Veinte días después del ataque armado que conmocionó a Uruapan, México sigue sin encontrar una explicación clara a la noche del 1 de noviembre.

Cuando muchos creían que la historia comenzaba a apagarse, la única persona que estuvo a centímetros de Carlos Manso decidió hablar.

Y lo que reveló no solo reconstruye los segundos finales, sino que expone un entramado complejo de violencia, decisiones judiciales polémicas y vínculos entre organizaciones criminales y figuras de poder.

Grecia Quirós —la esposa del exalcalde— irrumpió en el centro del debate público con una serie de declaraciones que dejaron al país en silencio.

Durante una gira mediática, afirmó con contundencia que estuvo frente a frente o justo al lado de Manso cuando sucedió todo. Esa frase la convierte en la testigo más cercana y en la única persona capaz de unir los fragmentos dispersos del caso.

Según su relato, la familia se dirigía con prisa a un evento comunitario de velas, pues ya iban retrasados. Manso, como de costumbre, caminaba rápido para llegar a tiempo.

Aquel 1 de noviembre, el ambiente del Día de Muertos en Uruapan era abrumador: miles de personas, música, disfraces y el típico caos festivo. A pesar de ello, Manso sonreía, saludaba y aceptaba cada solicitud de foto sin mostrar señal de preocupación.

Un hombre —presuntamente un maestro de primaria local— lo llamó para decirle algo, desviándolo hacia un grupo de catrinas que quería tomarse fotos con él. Quirós insistió en que su esposo jamás negaba una fotografía, especialmente a niños o a quienes asistían disfrazados.

Manso le entregó el hijo menor para poder acercarse con libertad a las personas que lo esperaban. Ella se quedó unos pasos atrás, abrazando a los niños, sin advertir nada extraño. Todo parecía normal: un exalcalde querido, rodeado de ciudadanos que solo querían una foto.

Hasta que un hombre más se acercó, pidió una foto y, en cuestión de segundos, todo cambió.

Sonó un disparo. El caos explotó.

Grecia recuerda haber reaccionado de inmediato: abrazó a sus dos hijos y corrió entre la multitud buscando refugio. No miró atrás. No vio qué hizo la seguridad. No supo cuántos disparos hubo. Solo sintió el terror absoluto de pensar que sus hijos también podían estar en peligro.

Su testimonio reabrió el debate sobre la fragilidad del dispositivo de seguridad y la posibilidad de que el ataque no haya sido un acto aislado. ¿Cómo pudo alguien acercarse tanto sin levantar sospechas? ¿Por qué nadie reaccionó? ¿Qué falló en los segundos cruciales?

Mientras el país procesaba sus palabras, Michoacán estalló en una ola de violencia sin precedentes. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y un objetivo claro: facilitar la huida de Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, considerado uno de los operadores más peligrosos del Grupo Jalisco.

La ofensiva de las fuerzas de seguridad comenzó justo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara el Plan Michoacán, provocando la reacción inmediata de grupos armados.

Civiles fueron obligados a bajar de vehículos en plena carretera, y los narcobloqueos se extendieron hasta zonas limítrofes con Jalisco y Guanajuato.

El operativo dejó dos abatidos y 14 detenidos, entre ellos un hombre cercano a “El Tío Laco”, figura vinculada a la estructura del Cártel Jalisco.

Pero la pregunta más inquietante surgió cuando los analistas recordaron que “El Camaleón” ya había sido capturado en abril de 2024. ¿Por qué seguía libre?

La respuesta desató indignación: un juez ordenó liberarlo por “detención ilegal”, y el argumento utilizado fue un error administrativo como la “hora incorrecta de captura”.

Lo que encendió aún más el debate fue que los jueces relacionados con este tipo de decisiones pertenecen al sistema judicial bajo la órbita de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. ¿Casualidad? ¿O una pieza clave en un rompecabezas más grande de lo que parece?

Mientras tanto, en el panorama internacional, Donald Trump agitó las aguas al sugerir que Estados Unidos podría “hacer lo necesario” contra los grupos criminales en México.

Aunque Marco Rubio y la Embajada estadounidense aclararon que no habría intervención militar, la presidenta Sheinbaum respondió con firmeza: colaboración sí, injerencia no.

Y añadió una advertencia histórica:
“La última vez que EE.UU. intervino, nos arrebató la mitad del territorio.”

Simultáneamente, la Policía Nacional de España informaba del desmantelamiento de una “oficina europea” del Grupo Jalisco, con más de 20 detenidos y casi dos toneladas de cocaína incautadas. La Marina mexicana reportaba 54 arrestos adicionales en Colima.

Las estructuras criminales están siendo golpeadas a nivel internacional, pero también revelan el alcance global que han logrado.

La crisis incluso tocó el terreno diplomático cuando Canadá publicó alertas de viaje para sus ciudadanos. Sheinbaum respondió de inmediato, asegurando que tales advertencias “no reflejan la realidad”, y presentó cifras que muestran que el turismo canadiense ha aumentado un 11 %, llegando a niveles históricos.

En medio de este torbellino de acontecimientos, las palabras de Grecia Quirós cobran un nuevo peso. Su testimonio ya no es solo la historia dolorosa de una esposa: es la primera pieza de un rompecabezas que conecta la noche del Día de Muertos en Uruapan con la operación en los cerros de La Cantera, las decisiones del Poder Judicial, las tensiones con Washington y las redes criminales en Europa.

Lo ocurrido con Carlos Manso dejó de ser un episodio aislado. Ahora es un espejo que refleja la compleja interacción entre crimen organizado, Estado, justicia y soberanía.

Quirós abrió la puerta.
Y al otro lado, México está empezando a ver una verdad que podría ser mucho más grande de lo que imaginó.