La noche del 3 de enero de 2026, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en Iztapalapa, un hecho de tránsito se transformó en una tragedia que todavía conmociona a México.

La víctima fue Roberto Hernández, de 52 años, repartidor de productos lácteos, quien se desplazaba en motocicleta para recoger a su pareja al salir del trabajo. Detrás de él circulaba un Honda City azul. El impacto ocurrió en segundos, pero lo que siguió abrió una herida profunda en la opinión pública.

De acuerdo con registros de cámaras urbanas y videos captados por ciudadanos, el choque por alcance hizo que Roberto cayera al asfalto y quedara atrapado bajo el vehículo. En lugar de detenerse, la conductora continuó avanzando.

Durante casi 2 kilómetros, a lo largo de más de una docena de calles, el cuerpo fue arrastrado bajo el automóvil.

Conductores tocaron el claxon, peatones gritaron y señalaron, pero el coche no se detuvo. Solo al pasar por un tope en el cruce de Francisco Mújica y Félix Palavicini, el cuerpo fue expulsado. El Honda City aceleró y huyó, dejando atrás a un hombre sin vida y a testigos en estado de shock.

La brutalidad del episodio se agravó por la desinformación que surgió horas después. En redes sociales circularon versiones que acusaban a la víctima de intentar un asalto.

La familia y compañeros de trabajo desmintieron con firmeza esos señalamientos. Roberto, dijeron, era un trabajador dedicado de la empresa Lala, sostén de su hogar y sin antecedentes penales.

La necropsia confirmó que fue embestido por detrás mientras circulaba con normalidad y que no hubo conducta indebida por su parte.

Dos días más tarde, el vehículo involucrado apareció abandonado en Nezahualcóyotl. Presentaba daños visibles en la parte frontal y carecía de placas.

Estos indicios reforzaron la hipótesis de una huida deliberada. Medios locales identificaron a la presunta responsable como Gabriela, de 43 años. La revelación de su identidad provocó una ola de indignación adicional cuando se supo su ocupación.

Gabriela es enfermera especialista del Hospital Juárez, una de las instituciones médicas más reconocidas de la capital. También cuenta con estudios de posgrado en gestión hospitalaria.

Para amplios sectores de la sociedad, el contraste fue devastador. Una profesional formada para salvar vidas, acusada de abandonar a una persona herida en plena vía pública y de intentar borrar rastros, encendió un debate ético de gran calado.

Familiares de la sospechosa relataron que regresó a su domicilio esa misma noche en estado de pánico, recogió algunas pertenencias y se marchó.

Desde entonces no volvió a su trabajo ni dio señales públicas. La combinación de fuga, profesión sanitaria y gravedad del hecho detonó una reacción social inmediata.

Motociclistas, repartidores y conductores de plataformas organizaron protestas en distintos puntos de Ciudad de México. Bloquearon arterias como Calzada de Tlalpan y Circuito Interior para exigir justicia.

En sus consignas subrayaron que quienes trabajan sobre dos ruedas son especialmente vulnerables y que el caso de Roberto simboliza una realidad cotidiana de riesgo e indefensión.

El foco de la controversia se trasladó pronto al terreno legal. En un inicio, la investigación se encuadró como homicidio culposo derivado de un accidente vial. Sin embargo, juristas y organizaciones civiles cuestionaron esa clasificación.

Argumentaron que arrastrar a una persona durante una distancia tan prolongada, ignorar advertencias y retirar placas del vehículo apunta a una conducta que excede la negligencia simple. La exigencia fue clara: una investigación acorde con la gravedad de los hechos.

A ello se sumó la crítica por la lentitud en la emisión de una orden de captura pública. Pese a la existencia de videos, la localización del automóvil y la identificación de la sospechosa, el arresto no se produjo de inmediato.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan de manera coordinada para dar con el paradero de la presunta responsable y negó cualquier trato de favor.

Para la familia de la víctima y para buena parte de la ciudadanía, cada día sin detención alimenta la percepción de impunidad.

En el plano humano, la familia de Roberto Hernández enfrenta un duelo marcado por la exposición pública. Además de la pérdida repentina, debieron defender su memoria frente a rumores dañinos.

Las imágenes finales del arrastre, difundidas masivamente, se convirtieron en un símbolo doloroso y persistente.

El caso de Iztapalapa trascendió el ámbito de un siniestro vial. Colocó en el centro del debate la cultura de conducción en una metrópoli saturada, la reacción individual ante un error con consecuencias fatales y la capacidad del sistema de justicia para responder con celeridad y firmeza.

Cuando una vida puede ser arrastrada casi 2 kilómetros y el responsable dispone de tiempo para huir, la sociedad no solo demanda una sentencia ejemplar.

Exige una respuesta clara que reafirme que ninguna profesión, estatus o circunstancia está por encima del valor de una vida humana y de la obligación de rendir cuentas ante la ley.