¿Puede un joven desaparecer en el corazón de una ciudad turística iluminada, vigilada por decenas de cámaras de seguridad y patrullas policiales, sin dejar rastro alguno?

¿O existe una fuerza de poder capaz de borrar su existencia con una precisión quirúrgica?

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela no solo despierta indignación, sino que también plantea una pregunta más profunda: en el México de hoy, ¿tiene aún algún valor la vida humana cuando se enfrenta a los intereses de quienes detentan el poder?

Carlos Emilio, de 20 años, desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 tras salir a fumar un cigarrillo en el bar Terraza Valentinos, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Las cámaras registraron su última imagen a la 1:27 de la mañana. Un gesto cotidiano, idéntico al de miles de jóvenes cada noche.

Sin embargo, él jamás volvió a entrar. En ese instante, afirman diversas fuentes internas, comenzó un proceso de supresión metódica de evidencias.

La familia exigió la revisión de las grabaciones, pero la administración del bar aseguró que el sistema de cámaras “estaba en mantenimiento”.

La versión se desmoronó cuando empleados del propio Valentinos publicaron en redes sociales que, pocas horas después del incidente, policías estatales ingresaron y se llevaron los discos duros de seguridad.

Nada resulta casual si se conoce que el bar pertenece a Ricardo Belarde de Cárdenas, entonces Secretario de Economía de Sinaloa. Bajo presión mediática, Belarde presentó su renuncia, aunque insistió en su inocencia.

Los videos que podrían haber esclarecido el destino de Carlos fueron reportados como “dañados” exactamente durante la franja horaria en la que desapareció. Una coincidencia que suena más a cálculo que a casualidad.

Testigos afirman haber visto una camioneta Suburban blanca sin placas retirarse del Malecón minutos después de la desaparición.

Una grabación ciudadana de dicho vehículo fue entregada por la madre de Carlos a la Fiscalía, pero días después le informaron que nunca la recibieron.

Al mismo tiempo, patrullas que no figuraban en ningún reporte oficial rondaron la zona en circunstancias inexplicables.

El responsable inicial de la investigación fue el comandante Javier “El Capi” Duarte, un policía señalado en el pasado por omisiones y presuntas complicidades en otros casos de desaparición.

En cuestión de días, los registros GPS de las unidades asignadas a esa noche fueron eliminados, los libros de guardia modificados y varios agentes trasladados a otras ciudades. Nada quedó a disposición de un escrutinio independiente.

Tras ese velo institucional se movía un grupo clandestino conocido como “Los Sombra”. Según fuentes policiales, se trata de una unidad paralela conformada por agentes en activo dedicados a levantones por encargo.

Su trabajo no deja rastro documental, y sus operaciones suelen responder a intereses de empresarios con conexiones políticas.

La seguridad del bar Valentinos estaba en manos de Pacific Invest SA, empresa controlada por Ángel Núñez Armenta, excomandante estatal investigado previamente por trata de personas y tráfico de órganos.

Dichas acusaciones se diluyeron bajo circunstancias que aún generan sospecha. El vínculo entre un cártel del poder económico y un experto en operaciones encubiertas configura un engranaje demasiado perfecto para ser casual.

Desde 2022, reportes filtrados de la Fiscalía advertían sobre la existencia del llamado “corredor de los cuerpos”, una ruta clandestina entre Mazatlán, Culiacán y El Rosario donde operan clínicas privadas con actividad nocturna inusual.

Entre los establecimientos bajo la lupa figuran Biomedic Life Center, Clínica Renacer, Centro Quirúrgico del Pacífico y Vital Human Group.

Casi sin historial clínico, con documentos fiscales inconsistentes, pero con un consumo eléctrico elevado durante la madrugada: así luce el patrón.

Allí han trabajado médicos con pasados comprometedores, como Luis Eduardo Inojosa, detenido anteriormente por trasplantes ilegales y liberado sin explicación satisfactoria, y María del Rosario Vega, consultora del gobierno en procedimientos de alta especialidad quirúrgica.

Según periodistas de investigación, el perfil de las víctimas coincide en casi todos los casos: jóvenes sanos entre 18 y 30 años, sin afiliaciones criminales ni vínculos que pudieran generar presión política tras su desaparición. Un ideal macabro para el mercado negro de órganos.

Red 505, un colectivo de reporteros locales, obtuvo imágenes presuntamente tomadas dentro de quirófanos clandestinos.

Allí se distinguen cuerpos conectados a maquinaria médica en salas estériles. Son registros fragmentados, pero suficientes para plantear escenarios aún más terribles.

Mientras la investigación avanzaba, los archivos sobre Carlos desaparecieron de los servidores de la Fiscalía estatal.

Tres carpetas completas, borradas justo cuando el nombre de Belarde comenzó a circular en medios nacionales.

La propuesta legislativa para conformar una comisión especial que indagara la relación entre políticos, policías y clínicas privadas fue rechazada por la bancada oficialista. Las voces que exigían verdad fueron silenciadas una por una.

Entre ellas estaba el periodista Marcos Iván Castañeda, quien investigaba contratos irregulares y flujos de dinero hacia el sector médico privado.

Murió antes de publicar su último reportaje. Oficialmente se trató de un suicidio. Su familia asegura lo contrario.

Pocos días después, el comandante Duarte también desapareció, víctima, según versiones extraoficiales, de un ajuste de cuentas interno para cerrar bocas.

La madre de Carlos, Brenda Valenzuela, convirtió su dolor en lucha, y su lucha en símbolo. A pesar de las amenazas, continúa denunciando.

Lleva el caso ante Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

Gracias a ella y a la presión ciudadana, el caso traspasó las fronteras mexicanas y nació un concepto que retumba en la prensa internacional: “El escándalo de Mazatlán”.

Interpol México abrió una línea de investigación centrada en el tráfico de órganos en el Pacífico Norte. Sin embargo, al pasar el expediente a la Fiscalía General de la República, faltaban 42 páginas clave: informes forenses, resultados de cateos, y documentos que vinculaban a Valentinos con funcionarios estatales. La sombra del encubrimiento gubernamental se tornó indiscutible.

El gobernador Rubén Rocha Moya calificó todas las denuncias como “especulaciones malintencionadas que intentan manchar la imagen de Sinaloa”. No mencionó a Carlos.

No mencionó a los miles de desaparecidos. Defendió el prestigio del Estado, no el derecho de las familias a la verdad.

El caso de Carlos Emilio ya no es únicamente la tragedia de un hogar destruido. Es el reflejo nítido de un sistema donde:

La policía protege a los criminales.
Los funcionarios venden justicia al mejor postor.
El cuerpo humano se convierte en mercancía con alto valor.

Carlos sigue desaparecido. Terraza Valentinos opera bajo otro nombre. El expediente continúa marcado con una frase que insulta la inteligencia pública: “Persona no localizada. Investigación en curso.” Pero la verdad no muere, incluso cuando se intenta enterrarla.

Esa verdad vive en la determinación de una madre que no se rinde. Vive en el trabajo de periodistas dispuestos a arriesgarlo todo. Vive en una sociedad que ya no acepta callar.

Porque cuando la verdad regrese, y regresará, la pregunta no será solo qué pasó con Carlos Emilio. La verdadera pregunta será: ¿cuántos Carlos Emilio más deben desaparecer para que México despierte?