En el momento más turbulento de la política mexicana, cuando el PRI enfrentaba una crisis interna y un desgaste público sin precedentes

una historia paralela comenzó a desarrollarse en silencio y pronto se convirtió en el centro de una conmoción nacional.

Una amenaza enigmática, presuntamente proveniente del CJNG, colocó a Alejandro “Alito” Moreno en el ojo de un huracán político y de seguridad.

Pero lo que ocurrió después no solo desconcertó a la opinión pública, sino que también abrió interrogantes inquietantes sobre la cercanía del país a una posible desestabilización nacional.

Llamadas anónimas, documentos secretos filtrados desde el extranjero, reuniones clandestinas y decisiones cargadas de riesgo se entrelazaron hasta revelar un escenario oscuro en el que convergían crimen organizado, intereses internacionales y un juego de poder que superaba todo precedente.

La cadena de sucesos comenzó con un detalle escalofriante. Ricardo Velázquez, uno de los aliados más cercanos de Alito, recibió una llamada con una voz distorsionada que exigía organizar una reunión con el líder priista.

Ante la negativa de Ricardo, los interlocutores comenzaron a revelar información personal sobre su familia, desde rutinas cotidianas hasta movimientos privados, dejando claro que no se trataba de una advertencia común.

Antes de colgar, los desconocidos mencionaron tres letras que helaron la sangre: CJNG. Días después, Ricardo encontró un sobre sin remitente en la entrada de su casa. Dentro había fotografías de su esposa e hijo, acompañadas de una nota que urgía a Alito a aceptar una reunión “por el futuro de México”.

Alito respondió reforzando de inmediato la seguridad de la familia Velázquez y declinó reunirse directamente con cualquier representante del cártel. Pero la situación escaló cuando él mismo recibió una llamada. Esta vez no hubo amenazas directas.

Una voz firme, pausada, aseguró que tenían información sobre un plan para desestabilizar al país, un complot que involucraba directamente a Alito y a altos dirigentes políticos.

Dejaron coordenadas para un encuentro en extremo discreto y se limitaron a afirmar que lo que estaba en juego “trascendía cualquier rivalidad interna”.

Tras conversar con su esposa Cristel y con el equipo dirigido por el exmilitar Javier Méndez, Alito tomó una decisión crucial: no cortar la comunicación. Mantener ese canal abierto sería peligroso, pero también la única forma de evaluar la magnitud de la supuesta amenaza.

La primera reunión se llevó a cabo en un restaurante de Polanco, lejos de las miradas indiscretas. Francisco Ortega apareció como portavoz de “ciertos intereses”, presentando una tableta con documentos confidenciales supuestamente obtenidos de una agencia de inteligencia extranjera.

El archivo detallaba un operativo llamado Proyecto Eclipse, un plan estructurado para eliminar políticamente —e incluso físicamente— a figuras clave del Estado.

El nombre de Alito figuraba en la lista. Más alarmante aún: tres de las personas mencionadas ya habían sufrido amenazas o accidentes sospechosos durante las últimas semanas.

El equipo jurídico del priista, liderado por Luis Torres, y la analista Carmen Vega verificaron el contenido. Los códigos internos, los metadatos y el lenguaje técnico sugerían una autenticidad difícil de falsificar. A la vez, los movimientos políticos recientes encajaban inquietantemente con lo descrito en aquellos documentos.

Mientras tanto, Mariana Díaz, asesora del diputado Hernández, contactó a Alito con noticias igual de perturbadoras. Hernández había sobrevivido por poco a un intento de irrupción violenta en su domicilio.

La investigación reveló que los responsables trabajaban para una contratista extranjera vinculada a un consorcio internacional llamado Axium Global Investments.

Esta corporación estaba adquiriendo silenciosamente sectores estratégicos de México: telecomunicaciones, aeropuertos, infraestructura digital y seguridad cibernética.

El origen del financiamiento apuntaba a fondos soberanos extranjeros. Cuatro de los seis legisladores que integraban la comisión investigadora estaban incluidos en la lista del Proyecto Eclipse.

Al conectar todas las piezas, Alito comprendió que no enfrentaba una amenaza aislada, sino un entramado complejo que involucraba crimen organizado, capital extranjero y estructuras de inteligencia fuera del país. En ese contexto sombrío, el PRIista se encontró obligado a mantener contacto con un actor inesperado e incómodo: el CJNG.

La segunda reunión fue aún más tensa. Esta vez llegó Javier Montero, figura con poder real dentro del esquema y quien dejó claro que el cártel actuaba en la sombra para frenar la penetración de intereses extranjeros en México.

Su frase fue contundente: “Preferimos enfrentar a los demonios que conocemos antes que a los demonios que vienen de fuera”.

Montero planteó tres exigencias: formar un frente político unido contra la injerencia exterior, proteger a los legisladores del grupo Hernández y acelerar leyes que limitaran la inversión extranjera en sectores estratégicos.

Era, sin duda, una intromisión directa en la arquitectura política del país. Pero Alito sabía que rechazar ese flujo de información podía ser suicida para su esfuerzo por desarticular el Proyecto Eclipse.

Decidió entonces cooperar de manera limitada pero estratégica, manteniendo una distancia suficiente para no comprometer su integridad política.

Entre dos peligros —el crimen organizado y la infiltración internacional—, Alito concluyó que el segundo representaba un riesgo aún mayor para la soberanía nacional.

A través de esta alianza incómoda pero efectiva, surgió información crucial sobre un posible operativo durante el Foro de Seguridad Nacional en Monterrey.

Según el análisis recibido, el plan contemplaba secuestros selectivos para justificar el control externo de infraestructuras vitales. La operación para desmontar ese entramado fue rápida y sorprendentemente eficiente.

Los activos extranjeros vinculados a Axium Global se retiraron del país, y varios funcionarios mexicanos que colaboraban con la red, incluido el secretario Torres, fueron detenidos.

Lo que el público nunca supo es que parte esencial del éxito provino de inteligencia compartida por el CJNG.

Y como se había pactado desde el principio, la colaboración terminó abruptamente una vez cumplido el objetivo común. No hubo despedidas ni agradecimientos. Solo un mensaje final: “Misión cumplida. Acuerdo respetado”.

México continuó su marcha habitual al día siguiente. Pero para Alito Moreno nada volvió a ser igual. Su imagen se fortaleció. Fue descrito como el político que priorizó la soberanía nacional sobre cualquier interés partidista.

Analistas comenzaron a mencionarlo como candidato natural a la presidencia. Sin embargo, detrás de esa narrativa heroica se escondía una verdad incómoda: para proteger a México, Alito tuvo que cruzar una línea que ningún político admite haber cruzado.

Ese es el costo silencioso de haber desactivado un complot internacional. Y es también la carga moral que Alito cargará probablemente el resto de su vida. Porque tal vez solo él conoce cuán cerca estuvo México del abismo.