La mañana del lunes 3 de marzo no amaneció con luto, sino con pólvora en Zapopan. Nueve días después de la muerte de Cártel Jalisco Nueva Generación y su líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el gobierno mexicano autorizó finalmente su sepultura en el cementerio La Paz, rodeado por un cerco militar sin precedentes, como si no se tratara de un entierro sino del cierre de una guerra.

Durante más de una semana el cadáver fue símbolo de disputa, botín, bandera y provocación; hubo intentos de recuperación por células armadas, rumores de robo, amenazas cruzadas y episodios violentos en distintos puntos de Jalisco, hasta que las autoridades concluyeron que la única forma de desactivar la espiral era permitir el entierro bajo condiciones extremas, con acceso restringido y vigilancia absoluta.

El operativo desplegó alrededor de 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, que sellaron cada calle alrededor del panteón en Zapopan, instalaron retenes, prohibieron armas sin excepción y limitaron el ingreso a familiares directos previamente identificados; la instrucción era clara: cualquier intento de alteración sería respondido de inmediato.

El traslado del cuerpo hacia Guadalajara se realizó en un convoy blindado escoltado por patrullas federales, mientras en distintos puntos de la ciudad se reportaban balaceras aisladas y vehículos incendiados, aparentes maniobras de distracción que buscaban fragmentar la atención de las fuerzas de seguridad; sin embargo, el ataúd llegó al cementerio sin ser interceptado.

A las diez de la mañana comenzó la ceremonia mínima, breve, casi susurrada; una veintena de familiares, entre ellos Rosalinda González Valencia, observaban en silencio mientras un sacerdote pronunciaba la bendición final sobre la tumba preparada con antelación, todo bajo la sombra de los fusiles apostados tras los muros.

Pero afuera la tensión crecía.

Desde las nueve y media, contingentes de hombres vestidos de negro se habían concentrado en las calles aledañas; muchos fingían ser dolientes, pero los mandos militares detectaron movimientos coordinados y comunicaciones constantes, hasta que el número de congregados alcanzó aproximadamente 500 integrantes vinculados al CJNG, según reportes preliminares.

A las 10:15, cuando el ataúd descendía a la fosa, unos 300 hombres extrajeron armas ocultas bajo la ropa y abrieron fuego simultáneo contra el perímetro militar desde distintos flancos, desatando un estruendo que rompió cualquier ilusión de despedida pacífica y transformó el panteón en un campo de batalla urbano.

Cuatro horas.

Ese fue el tiempo que duró el enfrentamiento más letal registrado en un solo choque entre fuerzas federales y un cártel en la historia reciente del narcotráfico mexicano, con ráfagas cruzadas, intentos de asalto humano en grupos de veinte o treinta atacantes y un volumen de fuego que obligó a solicitar refuerzos masivos.

En los primeros veinte minutos, los soldados repelieron embestidas sucesivas y abatieron a decenas de atacantes que intentaban romper la línea defensiva por saturación, mientras dentro del cementerio se evacuaba a los civiles y se suspendía la ceremonia; la prioridad era impedir que los agresores alcanzaran la tumba y convirtieran el entierro en un acto de propaganda armada.

Helicópteros artillados sobrevolaron la zona poco después, disparando contra concentraciones detectadas desde el aire, y convoyes adicionales con más de 300 elementos y vehículos blindados arribaron desde distintos puntos del área metropolitana, cerrando cualquier posible ruta de escape y atrapando a los atacantes entre fuego terrestre y aéreo.

El escenario se volvió tácticamente insostenible para los agresores, que aun así continuaron disparando sin aparente intención de rendirse; algunos lograron penetrar parcialmente el perímetro en dos puntos, pero fueron neutralizados antes de acercarse a la sepultura, mientras los blindados respondían con ametralladoras pesadas y los refuerzos consolidaban el cerco.

Al finalizar el operativo, el saldo preliminar era devastador: 312 presuntos sicarios abatidos y 143 capturados heridos, frente a 18 elementos federales fallecidos y 42 lesionados, cifras que reconfiguran el mapa del poder criminal en la región y dejan abierta la interrogante sobre la capacidad real de supervivencia del CJNG tras una pérdida de tal magnitud.

La tumba quedó custodiada permanentemente.

Para el gobierno federal, el mensaje es inequívoco: el Estado no negociará símbolos ni permitirá demostraciones armadas en espacios públicos, menos aún cuando se trata del líder de una organización que durante años desafió abiertamente a las instituciones; permitir el entierro fue, según esta lectura, una decisión calculada para cerrar un frente de conflicto que amenazaba con prolongarse indefinidamente.

Sin embargo, el ataque masivo sugiere que, incluso descabezado, el CJNG conserva núcleos de lealtad capaces de actuar con coordinación y disposición suicida, lo que plantea dudas sobre si la organización está realmente desmantelada o si se fragmentará en células autónomas que podrían alimentar nuevas disputas territoriales.

¿Fue inevitable esta masacre?

Algunos analistas consideran que la concentración de simpatizantes armados era previsible y que el riesgo de un choque frontal era alto desde el momento en que se anunció el lugar y la fecha del entierro; otros sostienen que la presencia militar masiva evitó un escenario aún más caótico, donde la violencia se habría expandido por toda la ciudad.

Lo cierto es que la imagen final no fue la de un capo despedido entre flores, sino la de un panteón convertido en zona de guerra, con humo elevándose sobre lápidas y sirenas marcando el fin de una era que dejó miles de muertos en menos de dos semanas desde la caída del líder.

El capítulo de “El Mencho” concluye bajo tierra, pero la pregunta persiste en los corredores del poder y en las calles de Jalisco: ¿quién ocupará el vacío y a qué costo?