En el corazón de Ciudad de México, una urbe de luces de neón y sombras profundas, un crimen brutal estremeció a México y Colombia.

Dos artistas colombianos —el cantante Byron Bedoya, conocido como B King, y el DJ Jorge Luis Herrera (Regio Clown)— fueron hallados asesinados salvajemente, sus cuerpos abandonados en plena calle, como un mensaje helado salido del inframundo.

Al principio, muchos creyeron que se trataba de otro ajuste de cuentas entre grupos criminales.

Pero cuando las autoridades mexicanas anunciaron la detención de tres ciudadanos colombianos, el relato cambió.

Lo que parecía un caso más de violencia urbana se transformó en un drama internacional lleno de contradicciones, denuncias y heridas abiertas.

Los detenidos —una mujer y dos hombres, originarios del Valle del Cauca, al occidente de Colombia— fueron señalados como sospechosos del doble homicidio.

La reacción de sus familias no tardó: denunciaron públicamente que se trataba de “falsos positivos a la mexicana”, evocando las ejecuciones extrajudiciales que marcaron la historia reciente de su país.

Según sus allegados, los detenidos son personas comunes, sin antecedentes, sin vínculos con el crimen y sin motivos para participar en un acto tan atroz.

“No negamos el dolor de las familias de las víctimas,” declaró la madre de uno de ellos desde Cartago, “pero nosotros también vivimos un infierno. Ellos no son asesinos. Son colombianos que buscaron una vida digna en México, y hoy están siendo sacrificados por un sistema que necesita culpables, no verdades.”

La primera detenida fue Julie Felicidad Zapata, de 48 años, trabajadora de salud con 16 años de servicio en el centro médico municipal de Cartago.

Cuatro años atrás se trasladó a México por motivos de salud: padece lupus, una enfermedad autoinmune que limita gravemente su movilidad. Vivía con su esposo y apenas salía de casa para controles médicos o breves caminatas.

El día de su arresto, Julie pasaba por la calle donde fue hallado el vehículo presuntamente vinculado al crimen. Era su ruta habitual de regreso a casa.

Sin pruebas materiales en su contra, fue detenida, interrogada y posteriormente encarcelada como sospechosa principal.

Poco después, Johnny Mantilla, asesor comercial residente legal en México desde hacía cuatro años, acudió junto a un amigo a la comisaría para preguntar por Julie.

Ninguno regresó. Fueron retenidos bajo el argumento de tener “relación con el mismo vehículo”, aunque ambos negaron conocerlo.

Las familias denunciaron que Julie y Johnny fueron torturados y forzados a confesar. “Les colocaron bolsas de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarlos,” relató un familiar, “y solo cuando firmaron una declaración de culpabilidad les permitieron respirar.”

En la audiencia judicial, sus parientes notaron hematomas en el cuello y labios hinchados, pero tales lesiones no fueron registradas en los documentos oficiales.

Desde México, la versión institucional difiere. El investigador Iván Macías, consultado sobre el caso, reconoció que se trata de una investigación “altamente sensible” por su carácter internacional.

“La policía capitalina a veces actúa bajo presión mediática. Si no fuera por la atención internacional, este caso quizá ya habría caído en el olvido, como tantos otros,” explicó.

La presión pública aceleró el proceso: pruebas genéticas, recuperación del vehículo e hipótesis sobre vínculos con el cártel La Unión Tepito, una de las organizaciones criminales más poderosas de la capital.

Según fuentes de la fiscalía, B King y Regio Clown podrían haber participado en la distribución de dos nuevas drogas en Ciudad de México, abriendo una ruta inédita dentro del mercado urbano.

Esa conexión, aún sin comprobar, convirtió el caso en un punto de choque entre el mundo del entretenimiento, el narcotráfico y la diplomacia internacional.

Los abogados defensores alegan que el expediente judicial está lleno de vacíos. No existen huellas dactilares, ADN ni registros de geolocalización que vinculen a los detenidos con el lugar del crimen.

Videos aportados por familiares muestran a Julie en casa durante las horas del asesinato, pero la evidencia aún no ha sido plenamente incorporada al proceso.

El juez a cargo resolvió mantener la detención basándose en “elementos de tiempo, lugar y circunstancia” considerados suficientes. La fiscalía dispone de dos meses adicionales para reunir pruebas: análisis genéticos, cruces de llamadas y datos de geolocalización.

Mientras tanto, los tres colombianos permanecen en el Centro de Observación y Clasificación (COC), una prisión conocida por sus condiciones duras y el riesgo de intimidaciones hacia extranjeros.

Las familias, entre tanto, imploran por ayuda internacional. Han solicitado la intervención del gobierno colombiano y de organizaciones de derechos humanos, denunciando un proceso arbitrario y desproporcionado. Una hermana de Julie, entre lágrimas, declaró ante los medios:

“Solo queremos saber la verdad. Si son culpables, que se pruebe. Pero si son inocentes, que se les devuelva su dignidad… y su libertad.”

El caso sigue abierto y la opinión pública está dividida. Para unos, México enfrenta un fenómeno criminal que requiere medidas drásticas. Para otros, el costo de la justicia rápida es la inocencia de los débiles.

La pregunta persiste, flotando entre dos países, dos sistemas judiciales y dos dolores:
¿Quién mató realmente a B King y Regio Clown?
¿Y la justicia que hoy se invoca… es verdadera justicia o un espejismo mediático destinado a calmar la furia internacional?

En una de sus cartas enviadas desde prisión, Julie escribió a su madre en Cartago:

“Solo quiero escuchar tu voz, sentir el sol, y demostrar que no soy un monstruo. Si la justicia existe, volveré a casa.”