“Con todos mis respetos al Tribunal Supremo”.

La reciente condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, ha abierto una grieta en el debate jurídico y político español.

En medio de una vorágine de reacciones y análisis, la voz del juez José Castro, conocido por su firmeza y transparencia en casos de gran repercusión como el caso Nóos y la instrucción contra Jaume Matas, emerge con una claridad inusual.

Sus palabras, pronunciadas en una entrevista para laSexta Xplica, han resonado en el ambiente mediático y jurídico, aportando una mirada crítica, profunda y, sobre todo, inequívoca sobre la sentencia que ha sacudido la estructura institucional del país.

Castro, acostumbrado a navegar en aguas turbulentas de la justicia española, no rehúye la controversia.

“Con todos mis respetos al Tribunal Supremo”, advierte, antes de calificar la condena como “un auténtico disparate en el sentido jurídico”.

Su declaración, lejos de ser una simple opinión, se apoya en argumentos técnicos y en una visión panorámica del proceso, que invita al lector a reflexionar sobre el estado de la justicia y el papel de las instituciones en la democracia española.

El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Castro insiste en que el resultado final no es previsible y que la verdad, tarde o temprano, se impondrá.

“Ojo, que no es nada previsible tampoco y que además va a recurrir a instancias muy alejadas.

Creo que al final, la verdad se impondrá”, sostiene el magistrado, subrayando la provisionalidad de cualquier análisis hasta conocer los argumentos completos del fallo.

La condena, que aún no ha sido publicada en su totalidad, se enfrenta a un horizonte incierto.

Castro recuerda que, aunque no existen instancias ordinarias de apelación o casación, sí se puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Luxemburgo.

“El resultado, hay que reconocer, que no es previsible. Está en el aire, por supuesto”, insiste, abriendo la puerta a una revisión internacional que podría alterar el desenlace actual.

Más allá del procedimiento, el juez Castro pone el foco en el núcleo de la condena: la falta de pruebas concluyentes.

“Para condenar justamente al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos, hacía falta que quedaran probadas dos cosas: que la filtración procedía de él y, otra, que al tiempo de la filtración, el objeto de la filtración conservara la condición de secreto. Nada de eso ha quedado acreditado”, explica con una precisión que desafía la narrativa dominante.

Esta reflexión no es menor. En un sistema jurídico que presume de garantías y rigor, la ausencia de pruebas sólidas para una condena tan grave debería ser motivo de alarma y debate.

Castro, desde su experiencia y autoridad, advierte sobre el peligro de sentencias precipitadas, dictadas más por el clima político y mediático que por la solidez de los hechos.

Su crítica, lejos de ser una diatriba contra el Supremo, es una llamada a la responsabilidad y al respeto por los principios fundamentales del derecho.

La figura de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, añade una capa de complejidad al caso.

La indemnización por daños morales y la relevancia mediática del proceso han convertido la sentencia en un campo de batalla para la confrontación política.

Ayuso, hábil en la gestión del relato, ha utilizado la resolución como arma arrojadiza contra el Gobierno central, alimentando la narrativa de persecución y victimismo.

Castro, sin embargo, trasciende el ruido mediático y se centra en la esencia jurídica del asunto.

Su análisis invita a preguntarse hasta qué punto la justicia española está siendo instrumentalizada por intereses ajenos a la ley.

¿Es posible mantener la independencia judicial en un entorno donde cada sentencia es interpretada como victoria o derrota política? ¿Dónde queda el ciudadano, testigo de un espectáculo que parece más una lucha de poder que un ejercicio de justicia?

La anticipación del fallo por parte del Tribunal Supremo ha generado desconcierto y debate.

Castro subraya que, sin conocer los argumentos completos, cualquier valoración es provisional.

No obstante, su diagnóstico preliminar es contundente: la condena carece de base jurídica sólida.

Esta afirmación, pronunciada por un magistrado de reconocido prestigio, pone en cuestión la legitimidad del proceso y la confianza en la máxima instancia judicial del país.

La polémica se agrava por la falta de apelación y casación, lo que deja al condenado en una situación de indefensión relativa.

Solo el recurso de amparo ante el Constitucional y la vía europea ofrecen esperanza de revisión.

Este escenario, poco habitual en la justicia española, refuerza la percepción de que el caso García Ortiz es excepcional, tanto por su contenido como por sus implicaciones institucionales.

Las palabras de Castro resuenan como un recordatorio de los principios que deben regir la justicia en una democracia avanzada.

La presunción de inocencia, el rigor probatorio y la imparcialidad son valores irrenunciables, que no pueden ser sacrificados en el altar de la política o el espectáculo mediático.

El magistrado, con su habitual sobriedad, advierte sobre los riesgos de una justicia que se deja arrastrar por la corriente dominante, perdiendo su esencia y su legitimidad.

En este sentido, la condena a García Ortiz se convierte en símbolo de una crisis más profunda: la tensión entre poder judicial y poder político, entre la ley y la opinión pública, entre la verdad y la narrativa.

Castro, con su análisis sereno pero firme, invita a los ciudadanos a no conformarse con respuestas fáciles y a exigir transparencia, rigor y responsabilidad a sus instituciones.

La historia judicial de España está marcada por casos que, en su momento, parecían cerrados y definitivos, pero que acabaron siendo revisados y reinterpretados a la luz de nuevos argumentos y pruebas.

Castro, que conoce bien los vericuetos del sistema, no descarta que el caso García Ortiz siga ese camino.

“El resultado está en el aire”, repite, recordando que la última palabra puede estar aún por pronunciarse en instancias superiores.

El recurso ante el Tribunal Constitucional y la posible intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abren una ventana de esperanza para quienes consideran la condena injusta.

Al mismo tiempo, el debate generado por las palabras de Castro y la controversia en torno al proceso sirven para revitalizar la discusión sobre el papel de la justicia y la necesidad de reformas profundas que garanticen su independencia y transparencia.

Conclusión: una sentencia que interpela a toda la sociedad.

La condena al Fiscal General del Estado, lejos de ser un asunto técnico o reservado a los expertos, ha trascendido el ámbito jurídico para convertirse en tema de debate nacional.

Las palabras del juez José Castro, pronunciadas con respeto pero sin concesiones, han abierto una brecha en la interpretación oficial y han invitado a la ciudadanía a reflexionar sobre la calidad de su democracia y la fortaleza de sus instituciones.

La historia no está cerrada. El proceso sigue abierto, y la verdad, como recuerda Castro, puede imponerse al final.

Mientras tanto, la sociedad española asiste a un espectáculo que combina drama, controversia y esperanza, en el que cada actor —jueces, políticos, medios y ciudadanos— tiene un papel que desempeñar.

La exigencia de justicia, transparencia y rigor no es solo una demanda técnica, sino una aspiración democrática que interpela a todos.