La escena política mexicana vuelve a estremecerse tras la captura de los siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, acusados de haberlo “entregado” al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las revelaciones que surgieron después de semanas de análisis de cámaras, rastreo de decenas de miles de movimientos bancarios y entrevistas minuciosas han dibujado un panorama desolador:

el asesinato de Manso no fue un ataque improvisado, sino una operación calculada, ejecutada con precisión quirúrgica y con la colaboración de estructuras internas del Estado.

Pero el golpe más duro para la opinión pública está en otro punto: quienes debían protegerlo fueron los mismos que dejaron la puerta abierta para que lo mataran.

Desde el principio, el crimen exhibió anomalías evidentes. La falta de reacción del equipo, los huecos inexplicables en el anillo de seguridad y el comportamiento extraño de varios escoltas generaron sospechas inmediatas.

¿Negligencia, miedo o traición? La pregunta se volvió más inquietante cuando uno de los hombres más cercanos a Manso —Javier Medina Torres, jefe de escoltas— se derrumbó durante los interrogatorios y aceptó colaborar con las autoridades.

Las investigaciones identificaron a Medina como el engranaje principal de la conspiración.

Atrapado por deudas y presionado por un intermediario vinculado al CJNG, comenzó proporcionando información aparentemente inofensiva: horarios, cambios rutinarios, detalles sobre los recorridos del alcalde.

Pero los pagos iniciales —pequeños pero frecuentes— fueron el anzuelo. Cuando intentó apartarse, recibió mensajes con fotografías de sus hijos acompañadas de amenazas claras. Desde ese momento, se convirtió en un instrumento del Cartel.

La noche del asesinato fue crucial. A las 19:38, solo doce minutos antes de que el sicario abriera fuego, Medina recibió una llamada de 43 segundos proveniente de un número clasificado como “acceso institucional”, es decir, de alguien con poder dentro del aparato estatal.

Esa llamada se convirtió en el punto de quiebre de todo el caso. Tras colgar, Medina abandonó su puesto y dejó libre el flanco exacto por donde entraría el atacante.

Las cámaras confirmaron cada uno de sus movimientos. Desde agosto hasta noviembre, recibió 62.000 pesos, provenientes de cuentas conectadas con Los Cannabis, la célula de El Runo en Uruapan.

El segundo componente clave fue Rodrigo Campos Ibarra, encargado de las rutas y la coordinación con la Guardia Nacional.

Durante meses modificó protocolos: redujo personal, eliminó filtros, abrió espacios que antes estaban protegidos.

Campos declaró que seguía órdenes del gobierno estatal, las cuales afirmaban que la protección de Manso era “excesiva”.

Los mensajes incautados del teléfono de El Licenciado, jefe de célula del CJNG en Uruapan, revelan conversaciones con funcionarios de Morelia sobre los cambios en el dispositivo de seguridad días antes del crimen.

Mientras Medina y Campos abrían el camino, otro escolta cumplía un rol aún más brutal: Hugo Rentería Solís. Presionado porque su hermano estaba encarcelado, aceptó colaborar con el CJNG a cambio de “protección”. Su misión era directa y despiadada: ejecutar al sicario si era capturado vivo.

Y así ocurrió. Cuando Víctor Manuel, un joven de 17 años, fue reducido por los ciudadanos tras disparar contra Manso, Rentería se acercó con total calma y le disparó en la cabeza frente a 54 testigos.

El silencio del principal testigo quedó sellado para siempre, tal como dictan los códigos criminales del Cartel.

Los otros cuatro escoltas —Marcos Ávila Durán, Daniel Ochoa Fermín, Luis Alberto Paredes Chávez y Ernesto Beltrán Ruiz— no actuaron directamente, pero su omisión fue decisiva.

Las cámaras los muestran observando la aproximación del atacante sin activar ninguna alerta ni intervenir. A lo largo de septiembre y octubre recibieron pagos pequeños pero constantes, sumando cerca de 100.000 pesos, suficientes para garantizar su complicidad pasiva.

La participación de altos mandos del CJNG es clara:
Ramón Álvarez Ayala, “El Runo”, figura clave tras El Mencho, ordenó la ejecución.

Jorge Armando, “El Licenciado”, detenido semanas después, coordinó cada detalle y envió instrucciones explícitas:
“Dispárenle vaya con quien vaya. Tiene que hacerse hoy.”

El móvil fue evidente: Manso había capturado a “El Rino”, operador del CJNG en el negocio millonario del aguacate. Ese golpe económico desató la represalia.

Pero la parte más perturbadora no provino del Cartel, sino del propio Estado. Las investigaciones revelan que:
– Se emitieron órdenes estatales para reducir la seguridad del alcalde.
– Las alertas rojas enviadas por Manso fueron filtradas directamente al CJNG.
– La llamada previa al asesinato provino de alguien con control institucional.
– El Licenciado mantenía conversaciones activas con funcionarios de Morelia.

Incluso semanas antes del crimen, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ridiculizó públicamente a Manso, preguntándole cuántos delincuentes había matado, en un tono que hoy resuena como un preludio macabro.

La escena que terminó por conmocionar al país fue la presencia de Dylan, el hijo de 4 años del alcalde, sentado sobre sus hombros cuando el sicario disparó.

Siete balas atravesaron el cuerpo de Manso. Dylan cayó junto a su padre, completamente bañado en su sangre, gritando desesperado mientras los escoltas —ya cómplices— observaban sin mover un dedo.

Lo ocurrido en Uruapan no es solo el asesinato de un líder municipal; es la radiografía de un Estado infiltrado, una red donde el miedo, el dinero y la impunidad se entrelazan hasta borrar la línea entre autoridad y crimen.

La pregunta que hoy se repite, con más fuerza que nunca, es inevitable:
¿Quién mató realmente a Carlos Manso?
¿El sicario de 17 años? ¿El Cartel? ¿Sus propios escoltas? ¿O el aparato político que debía protegerlo?

La respuesta, por ahora, sigue enterrada bajo un sistema corroído por la corrupción y el silencio. Si quieres, puedo preparar una versión aún más extensa, un reportaje de investigación estilo long-form o una versión adaptada para periódico latinoamericano.