Hay muertes que no solo apagan una vida, sino que abren una puerta oscura hacia la zona gris donde se cruzan poder, lealtad y traición.

El asesinato de El Panu en Zona Rosa, en pleno centro vigilado de la Ciudad de México, sacudió por igual al mundo criminal y a las instituciones encargadas de la seguridad pública.

El caso obliga a formular una pregunta incómoda y polémica: ¿la bala final fue disparada por un enemigo tradicional o por el colapso de las garantías que el propio El Panu creyó tener?

Según la investigación de la periodista Anabel Hernández, El Panu no era un sicario menor eliminado al azar. Era una pieza estratégica dentro del engranaje del Cártel de Sinaloa, en particular del grupo conocido como Los Chapitos.

En su condición de brazo derecho, hombre de máxima confianza y compadre de Iván Archivaldo Guzmán, El Panu manejaba secretos clave vinculados a la logística del fentanilo, las finanzas y la coordinación de células armadas.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares por su captura, lo que lo convertía en uno de los objetivos más buscados en la guerra contra el narcotráfico.

En ese contexto, su presencia serena en Zona Rosa resultó desconcertante. El Panu cenaba con su madre en un restaurante ubicado en una zona turística, a pocos minutos de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital.

No se observaba un despliegue evidente de escoltas armados ni medidas extremas de protección. En el lenguaje del crimen organizado, una escena así roza lo impensable.

Quienes ocupan posiciones de alto rango saben que la mínima distracción puede costar la vida, y jamás exponen a su familia si no existe una garantía absoluta de seguridad.

Ese detalle llevó a Hernández a una conclusión explosiva. De acuerdo con fuentes consultadas por la periodista, el “chaleco” invisible que El Panu creía portar no provenía de sus hombres armados, sino de sectores de la autoridad local.

Hernández sostiene que parte del equipo de protección que acompañó a El Panu ese día estaría integrado por policías en activo de la SSP de la Ciudad de México.

Esa presunta cobertura explicaría por qué el capo podía moverse con tranquilidad en un área saturada de cámaras y patrullajes, sin temor a ser detenido o atacado.

Las revelaciones se tornan aún más delicadas cuando Hernández menciona directamente a Pablo Vázquez, actual titular de la SSP capitalina, y su vínculo político con Omar García Harfuch, una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad federal.

En el pasado, declaraciones de Dámaso López Serrano, conocido como Mini Lic, señalaron presuntos sobornos de Los Chapitos hacia Harfuch. Aunque tales acusaciones no han sido probadas en tribunales, resurgen ahora en un contexto que amplifica la sospecha y el debate público.

El asesinato en Zona Rosa deja de ser entonces un ajuste de cuentas ordinario. Plantea la posibilidad de una traición letal o de una falla grave en el sistema de protección que El Panu consideraba seguro.

Si agentes policiales formaban parte de su escolta, la pregunta inmediata es por qué esa cobertura desapareció en el momento decisivo. ¿Quién ordenó el repliegue o quién permitió que el ataque se ejecutara sin obstáculos?

Dentro de Los Chapitos, la muerte de El Panu se interpreta como un golpe severo a una estructura ya debilitada. Fuentes cercanas señalan dificultades financieras y una presión creciente de rivales y de operativos oficiales.

El Panu, con redes propias y recursos independientes, era visto como uno de los pocos capaces de sostener la logística y el músculo armado del grupo. Su eliminación no solo afecta la operatividad, sino que siembra temor entre quienes permanecen en la cúspide.

Conviene subrayar que El Panu no era un hombre imprudente. Testimonios coinciden en describirlo como calculador y cauteloso. El hecho de presentarse en público con su madre sugiere que confiaba plenamente en un entorno protegido.

La caída de esa confianza confiere a su muerte un tono trágico, como el de alguien que camina entre depredadores convencido de estar resguardado por quienes deberían cazar a esos mismos depredadores, hasta que descubre demasiado tarde que la protección se ha desvanecido.

Las consecuencias del caso trascienden al crimen organizado. Para la ciudadanía mexicana, el episodio erosiona aún más una confianza ya frágil en las instituciones de seguridad.

Cuando organismos destinados a proteger a la población son señalados por encubrir o convivir con criminales, la frontera entre ley y delito se vuelve peligrosamente difusa. La pregunta sobre en quién confiar deja de ser retórica y se convierte en una inquietud cotidiana.

En el plano internacional, el asesinato de El Panu ilustra la complejidad de la lucha antidrogas en México. Demuestra que el problema no se limita a los grupos armados, sino que incluye relaciones entrelazadas entre poder formal y mundo criminal.

Cuando esos vínculos se quiebran, el resultado no es solo la caída de un capo, sino el debilitamiento de todo un sistema.

Al final, la muerte de El Panu deja un vacío inquietante y una advertencia contundente. En una guerra donde no existen líneas claras entre protector y perseguido, la confianza puede convertirse en el arma más letal. Y cuando la cuchilla emerge desde la sombra, nadie puede asegurar que no será el siguiente.