Colombia enfrenta una de sus crisis institucionales más profundas bajo el mandato de Gustavo Petro. En una sesión cargada de tensión y reclamos legítimos, el representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio César Triana, anunció la formulación de una queja formal ante la Comisión de Investigación y Acusaciones contra el presidente de la República. El motivo: su presunta responsabilidad y negligencia como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares en relación con la reciente tragedia del avión Hércules y el deterioro acelerado de la seguridad nacional.
Prioridades distorsionadas: Billones para la burocracia, centavos para los héroes
La intervención de Triana fue un ataque frontal a la gestión presupuestal del Gobierno del Cambio. Según el congresista, el país asiste a un espectáculo de derroche en sectores no prioritarios mientras la fuerza pública agoniza por falta de recursos. “Usted abandonó la seguridad desde el día en que tomó posesión”, sentenció Triana, señalando que el Gobierno trasladó 2.5 billones de pesos al Ministerio de la Igualdad para crear burocracia innecesaria, dinero que debió destinarse al fortalecimiento de las tropas .
El representante denunció que, mientras el gobierno gasta sumas astronómicas en producciones cinematográficas y embajadas rimbombantes, la realidad operativa de las fuerzas es desoladora. “Han tenido que disminuir la plata para horas de vuelo, para contratar pilotos y para el mantenimiento”, afirmó . Esta desfinanciación ha llevado a situaciones críticas, como el escándalo de los helicópteros MI17, que hoy permanecen en tierra debido a actos de corrupción y falta de compromiso presupuestal .
La tragedia del Hércules: El detonante de la denuncia
La pérdida de vidas de militares en eventos recientes, como el siniestro del avión Hércules, ha sido el catalizador para esta acción legal. Para Triana, estas muertes no pueden “pasar de agache” ni ser atribuidas simplemente al azar. El congresista argumenta que existe un “descuido” sistemático por parte de Petro en su rol constitucional de mando, lo que ha permitido que los grupos armados ilegales pasen de 16,000 a 21,000 hombres en apenas un año, ante la mirada impotente de un Estado desarmado por su propio líder
La denuncia se ampara en el numeral 3 del artículo 89 de la Constitución Política, buscando que la Comisión de Acusaciones —históricamente cuestionada por su ineficacia— finalmente actúe frente a lo que se califica como “ineptitud, incapacidad y negligencia” del jefe del Pacto Histórico .
El colapso de la salud: Dos años de dolor y “muerte” bajo intervención
A la crisis de seguridad se suma un panorama desolador en el sistema de salud, denunciado en la misma sesión por el representante Jorge Méndez. Al cumplirse dos años de la intervención de la Nueva EPS por parte del gobierno Petro, los resultados son catastróficos. Méndez reveló cifras de la Corte Constitucional que indican que el año 2025 fue el periodo con más tutelas por salud en la historia de Colombia, alcanzando casi el millón de acciones judiciales (923,397) .
El departamento de San Andrés y Providencia es uno de los más afectados. Los isleños están padeciendo la falta de medicamentos de alto costo y remisiones vitales. “Se están perdiendo vidas esperando una remisión… La semana pasada falleció una persona esperando un traslado que nunca llegó”, denunció Méndez con indignación . El congresista tildó de “cínica” la postura del gobierno de querer liquidar EPS que ellos mismos han manejado negligentemente durante los últimos dos años, llevando al sistema a un caos sin retorno.
Un llamado a la dignidad y la justicia
El debate en el Congreso dejó claro que gran parte del país percibe un abandono estatal sin precedentes. Mientras el presidente Petro utiliza sus intervenciones para culpar al Legislativo y a las Altas Cortes de sus propios fracasos, la realidad en las regiones es de toma territorial por grupos criminales y desatención médica básica.
La queja ante la Comisión de Acusaciones es un paso histórico que busca establecer responsabilidades políticas y penales. Colombia observa con atención si las instituciones encargadas de juzgar al presidente estarán a la altura del clamor ciudadano o si la negligencia denunciada quedará, una vez más, en la sombra de la impunidad. “Respeten la vida de los colombianos, respeten la vida de los isleños”, fue el clamor final que resonó en el recinto, resumiendo el sentimiento de una nación que se siente a la deriva .
