No hubo disparos. No hubo persecuciones. Sin embargo, la desaparición de Brianna Genao, de apenas tres años, en la provincia de Puerto Plata, se ha convertido en uno de los episodios más inquietantes que vive la República Dominicana al inicio de este año.

Lo que sacude a la opinión pública no es solo la ausencia de la niña, sino la cadena de datos contradictorios, el prolongado silencio oficial y las grietas conocidas en la forma en que la sociedad protege a sus miembros más vulnerables.

Brianna residía con su abuela materna en Navarrete, en la provincia de Santiago. Sus padres se habían separado. La madre emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, el padre permaneció en el país y la niña quedó bajo el cuidado de la abuela.

Con motivo de las festividades de fin de año, la abuela decidió trasladarse con la menor a la comunidad de Barrero, una zona rural de Puerto Plata, para pasar el Año Nuevo con familiares.

Barrero es un paraje aislado. Una sola calle de tierra, pocas viviendas, abundante vegetación y plantaciones de cacao que rodean el área.

La tranquilidad del lugar, lejos de los centros urbanos, terminó convirtiéndose en el escenario de una desaparición que mantiene en vilo a todo un país.

La tarde del 31 de diciembre, alrededor de las cinco, Brianna fue vista por última vez. Cámaras de seguridad de un colmado cercano captaron imágenes de la niña jugando en las afueras del establecimiento junto a familiares.

Vestía un vestido rosado, un detalle aparentemente menor que con el paso de las horas cobró relevancia, ya que las primeras versiones oficiales hablaban de otro color de ropa. Tras salir del colmado, Brianna regresó a la vivienda donde se encontraba la familia.

Según los relatos, jugaba en el patio con otros niños mientras varios adultos compartían una partida de dominó. En cuestión de minutos, la niña desapareció.

No se escucharon gritos. No hubo testigos directos. Cuando los familiares notaron su ausencia, el día comenzaba a oscurecer.

La búsqueda inicial fue caótica, impulsada por la desesperación, antes de que las autoridades locales fueran alertadas. Mientras gran parte del país celebraba la llegada del nuevo año, en Barrero reinaban la angustia y el desconcierto.

Fue el 2 de enero cuando el operativo se amplió de manera formal, con la participación de organismos de seguridad, rescate y del Ministerio Público.

Ese mismo día surgió un hallazgo que cambió el curso de la investigación. Un vestido rosado, presuntamente el que llevaba Brianna, apareció en una casucha abandonada detrás de la vivienda donde se encontraba la niña.

Cerca de un pequeño arroyo se localizó también una sandalia infantil. Estos indicios llevaron a las autoridades a descartar la hipótesis de una simple pérdida y a considerar escenarios más graves.

En los días siguientes, al menos ocho personas fueron detenidas para fines de investigación, entre ellas el padre de la menor, varios tíos y un vecino de la zona. Tras ser interrogados, todos fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Aun así, la presencia en Barrero de altos funcionarios del Ministerio Público y de la cúpula de la policía de investigaciones evidenció que el caso era tratado como prioritario y de alta complejidad.

Lo que más llama la atención es el hermetismo. Las autoridades han ofrecido escasa información oficial sobre el avance de las pesquisas.

Al mismo tiempo, se impusieron restricciones al acceso de la prensa al área, luego de que personas ajenas a los medios, autodenominadas comunicadores o creadores de contenido, ingresaran a la escena, manipularan objetos y difundieran versiones falsas en redes sociales con fines de monetización.

Estas acciones no solo distorsionaron la realidad, sino que contaminaron el lugar de los hechos y dificultaron el trabajo investigativo.

La desinformación ha generado un clima de confusión que hiere a la familia y erosiona la confianza ciudadana.

Si bien el cerco a la prensa se justifica como una medida para preservar la investigación, también ha alimentado el debate sobre la transparencia y el derecho de la sociedad a estar informada en un caso que afecta profundamente la seguridad colectiva.

En paralelo, el foco público se ha desplazado hacia la responsabilidad familiar. La madre de Brianna se encuentra en Estados Unidos, el padre reconoció que desconocía que su hija permanecía en Barrero desde antes de la Navidad.

Estos elementos no constituyen una acusación, pero reflejan una realidad incómoda: muchos niños crecen en medio de vacíos de supervisión, donde las responsabilidades se diluyen hasta que ocurre una tragedia.

El caso de Brianna no es aislado. En los últimos años, la República Dominicana ha registrado múltiples desapariciones de menores que, tras una breve atención mediática, caen en el olvido.

En varios de esos casos, las respuestas solo llegaron cuando restos humanos fueron encontrados de manera fortuita meses después.

Proyectos de ley destinados a crear sistemas de alerta temprana y unidades especializadas en búsqueda y rescate han sido discutidos y, en algunos casos, aprobados en instancias legislativas, pero aún no se traducen en una política efectiva y coordinada.

A sus tres años, Brianna Genao no tenía capacidad para protegerse. Dependía por completo de los adultos y de un sistema que, en teoría, debía garantizar su seguridad.

Su desaparición pone en tela de juicio no solo una investigación puntual, sino la cadena completa de responsabilidades que va desde la familia y la comunidad hasta el Estado.

El giro de este caso no se explica únicamente por un vestido encontrado o una sandalia junto al agua. Se explica porque obliga a la sociedad a mirarse al espejo y a formular una pregunta incómoda: si una niña puede desaparecer a plena luz del día en una comunidad pequeña sin que nadie sepa qué ocurrió, qué dice eso sobre nuestras prioridades y nuestras fallas.

Mientras esa pregunta siga sin respuesta, la inquietud no se limitará a Barrero ni a Puerto Plata, sino que se extenderá a todo el país, donde cada familia se preguntará en silencio dónde podría surgir la próxima tragedia.