Si no fuera por el operativo realizado al amanecer en Catatumbo, la caída del avión de SETENA en Ocaña quizá habría quedado registrada como una tragedia aérea más.

Sin embargo, la captura de un ex mecánico aeronáutico en una finca fortificada cambió

por completo el relato oficial y abrió una línea inquietante donde el desastre deja de ser accidental y pasa a parecer el resultado de una planificación fría, precisa y con motivación política.

La operación se ejecutó en absoluto sigilo. Bajo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, unidades especiales del Comando Jungla, inteligencia antiterrorista y fiscales de élite avanzaron simultáneamente hacia una propiedad rural en Teorama, en pleno Catatumbo.

Allí fue detenido J. Montañés, de 42 años. Su perfil encendió las alarmas de inmediato. Se trataba de un ex mecánico aeronáutico con amplio conocimiento de sistemas de vuelo y protocolos de mantenimiento, además de antecedentes de acceso a zonas técnicas aeroportuarias.

La finca no era solo un escondite. En su interior, las autoridades hallaron fusiles AK 47, granadas, 12 kilos de cocaína y documentos técnicos de aeronaves alterados manualmente.

Diagramas con anotaciones, conexiones tachadas y recalculadas revelaban un estudio meticuloso orientado a intervenir sistemas críticos de seguridad. Un investigador describió el lugar como un taller del terror más que como una vivienda clandestina.

Estos hallazgos obligaron a reabrir el expediente del siniestro que dejó 15 muertos, entre ellos el congresista Diógenes Quintero. Los primeros informes apuntaban a una posible falla técnica combinada con condiciones climáticas adversas.

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Hoy, esa hipótesis se derrumba. Según la investigación, Montañés utilizó una credencial antigua y contó con la complicidad de un guardia de seguridad sobornado con dos millones de pesos para ingresar al área técnica una hora antes del despegue.

Una vez dentro, el acusado habría intercambiado las conexiones de dos sensores clave, el de presión de combustible y el de velocidad aérea.

La maniobra no provocó un fallo inmediato, sino que generó lecturas erróneas en cabina. Los pilotos, confiando en los instrumentos, tomaron decisiones basadas en datos falsos. El error no estaba en ellos, sino en la información que recibían.

La investigación sostiene además que se introdujeron alrededor de 50 litros de combustible Jet A1 adulterado y de baja concentración.

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Esta mezcla provocó detonaciones internas y una pérdida progresiva de potencia en el momento más crítico del vuelo, durante el ascenso.

Expertos en aviación señalan que se trata de un sabotaje sofisticado, diseñado para retrasar el colapso y dificultar la identificación de la causa real.

Las pruebas materiales se complementan con indicios reveladores sobre la logística del crimen. Durante los allanamientos se encontraron cartas manuscritas enviadas por correo postal.

En lugar de aplicaciones cifradas, los autores intelectuales recurrieron a métodos analógicos para evitar la vigilancia electrónica.

En esas cartas aparecían instrucciones directas y escalofriantes, como “asegurar que el vuelo no llegue a destino”. Este hallazgo marcó un punto de quiebre en el caso.

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El rastro financiero también comenzó a emerger. Registros bancarios indican la transferencia de 500 millones de pesos desde una cuenta en Panamá hacia intermediarios, antes de llegar a Montañés.

La ruta del dinero apunta a una estructura criminal organizada y descarta la tesis de un acto individual impulsado por motivos personales.

Uno de los descubrimientos más perturbadores ocurrió detrás de un muro falso en la vivienda del sospechoso. Allí fueron encontrados dos cuerpos en avanzado estado de descomposición.

Las primeras hipótesis señalan que podrían ser informantes que intentaron alertar sobre el plan y fueron asesinados para silenciar cualquier advertencia. Este elemento añade una dimensión aún más oscura al caso.

A medida que avanzan las pesquisas, el móvil político se vuelve central. El congresista Diógenes Quintero, una de las víctimas, estaba reuniendo pruebas sobre la infiltración de capitales del narcotráfico y de estructuras paramilitares en proyectos locales de desarrollo en Norte de Santander.

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Fuentes judiciales sostienen que su eliminación habría sido vista como una forma de proteger un entramado de corrupción profundamente arraigado.

En varios documentos incautados aparece el nombre de Comandante Andrómeda. Se trata de un ex jefe paramilitar que, según los investigadores, aún controla rutas estratégicas del narcotráfico en Catatumbo.

Aunque permanece prófugo, es señalado como el autor intelectual de la operación, utilizando a Montañés como pieza técnica clave dentro de un plan diseñado para simular un accidente.

El gobierno reaccionó con firmeza. El presidente Petro calificó el hecho como un ataque directo a la democracia y prometió llevar ante la justicia a todos los responsables.

La revisión de los datos de la caja negra permitió limpiar el nombre de la tripulación. Los registros muestran a los pilotos luchando hasta el último segundo por mantener el control de la aeronave, enfrentando instrumentos que transmitían información completamente errónea.

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En Norte de Santander, la indignación social creció con rapidez. Las vigilias por las víctimas derivaron en marchas masivas exigiendo justicia.

No solo se llora a los fallecidos, también se cuestiona la seguridad de la infraestructura aérea y la capacidad del Estado para impedir que el crimen organizado penetre sectores estratégicos.

La investigación continúa ampliándose hacia personal aeroportuario, proyectos regionales y figuras influyentes de la zona.

Lo que comenzó como un accidente aéreo se ha convertido en una prueba decisiva para el Estado colombiano en su lucha contra redes criminales y en la defensa de sus instituciones democráticas.

Y la pregunta que persiste, incómoda y urgente, es cuántas tragedias más siguen esperando ser llamadas por su verdadero nombre.