Aquella mañana, un vuelo rutinario se convirtió en el punto de partida de una tragedia que México aún no ha podido explicar.

Un avión despegó, desapareció del radar en menos de veinte minutos y una periodista que incomodaba al poder jamás regresó.

En solo 48 horas, las autoridades cerraron el caso con un informe seco y predecible: “falla técnica”.

Pero la rapidez del cierre, las pruebas perdidas y el silencio institucional levantaron una sospecha imposible de callar: ¿de verdad fue un accidente o un asesinato disfrazado?

Débora Estrella no era una periodista más. Durante más de una década había investigado empresas fachada, redes de lavado de dinero y vínculos entre el crimen organizado y autoridades locales.

Sus artículos provocaban dimisiones, investigaciones y miedo. Semanas antes del vuelo, había obtenido documentos comprometedores que, según le confesó a un colega, “podrían hacer caer a más de un político importante”.

Desde entonces, comenzaron las llamadas anónimas, los mensajes amenazantes y una campaña de difamación en redes. “Si me pasa algo, no crean en ningún informe oficial”, le dijo a su pareja.

El 20 de septiembre de 2025, Débora abordó un pequeño avión en Toluca rumbo a Chihuahua para reunirse con una fuente clave.

Diecisiete minutos después, la aeronave desapareció. El piloto alcanzó a decir por radio: “Perdemos potencia… no responde el control…”, y luego el silencio.

El reporte técnico oficial atribuyó el siniestro a una “pérdida eléctrica repentina”, pero ingenieros independientes detectaron alteraciones en los registros de mantenimiento y datos de radar eliminados.

Un técnico consultado en reserva aseguró: “No fue un error mecánico, fue una intervención deliberada.”

Cuando los periodistas exigieron acceso al expediente completo, recibieron páginas censuradas y un comunicado genérico.

La familia de Débora pidió reabrir la investigación, pero el caso fue archivado bajo el argumento de “ausencia de delito comprobable”.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas denunciaron la falta de transparencia, pero el gobierno mexicano permaneció mudo.

En los días previos a su muerte, Débora parecía presentir lo inevitable. Hizo copias de seguridad, envió correos con el asunto “En caso de emergencia” y guardó una carpeta bajo el nombre “Los intocables.”

En ella, había nombres, cuentas y empresas vinculadas a un mismo círculo de poder. Semanas después del accidente, su almacenamiento digital fue eliminado.

El caso de Débora Estrella se ha convertido en el símbolo más brutal del costo de decir la verdad en México.

Su muerte no fue solo una tragedia personal, sino una advertencia dirigida a toda una generación de periodistas: en un país donde el poder puede borrar las pruebas y dictar el silencio, el precio de investigar puede ser la vida misma.

Hoy su rostro cuelga en murales y redacciones; sus ojos, fijos y desafiantes, parecen seguir preguntando: ¿quién necesitaba que Débora Estrella muriera… y quién sigue asegurándose de que no sepamos la respuesta?