Durante años, Anthony Santos eligió callar. Mientras su nombre era arrastrado por titulares, comentarios incendiarios

y versiones emocionales que circulaban sin freno, el ícono de la bachata optó por dejar que los documentos hablaran.

Hoy, ese silencio se quiebra. Y lo hace con una respuesta que no busca aplausos ni reconciliaciones públicas, sino que coloca sobre la mesa una pregunta incómoda para la opinión pública: ¿qué parte de esta historia fue contada con precisión y cuál fue moldeada por la controversia?

El conflicto se remonta a 2015, cuando la doctora Carmen Josefina Jiménez inició un proceso legal para establecer la paternidad de su hijo, señalando a Anthony Santos como el padre biológico.

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Desde entonces, el caso trascendió el ámbito judicial y se convirtió en un espectáculo mediático.

Declaraciones emotivas, acusaciones cruzadas y rumores de sanciones penales ocuparon espacios en programas de televisión, portales digitales y redes sociales en República Dominicana y otros países de América Latina.

Sin embargo, el expediente judicial cuenta una historia menos dramática y mucho más técnica. De acuerdo con la defensa del artista, representada por el abogado Carlos Valcaser, Anthony Santos nunca se negó a colaborar con la justicia.

El cantante acudió al laboratorio designado para la prueba de ADN en la fecha establecida, incluso antes que la madre y el menor.

El resultado fue concluyente: una probabilidad de paternidad del 99,9 por ciento, cerrando cualquier duda científica sobre el vínculo biológico.

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Entonces, ¿por qué el proceso se prolongó durante tantos años? Según la defensa, no por evasión del artista, sino por una serie de retrasos administrativos y decisiones procesales de la contraparte.

En las primeras etapas, la doctora Jiménez se habría negado a realizar la prueba de ADN antes de una audiencia clave en marzo.

A ello se sumaron varios cambios de abogado, lo que obligó a rehacer documentos, reprogramar audiencias y extender los plazos legales.

Uno de los puntos más sensibles para la opinión pública fue el hecho de que, pese al fallo que confirma la paternidad, el niño aún no figure inscrito oficialmente con el apellido Santos.

Este detalle fue interpretado por muchos como una negativa del cantante a asumir su rol. No obstante, la explicación jurídica es distinta.

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La sentencia original carecía de un dato obligatorio: el número de cédula de Anthony Santos, información que el laboratorio no incluyó en el informe de ADN.

Sin ese dato, el Registro Civil no puede completar la inscripción. La defensa del artista presentó una copia a color de la cédula para corregir el error y actualmente espera una sentencia modificada que subsane la omisión.

Solo entonces podrá formalizarse la inscripción con el apellido paterno, un paso administrativo que no depende de la voluntad personal del cantante, sino de la corrección del fallo judicial.

Mientras tanto, la doctora Jiménez intensificó su presencia mediática. En varias intervenciones aseguró que Anthony Santos aceptó la prueba de ADN bajo amenaza de cárcel y que se ha negado a pagar manutención.

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Ambas afirmaciones fueron rechazadas por la defensa. El abogado Valcaser fue enfático al señalar que la ley no contempla prisión por negarse a una prueba de ADN y que, en este caso, nunca existió tal negativa.

Respecto a la manutención, la defensa explicó que la sentencia actual se limita a establecer la relación de paternidad.

No existe aún una orden de pensión alimenticia, ya que ese tema corresponde a otro tribunal, específicamente uno de conciliación.

Según Valcaser, su cliente está dispuesto a dialogar y acordar un monto razonable que responda a las necesidades reales del niño, sin necesidad de prolongar el conflicto en los tribunales ni en los medios.

La postura del entorno del artista refuerza esta línea. Lenín Ramírez, mánager de Anthony Santos, afirmó que el cantante siempre ha sido un padre responsable con todos sus hijos.

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Subrayó que no es un hombre que utilice su vida familiar como herramienta de promoción y que precisamente por eso eligió mantenerse al margen del ruido mediático.

A su juicio, exponer un conflicto de esta naturaleza de forma constante solo perjudica al menor, quien queda atrapado en una disputa pública que no eligió.

Fuentes cercanas al cantante señalan que su mayor preocupación es el impacto psicológico que este caso pueda tener en el niño.

Crecer rodeado de titulares sensacionalistas, acusaciones y debates públicos puede dejar huellas difíciles de borrar.

Por esa razón, Anthony Santos optó por una estrategia discreta, confiando en que los tiempos de la justicia permitirían resolver el caso sin convertirlo en un circo mediático.

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La defensa incluso sugirió que detrás de la insistencia pública de la doctora Jiménez podría existir un componente personal.

Según sus declaraciones, la frustración derivada de la negativa del artista a establecer una relación sentimental habría influido en la forma en que el conflicto fue llevado a los medios.

Esta afirmación, lejos de cerrar el debate, añadió una nueva capa de polémica a un caso ya cargado de emociones.

Con su reciente pronunciamiento, Anthony Santos no busca limpiar su imagen con discursos emotivos, sino reordenar los hechos.

Documentos, fechas, procedimientos y competencias judiciales forman el eje de su respuesta. Una vez que la sentencia corregida sea emitida y la inscripción del menor quede formalizada, su equipo asegura que se iniciará de inmediato un diálogo para definir el apoyo económico correspondiente.

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El caso sigue abierto, al menos en el terreno de la opinión pública. Pero la intervención del artista deja en evidencia una brecha profunda entre la narrativa emocional que dominó el debate y la realidad jurídica que avanzó en silencio.

Al final, la pregunta que queda flotando no es quién ganó la batalla mediática, sino quién protegió realmente el interés del niño, el único protagonista que nunca tuvo voz en esta historia.