La acusación cayó como una bomba en medio del debate político mexicano.

No llegó desde un tribunal ni desde un informe oficial, sino desde un estudio de televisión donde el analista y exfuncionario Simón Levy lanzó una afirmación que encendió inmediatamente las redes y reavivó uno de los debates más incómodos del país: la relación entre el poder político y el crimen organizado.

Su frase fue directa.

Según Levy, México habría vivido durante años bajo “un cártel disfrazado de gobierno”.

La acusación señalaba directamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como el supuesto “capo de todos los capos”, una expresión explosiva que inmediatamente se volvió tendencia en redes sociales.

Y el contexto no era cualquiera.

Las declaraciones aparecieron justo cuando el país discutía una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico, particularmente después de los recientes golpes contra organizaciones criminales que durante años parecían intocables.

En el centro de ese debate aparece una figura.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del continente, encabezado durante años por Nemesio Oseguera Cervantes.

Durante el programa, Levy aseguró que el equilibrio entre los cárteles en México no habría sido accidental.

Según su interpretación, habría existido una ingeniería política que permitió mantener cierto balance de poder entre las organizaciones criminales mientras el gobierno aplicaba la controvertida estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”.

Una frase que marcó toda una administración.

La idea central de Levy era clara: los recientes golpes contra los cárteles no habrían surgido de una decisión interna del gobierno mexicano, sino de presiones externas provenientes de Estados Unidos.

Y ahí aparece otro actor.

El expresidente estadounidense Donald Trump, cuya administración durante años presionó públicamente a México para endurecer la estrategia contra el narcotráfico y reforzar la cooperación en materia de seguridad.

Según esta narrativa, Washington habría empujado las operaciones que golpearon primero al Cártel de Sinaloa y posteriormente al CJNG.

Pero esa interpretación no es compartida por todos.

Durante el mismo debate televisivo, otros analistas recordaron que las operaciones contra el narcotráfico en México han dependido históricamente de una cooperación compleja entre ambos países, especialmente en el intercambio de inteligencia.

Incluso funcionarios del gobierno han reiterado en múltiples ocasiones que, aunque existe colaboración informativa con Washington, las operaciones en territorio mexicano son ejecutadas exclusivamente por fuerzas federales.

Sin embargo, las dudas persisten.

El propio Levy argumentó que el verdadero impacto político no sería la caída de un líder criminal, sino lo que ocurriría después dentro del sistema político mexicano.

Porque, según su análisis, el golpe contra el CJNG no solo afectaría al mundo criminal.

También podría provocar tensiones internas dentro del partido gobernante.

Un punto que muchos observadores consideran plausible.

Dentro del movimiento político que llevó a López Obrador al poder han coexistido corrientes distintas: sectores radicales, grupos moderados y actores pragmáticos que han tenido diferentes visiones sobre cómo enfrentar la violencia del narcotráfico.

Y esas diferencias podrían intensificarse.

Especialmente ahora que la presidencia está en manos de Claudia Sheinbaum, quien ha heredado una estrategia de seguridad que continúa siendo objeto de debate.

Días antes de la polémica declaración de Levy, Sheinbaum había reiterado públicamente un principio que forma parte del marco legal mexicano: ningún presunto criminal puede ser ejecutado sin juicio.

Debe ser detenido y procesado.

Ese comentario se refería a la obligación constitucional de respetar el debido proceso incluso en casos de narcotráfico.

Pero el contraste entre ese discurso y los recientes operativos contra líderes criminales alimentó nuevas teorías.

Para algunos comentaristas, los acontecimientos recientes podrían marcar el fin definitivo de la etapa conocida como “abrazos, no balazos”.

Para otros, simplemente representan una adaptación inevitable ante una realidad cada vez más compleja.

Lo cierto es que el narcotráfico en México funciona desde hace décadas como una estructura empresarial altamente organizada.

Muchos expertos lo comparan con una corporación.

Cuando un líder cae, otro toma su lugar.

Las redes de producción, distribución y financiamiento continúan funcionando.

Es un sistema que no depende de una sola persona.

Ese fue precisamente uno de los puntos discutidos durante el debate televisivo.

Algunos analistas compararon la estructura de los cárteles con grandes corporaciones internacionales: si el director ejecutivo desaparece, la empresa sigue operando porque la estructura ya está consolidada.

En ese sentido, la eventual caída de un líder como el Mencho no necesariamente significaría el fin del CJNG.

Solo una reorganización.

Pero la pregunta política sigue abierta.

¿Estamos presenciando un cambio real en la estrategia del Estado mexicano frente al narcotráfico?

¿O simplemente un reajuste dentro de un sistema que lleva décadas coexistiendo con el crimen organizado?

Las acusaciones de Simón Levy no aportaron pruebas concluyentes.

Pero lograron algo igualmente poderoso.

Reavivar una conversación incómoda.

La conversación sobre los límites entre poder político, seguridad nacional y crimen organizado en uno de los países más complejos del continente.

Y en México, cuando ese debate vuelve a la mesa, las repercusiones suelen ir mucho más allá de un programa de televisión.

Porque cada declaración abre nuevas preguntas.

Y algunas de ellas siguen sin respuesta.