En un episodio que marca un antes y un después en la relación binacional entre México y Estados Unidos, la reciente captura y abatimiento de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha destapado una grieta profunda en la confianza mutua
. El operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo fue una acción táctica de alta precisión, sino también un mensaje contundente de Washington: la inteligencia estadounidense ya no confía plenamente en sus contrapartes mexicanas para las fases críticas de planeación.
La razón principal de este hermetismo, según analistas y fuentes cercanas a las agencias de seguridad, radica en el temor fundado a las filtraciones. Durante años, la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras agencias han observado con frustración cómo operativos de alto nivel se ven frustrados en el último minuto debido a “pitazos” provenientes de funcionarios infiltrados en diversos niveles del gobierno mexicano.
Casos recientes, como los intentos fallidos de detener a Iván Archivaldo Guzmán, han servido de lección para el gobierno de los Estados Unidos, que en esta ocasión optó por el aislamiento informativo incluso frente a figuras clave como la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de seguridad Omar García Harfuch.
El factor de la desconfianza: ¿Por qué el silencio?
El operativo fue coordinado bajo una estructura de trabajo interagencial conjunta, liderada desde la sombra por figuras como el general brigadier Mauricio Calabresi. La estrategia fue clara: compartir la información con las fuerzas armadas mexicanas solo en el instante preciso del despliegue para minimizar cualquier riesgo de fuga. Este nivel de secrecía es un síntoma del deterioro institucional que se ha gestado en los últimos años. Se menciona con especial énfasis la salida de escena de figuras como Marco Antonio Ortega Siu, conocido como “El Águila”, un elemento de la Marina que contaba con la confianza absoluta de la DEA y que fue fundamental en capturas históricas como la de “El Chapo” Guzmán. Al ser desplazado a labores administrativas y posteriormente al retiro, se rompió uno de los puentes de comunicación más sólidos entre ambos países.
La falta de coordinación previa no solo responde a una cuestión técnica, sino también a una lectura política. El gobierno de Estados Unidos ha señalado vínculos preocupantes, mencionando incluso el uso del Banco del Bienestar para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero del fentanilo, lo que ha llevado a prohibir el envío de remesas a través de esta institución. Estas sospechas de colusión entre el crimen organizado y estructuras gubernamentales han levantado un muro de hielo que la administración actual no ha logrado derribar.
Un país bajo fuego y un gobierno que niega la realidad
Mientras el operativo se ejecutaba con éxito en términos de neutralización de objetivos, las consecuencias para la población civil en estados como Jalisco y Michoacán fueron desastrosas. Las carreteras se convirtieron en zonas de guerra, con tráileres incendiados, bloqueos y enfrentamientos a fuego abierto en más de 20 estados. Sin embargo, la respuesta oficial fue percibida como insensible y desconectada de la realidad. Mientras los ciudadanos permanecían aterrados en sus hogares, los mensajes provenientes del gabinete de seguridad hablaban de una supuesta “normalidad”.
Esta falta de honestidad gubernamental ha generado un estado de indefensión en la ciudadanía. La negativa a reconocer la magnitud de la violencia post-operativo no solo alimenta la desconfianza, sino que deja a los mexicanos a merced de la incertidumbre. La mentira oficial, al intentar proteger una popularidad política, choca de frente con la imagen de un tráiler ardiendo en la vía pública que los ciudadanos ven con sus propios ojos.
La presión de Washington: El factor Trump
La situación se complica aún más con la postura del gobierno estadounidense. A través de redes sociales, Donald Trump ha dejado claro que México debe hacer mucho más contra los cárteles, señalando que la detención de un solo capo no es suficiente mientras la estructura criminal siga operando. Para Washington, el desmantelamiento de los cárteles es una prioridad regional que trasciende las fronteras, y la presión sobre la administración de Sheinbaum para que rompa definitivamente con la política de “abrazos” de su predecesor es cada vez más asfixiante.
La presidenta se encuentra en una disyuntiva histórica: continuar bajo la sombra de la ideología de la administración anterior o aceptar una colaboración regional profunda que, aunque efectiva, implica reconocer que México no puede solo contra el narcoterrorismo. Reconocer la intervención de Estados Unidos no resta mérito a la valentía de los soldados mexicanos, pero sí exige una transparencia que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
El operativo contra “El Mencho” deja una lección amarga pero necesaria. La seguridad nacional no puede construirse sobre la base de la sospecha y el aislamiento. Mientras el gobierno mexicano no logre depurar sus propias filas y recuperar la confianza de sus aliados internacionales, los operativos seguirán dándose en medio del silencio y la población seguirá pagando el precio de una guerra que, aunque se gane en los campos de batalla, se está perdiendo en los despachos de la política y la inteligencia.
