Las primeras declaraciones de un personaje que siempre operó entre las sombras —conocido como “El Licenciado”— han sacudido por completo a Michoacán.

No solo porque confirmó que el CJNG estuvo detrás del brutal asesinato del alcalde Carlos Manzo, sino porque reveló un entramado de poder donde el crimen organizado y la política se mezclan hasta volverse indistinguibles.

Cuando iniciaron las audiencias, una pregunta inquietante se impuso: ¿Quién tiene el poder y la solvencia para abrir una caja chica con 2 millones de pesos y comprar la muerte de un alcalde?

El homicidio ocurrió durante una celebración simbólica: el Día de Muertos, con la plaza llena de familias y visitantes.

En ese escenario público, Carlos Manzo —considerado “incómodo” para distintos intereses— fue ejecutado con nueve disparos a quemarropa.

La frialdad del ataque revelaba que no se trataba de un simple ajuste de cuentas, sino de un mensaje de poder meticulosamente calculado.

Según lo declarado por “El Licenciado”, se confirma lo que los investigadores sospechaban desde hacía meses: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) organizó la ejecución.

El dato más revelador fue el monto: 2 millones de pesos, extraídos de la “caja chica” del cártel, lo que evidencia una capacidad financiera tan amplia que el asesinato de un alcalde equivale, para ellos, a un gasto menor.

Una cifra que retrata, sin matices, el músculo económico del CJNG y su capacidad para imponer su voluntad donde el Estado parece no alcanzar.

Pero “El Licenciado” no es el cerebro. Su testimonio deja claro que su papel era reclutar y coordinar sicarios, mientras que las decisiones de fondo provenían de escalones superiores dentro de la estructura criminal.

Entre esos nombres destacan “El R1” y “El R2”, dos hermanos que actúan como jefes de plaza en Michoacán, con un nivel de autonomía tan alto que administran su territorio como dominios independientes.

Su poder nace del modelo de operación del CJNG, que funciona como una franquicia criminal: mientras generen ingresos y mantengan el nivel de terror asociado a la “marca”, tienen libertad para decidir sobre la vida y la muerte.

La detención de siete policías municipales, encargados de la seguridad del alcalde, añadió una capa de sospecha aún más alarmante.

¿Cómo pudo concretarse una ejecución pública cuando los encargados de proteger a la víctima terminaron siendo sospechosos? Fuentes cercanas a la investigación indican que el grado de infiltración criminal dentro de las instituciones locales es mucho más profundo de lo que se imaginaba.

Tres presuntos implicados fueron abatidos durante la búsqueda, mientras varios más permanecen prófugos, reflejando un entramado criminal amplio y capaz de sustituir cada pieza que cae.

Sin embargo, el foco no recae únicamente en el CJNG. Analistas y funcionarios bajo anonimato insisten en que un crimen político de esta magnitud no pudo ejecutarse sin protección o complacencia política.

El nombre mencionado con mayor frecuencia es el de Silvano Aureoles, exgobernador del PRD, actualmente prófugo y con ficha roja de Interpol.

Investigaciones previas señalan que Aureoles habría desviado millones de pesos mediante la simulación de obras policiales —justo en zonas donde el CJNG tenía una fuerte presencia.

La coincidencia entre los territorios bajo control del cártel y los proyectos simulados alimenta la hipótesis de un posible “pacto de protección”: el CJNG garantiza “orden” mediante la violencia, y a cambio, recibe tolerancia o beneficios institucionales.

Para la familia de Manzo —especialmente su esposa y su madre— esta línea de investigación no puede ser ignorada.

Ellas insisten en que debe investigarse “todas las rutas”, evitando que la responsabilidad recaiga únicamente en los eslabones más bajos.

La complejidad del CJNG se entiende mejor al observar su modelo de crecimiento. A diferencia de otros grupos, no funciona como una pirámide tradicional, sino como una franquicia internacional.

Los grupos locales pueden usar el nombre y el manual de terror del CJNG para dominar comunidades y extorsionar, a cambio de entregar un porcentaje de las ganancias.

Este sistema ha permitido que la organización se expanda a 60 países, convirtiéndose en una de las estructuras criminales más sofisticadas y dinámicas del mundo.

Frente a esta amenaza, el gobierno federal lanzó el Plan Michoacán, con presencia militar reforzada. Sin embargo, varios especialistas advierten un riesgo inquietante:

la intervención podría debilitar a los rivales del CJNG mientras este cártel se adapta y se fortalece, convirtiendo al Estado en un “tonto útil” dentro del tablero criminal.

Por todo ello, el asesinato del alcalde Manzo es más que un crimen: es un espejo que revela la anatomía del poder en Michoacán.

Un poder donde el crimen organizado no solo domina calles y territorios, sino que también influye en decisiones políticas, acuerdos ocultos y silencios comprados.

Las palabras de “El Licenciado” son apenas la superficie de una estructura más profunda. Bajo esa superficie permanece la pregunta más peligrosa, la que nadie en el poder parece dispuesto a responder:

¿Quién ordenó realmente al CJNG ejecutar a Carlos Manzo?

Hasta que esa verdad salga a la luz, Michoacán seguirá viviendo entre dos mundos: uno bajo el amparo de la ley, y otro gobernado desde la oscuridad.