocer la verdad.

Lo que está en juego ya no es solo la vida de un joven, sino la credibilidad de un sistema que durante años permitió lo impensable: personas que desaparecían entre la multitud sin que nadie respondiera por ellas.

Mazatlán podrá seguir vendiendo su imagen luminosa al turismo internacional.

Sin embargo, hasta que la pregunta “¿Dónde está Carlos Emilio?” tenga respuesta, la ciudad seguirá envuelta en una sombra que ninguna estadística maquillada podrá disipar.