El brutal asesinato de tres adolescentes en el barrio de Flores (Buenos Aires) no solo ha estremecido a la opinión pública argentina, sino que también ha revelado la cara más oscura de una sociedad donde la pobreza, la manipulación y la violencia organizada se entrelazan con la inocencia perdida.

La pregunta que hoy paraliza al país es tan perturbadora como necesaria: ¿con quiénes estuvo Lara —la menor de 15 años— antes de su muerte, y hasta qué punto su final fue parte de un plan meticulosamente preparado?

Según el testimonio judicial de Priscila, su amiga más cercana durante cinco años, la verdad trasciende cualquier suposición.

Priscila, quien tenía vínculos con el mundo de la prostitución callejera en Flores, relató con precisión una reunión ocurrida la noche del 6 de septiembre, trece días antes de la desaparición de Lara y sus dos amigas. Lara le pidió acompañarla a ver a un hombre “conocido”.

Primero habían quedado en una estación de servicio en la rotonda de La Tablada, alrededor de las nueve de la noche, pero luego el encuentro cambió de lugar: una casa de comidas rápidas en la esquina de Rivadavia y La Fuente, cerca de las once.

Allí aparecieron dos hombres, que ofrecieron a las chicas pasar un “fin de semana en Caning” por 300 dólares. Lo que sonaba a invitación casual se transformó, según los investigadores, en el preludio de una trampa mortal cuidadosamente diseñada.

Priscila brindó descripciones detalladas: el primer sospechoso, de unos 35 a 37 años, tez morocha, corpulento, de aproximadamente 1,70 metros, tenía un tatuaje con el nombre “Noelia” en el cuello y una cicatriz junto a él. En su muñeca izquierda llevaba una cinta negra de San la Muerte.

El segundo, más joven —entre 22 y 25 años—, era bajo y robusto. Ambos tenían dos teléfonos móviles cada uno. Al principio dijeron ser bolivianos, aunque las autoridades luego sospecharon que eran peruanos.

Desde entonces, la investigación apuntó a un grupo extranjero con posibles conexiones a redes de trata y narcotráfico en Buenos Aires.

Lara había conocido a esos hombres tiempo atrás en las calles Pedern y Falcón, zonas donde operan redes de prostitución juvenil.

Uno de ellos le regaló un peluche nuevo, aún con la etiqueta, regalo que más tarde se convertiría en una pieza clave: en redes sociales, una foto mostraba a Lara abrazando al mismo muñeco. Los investigadores sostienen que fue un señuelo, parte de un proceso de seducción y manipulación previo al secuestro.

El 18 de septiembre, un día antes de la desaparición, Brenda y Morena fueron detenidas y sancionadas por ofrecer servicios sexuales en la vía pública.

Por miedo, las chicas decidieron no volver al área de Flores durante los días siguientes. Fue entonces cuando desaparecieron. Al ser hallados los cuerpos, el informe forense reveló niveles de violencia extrema, confirmando que las jóvenes fueron sometidas a torturas y abusos antes de morir.

Mientras la conmoción crecía, la investigación cruzó fronteras. Pequeño J, señalado como sospechoso principal, fue arrestado en Perú y se niega a ser extraditado a Argentina. Su defensa alega inocencia, argumentando persecución mediática y falta de garantías judiciales.

No obstante, los documentos de la causa lo vinculan directamente con un sicario apodado “Papá”, miembro de una organización controlada por un jefe mayor conocido como “Abuelo”, responsable del tráfico de estupefacientes entre Perú y Argentina.

Otra figura clave es Celeste Guerrero, inquilina de la casa donde se hallaron los cuerpos. Según su declaración, recibió 1.000 dólares para abandonar la vivienda la noche del crimen. Al ser detenida, confesó que “J vendía drogas y Matías Osorio era quien cobraba el dinero”.

Minutos después del hallazgo, envió un mensaje desesperado a su madre: “Borrá todo ya”, una frase que dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas.

Los peritos enfrentan ahora dificultades técnicas. Las cámaras del local de comidas rápidas podrían haber sobrescrito las imágenes por el paso del tiempo, mientras que los teléfonos de Guerrero y Villalba se analizan minuciosamente.

Además, se descubrió que los sospechosos utilizaban “Sangi”, una aplicación de mensajería encriptada popular en redes de narcotráfico, que no deja rastros tras eliminar las conversaciones.

Sin embargo, se cree que las chicas fueron contactadas inicialmente a través de redes más comunes como Instagram o WhatsApp, donde aún podrían existir pruebas digitales.

La madre de Lara, Estela Maris, recordó entre lágrimas la última conversación con su hija: “Me pidió que le guardara su plato de puchero favorito.

Dijo que volvería a cenar. No imaginé que era la última vez que la veía”. Una frase cotidiana, pero cargada de tragedia, que resume la fragilidad de las víctimas: niñas convertidas en presas dentro de un sistema que las empuja al vacío.

Los expertos sostienen que el caso Flores no es un hecho aislado, sino un síntoma alarmante del tráfico de menores en redes de explotación sexual que operan con impunidad en América Latina. Lo que comenzó con un simple regalo y una promesa de dinero terminó siendo un recordatorio brutal de cuán vulnerables son las jóvenes ante la manipulación y la pobreza.

Mientras la justicia avanza lentamente, el país entero exige respuestas. En las redes sociales, miles de usuarios repiten una consigna: “Justicia para Lara, Brenda y Morena”. Porque si sus muertes logran exponer la maquinaria invisible que las devoró, tal vez su silencio final se convierta en un grito que el Estado ya no pueda ignorar.