La mañana del 8 de diciembre, cuando la colonia La Llave de San Pedro Tlaquepaque seguía su rutina habitual,

una vivienda de fachada rosa se convirtió de pronto en el epicentro de un operativo que sacudió a Guadalajara. Desde fuera parecía una casa común.

En su interior, sin embargo, funcionaba una maquinaria criminal organizada, sistemática y, de forma alarmante, con la participación de menores de edad.

De acuerdo con la investigación, el operativo se activó a las 7:48 de la mañana tras una alerta urgente recibida por la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros y Extorsión.

La víctima, Karina, comerciante de 36 años y madre de dos hijos, había sido secuestrada semanas antes y liberada luego del pago de un rescate.

El tormento no terminó ahí. Las llamadas continuaron con una amenaza directa: “Manden más dinero o la volvemos a levantar”. Esa presión constante obligó a las autoridades a intervenir de inmediato.

El cateo reveló un escenario inquietante. Sobre una mesa había una pistola calibre 9 milímetros cargada. Bajo el lavabo del baño, droga escondida en bolsas abiertas. En la cocina, tres sobres amarillos con anotaciones manuscritas sobre montos y plazos.

En una recámara, una libreta escolar con una lista escrita en tinta roja que incluía nombres, teléfonos y cantidades. Pegada con cinta, una fotografía rota de Karina confirmaba que ella era solo una más entre varias víctimas.

Ver también:

Las autoridades establecieron que no se trataba de un grupo improvisado, sino de una estructura criminal definida. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas tres menores de edad.

Como figuras centrales aparecen Jasbek Michel N, señalado como presunto autor intelectual y encargado de coordinar las llamadas de extorsión con un tono sereno y calculado, y Gilberto N, responsable de la logística, la vigilancia y el traslado de las víctimas.

El resto de los integrantes realizaba labores de patrullaje y custodia. Los menores, de 14 y 15 años, uno de ellos aún con mochila escolar, eran usados como mensajeros y distractores dentro de un engranaje delictivo diseñado por adultos.

La libreta incautada mostró que el alcance del grupo iba más allá de Tlaquepaque. Las llamadas fueron rastreadas a por lo menos otras tres ciudades.

El método era reiterado: secuestro, cobro del rescate, liberación y posteriormente semanas de extorsión, incluso con la amenaza de un nuevo secuestro, hasta vaciar las cuentas bancarias de las víctimas. La mayoría eran mujeres jóvenes, comerciantes o maestras, sin vínculos con el crimen organizado.

El caso tomó un giro más grave al detectarse indicios de corrupción institucional. En otro cuaderno apareció el nombre “Comandante Ríos”, identificado como un ex policía de una corporación municipal.

La investigación apunta a que fue él quien recibió la denuncia inicial de secuestro en septiembre y la retuvo sin canalizarla a la unidad especializada. Uno de los menores declaró que les indicaron decir que eran familiares si alguien preguntaba, lo que sugiere un nivel de encubrimiento desde dentro.

Ante la conmoción pública, Omar García Harfuch, responsable de la estrategia de seguridad, emitió un mensaje contundente.

Señaló que no se trata de un hecho aislado, sino de una estructura criminal que será desmantelada por completo. Ordenó ampliar la Operación Blindaje Tlaquepaque, bloquear las finanzas del grupo y habilitar una línea directa y exclusiva para las víctimas.

El impacto social ha sido profundo. En la zona, el miedo se instaló como rutina. Niños que ya no salen a jugar, vecinos que se asoman con nerviosismo cada vez que una motocicleta reduce la velocidad en la calle.

La imagen de adolescentes involucrados en secuestros y extorsiones abrió un debate doloroso sobre la degradación social y la falta de protección a los menores.

Harfuch cerró con una promesa que suena a advertencia. La operación no se detendrá hasta que no haya niños utilizados para secuestrar, policías traicionando su función y hasta que cada víctima pueda dormir sin temor a que el teléfono vuelva a sonar en la madrugada.