Justo cuando Michoacán presumía el mayor operativo de seguridad de los últimos años, una pregunta estalló con más fuerza que cualquier vehículo blindado: ¿quién dio realmente la orden del bloqueo? Cuando Grecia Quiroz —la nueva alcaldesa de Uruapán— se levantó en la mesa de seguridad federal y lanzó su acusación sin rodeos, la sala quedó paralizada.

Su frase cayó como un golpe directo al corazón del sistema: “El bloqueo no fue obra del cártel. Entonces, ¿quién dio la orden?” Con esa afirmación, la funcionaria abrió una grieta que pocos se habían atrevido a tocar: la violencia en Michoacán no es solo un problema criminal. Es un problema de poder.

El Gobierno Federal presentó el Plan Michoacán como una intervención “sin precedentes”: más de 9.500 elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional; drones antiexplosivos; equipos tácticos especializados; y un blindaje completo de las rutas agrícolas.

El objetivo era proteger la columna vertebral económica del estado: los corredores del aguacate, el limón y los productos de exportación.

Pero, apenas unas horas después del despliegue, Uruapán, La Piedad, Zamora y Pátzcuaro se convirtieron en un mapa de bloqueos, vehículos incendiados y carreteras colapsadas. En lugar de intimidarse, el crimen reaccionó con una rapidez que nadie esperaba.

Los grupos criminales no huyeron: tomaron las calles. Incendiaron automóviles, detuvieron transportes, bloquearon rutas y emitieron un mensaje helado: “Aquí controlamos nosotros”.

Y entonces surgió la contradicción imposible de ignorar: si el despliegue militar era confidencial, ¿cómo fue posible una respuesta delictiva tan sincronizada? ¿Quién filtró la información? Y si miles de soldados estaban en las calles, ¿por qué los autores intelectuales no fueron detenidos?

Fue allí donde Grecia Quiroz elevó la voz. Ella no pidió más patrullas, más armas ni más rondines. Pidió algo mucho más incómodo: una investigación interna. Según la alcaldesa, los criminales no están escondidos: operan en zonas donde “todos saben quién manda”.

Las fuerzas federales patrullan los bulevares del centro, pero jamás ingresan a Calzónin, Arroyo Colorado ni a la zona serrana donde los grupos delictivos controlan toda una economía paralela: precios agrícolas, rutas de transporte, cobro de cuotas, seguridad privada en empacadoras y almacenamiento de mercancía. Arrestar a sicarios —dijo— solo corta las ramas.

Ella quiere saber: ¿Quién firma los contratos? ¿Quién permite? ¿Quién protege? ¿Quién gana con este negocio?

Las declaraciones de Quiroz sacudieron el pacto silencioso que por años ha cubierto Michoacán. Lo que ella señaló no fue a un cártel específico, sino a una red político-económica que opera detrás de la fachada del crimen organizado.

Cuando un grupo criminal controla el comercio agrícola, controla el transporte. Cuando controla el transporte, controla la ciudad.

Y cuando controla la ciudad, controla las elecciones. Este círculo vicioso —que la periodista Anabel Hernández describe como “sistema criminal politizado”— es el que hoy está en el centro del conflicto.

Tres nombres políticos —mencionados por la prensa local y acusados directamente por la viuda del exalcalde asesinado— permanecen rodeados de una inexplicable protección institucional.

Investigar a fondo esos nombres podría destapar delitos electorales, financiamiento ilícito de campañas, acuerdos con grupos delictivos y mecanismos de protección territorial.

A pesar de los señalamientos, el gobierno estatal y municipal han optado por el silencio, alimentando aún más la sospecha.

Lo más inquietante no es el fuego sobre las carreteras sino el modo en que los criminales usan la violencia como herramienta de negociación económica.

Cuando un gobierno enfrenta a un cártel, hay balaceras. Pero cuando enfrenta a un sistema político-económico sostenido por el crimen, hay bloqueos, incendios, colapso comercial y presión contra toda la cadena productiva.

Atacar las rutas agrícolas no fue un acto impulsivo: fue un mensaje estratégico. Un recordatorio brutal de que el negocio vale más que cualquier vida, y que ese negocio no es solo de los delincuentes en la sierra, sino también de quienes ocupan oficinas con aire acondicionado.

La operación Michoacán, por más impresionante que luzca con drones, uniformes y convoyes militares, será inútil si continúa enfocándose en el eslabón visible.

Porque el verdadero poder no está en los sicarios, sino en quienes se benefician de su existencia. El crimen organizado puede ser fragmentado; la impunidad política, no.

La pregunta que Grecia Quiroz lanzó no es solo para Uruapán. Es para todo México:

¿Investigará el gobierno únicamente a los criminales, o también a quienes han utilizado a los criminales como herramienta de poder?

Si esa pregunta no encuentra respuesta, cualquier operativo de seguridad será solo un espectáculo superficial, mientras el sistema económico delictivo continúa funcionando —perfecto, intacto, protegido— desde dentro del propio Estado. Michoacán no clama solo por seguridad. Clama por una verdad que, por fin, debe ser dicha en voz alta.