Un adolescente que ya había sido condenado por homicidio, que logró escapar de prisión y que empuñaba un arma desde los 14 años, volvió a las calles como si nada hubiera pasado.

Detrás del nombre “El Mono” no solo hay un caso criminal, sino una historia que sacude a la opinión pública y deja una pregunta incómoda: ¿el propio sistema terminó creando al mismo monstruo que ahora no puede detener?

El expediente de “El Mono” revela una caída acelerada hacia la violencia desde muy temprana edad. A los 14 años fue reclutado por la banda “Los Costeños”,

no como un simple miembro, sino como ejecutor.

En el mundo criminal de Barranquilla, los jóvenes sicarios no son una novedad, pero la rapidez con la que este menor escaló niveles de violencia lo convirtió en una figura particularmente peligrosa.

En poco tiempo ya estaba vinculado a homicidios, extorsiones y operaciones de dinero para estructuras ilegales.

En 2024, con apenas 15 o 16 años, fue capturado y condenado a ocho años en el centro de rehabilitación juvenil El Oasis. Para muchos, ese habría sido el punto de quiebre. Para él, fue solo una pausa. En noviembre de ese mismo año logró fugarse en circunstancias que aún generan dudas.

Luego huyó hacia Antioquia, donde se integró a un grupo armado ilegal, fortaleciendo su experiencia en combate y consolidando su rol dentro de redes criminales.

La controversia crece cuando se analiza la reacción del sistema judicial tras su recaptura. En medio de un enfrentamiento con el Ejército, “El Mono” resultó herido y fue entregado a las autoridades de Medellín.

Sin embargo, en lugar de ser devuelto a prisión, fue clasificado como “víctima de reclutamiento forzado” y dejado en libertad. Esta decisión, según varios analistas, no solo fue cuestionable, sino que abrió la puerta para que un individuo altamente peligroso regresara a la calle sin restricciones.

De vuelta en Barranquilla, su reintegración al mundo criminal fue inmediata. Ya no era un actor menor, sino una pieza clave en la ejecución de órdenes violentas y en la intermediación financiera entre grupos en Bogotá y estructuras locales.

Según lo expuesto en juicio, operaba como enlace para acciones conocidas como “limpieza social”, una práctica que sigue generando temor en distintas regiones del país.

La tragedia de las hermanas Hernández se desarrolla en este contexto. Las relaciones personales fueron el punto de entrada.

Juan David Taboada Olivera, alias “Tata”, mantenía una relación con la hermana mayor, Keila Nicole, mientras que “El Mono” tenía vínculos con la menor de 14 años. La madre de las víctimas, Maricuz Noriega, había advertido sobre los riesgos, pero sus alertas no lograron evitar el desenlace.

La noche del 18 de febrero, ambas jóvenes salieron de su casa tras recibir mensajes que las invitaban a encontrarse. Un vehículo de servicio pasó por ellas. Desde ese momento, desaparecieron.

Poco después comenzaron a llegar mensajes de extorsión. Las exigencias económicas iniciaron en 50 millones de pesos y fueron disminuyendo progresivamente, en una estrategia clara de presión psicológica.

Los responsables no solo amenazaban, también demostraban tener información sensible sobre la familia. Mencionaban vínculos y detalles que evidenciaban vigilancia previa. Ya no era solo un secuestro, sino un mecanismo de intimidación estructurado.

Durante las audiencias, los acusados afirmaron que actuaron porque creían que las jóvenes planeaban entregar a “El Mono” a “Los Costeños”.

Sin embargo, esta versión no ha sido plenamente comprobada. Para algunos especialistas, podría tratarse de una justificación posterior para encubrir un crimen deliberado.

En la madrugada del 19 de febrero, las hermanas fueron asesinadas en una vivienda en Malambo. Las autoridades establecieron que al menos siete personas estaban presentes.

Un video filtrado muestra el momento en que “El Mono” dispara, mientras otra voz reacciona con sorpresa. Las imágenes generaron indignación nacional y reforzaron la gravedad del caso.

En el proceso judicial, la Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas. Además, se confirmó que el acusado tenía órdenes de captura vigentes.

La representante del ente acusador rechazó cualquier posibilidad de libertad provisional, señalando que se trata de un individuo con recursos, conexiones y antecedentes de fuga, lo que representa un alto riesgo para la sociedad.

Mientras tanto, el dolor de la familia sigue presente. En el funeral, al que asistieron cientos de personas, la madre de las víctimas se desplomó en varias ocasiones. Su temor no solo es la pérdida, sino la posibilidad de que los responsables eludan nuevamente la justicia.

El caso deja múltiples interrogantes abiertos. ¿Cómo es posible que alguien con un historial tan grave haya sido liberado bajo la figura de víctima? ¿Quiénes son las otras personas involucradas y por qué no han sido detenidas? ¿Existió realmente un plan contra “El Mono” o fue una excusa para justificar el crimen?

Más allá de los detalles del caso, la discusión central gira en torno al tratamiento de menores vinculados a estructuras criminales. La línea entre protección y permisividad parece haberse difuminado.

Cuando un individuo ha demostrado reiteradamente su capacidad de violencia, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto debe el sistema seguir tratándolo como menor de edad?

Lo ocurrido no es solo un hecho aislado. Es una advertencia sobre fallas estructurales que, si no se corrigen, pueden repetirse. Porque el problema ya no es si aparecerá otro caso similar, sino cuánto tiempo falta para que vuelva a ocurrir.