Nadie de los presentes en el campo de fútbol aquella tarde de domingo imaginó que estaba parado en la frontera entre la vida y la muerte.
El partido amateur en Salamanca, que debía transcurrir entre gritos de aliento y polvo levantado por los jugadores, se transformó en el punto de partida de una cadena de hechos que estremeció a todo Guanajuato.
Lo que conmocionó a la opinión pública no fue solo el número de víctimas, sino la frialdad de un plan calculado al detalle, ejecutado como una declaración de guerra del crimen organizado.
De acuerdo con los informes de investigación, el tiroteo del 25 de enero no fue un estallido espontáneo de violencia.
El grupo armado había estudiado el lugar con anticipación, eligió el momento de mayor afluencia y utilizó camionetas para bloquear todas las salidas.
Desde posiciones estratégicas, abrió fuego contra jugadores y espectadores. En cuestión de minutos, once personas yacían sin vida y decenas más resultaban heridas.
Para la comunidad local, fue un golpe difícil de asimilar. Para los cárteles, fue un mensaje de poder escrito con sangre.
El nombre que rápidamente apareció en los reportes de inteligencia fue el de Moisés Soto Bermúdez, operador bajo las órdenes de Mario Eleazar Lara Belman, conocido como El Negro, figura vinculada al entorno de El Marro.
Según las autoridades, el objetivo del ataque no se limitaba a eliminar rivales directos, sino a exhibir fuerza, advertir al Cártel Jalisco Nueva Generación y sembrar terror en cualquiera que desafiara el orden impuesto por estas estructuras criminales.
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Lo que más sorprendió a los investigadores fue que, tras la masacre, los responsables no huyeron a zonas rurales ni intentaron cruzar la frontera.
Las pistas condujeron a una lujosa mansión valuada en unos 25 millones de pesos, ubicada en un vecindario aparentemente tranquilo. E
n los registros oficiales figuraba como sede de una exitosa empresa textil. El propietario era descrito como un empresario discreto, de vida ordenada. Jardines cuidados, muros de piedra y un portón sólido reforzaban la imagen de prosperidad legítima.
Sin embargo, seis semanas de vigilancia silenciosa desmontaron esa fachada. No se observaba actividad comercial durante el día. Camiones de carga pesada entraban y salían de madrugada.
Imágenes térmicas revelaron sistemas de ventilación industrial funcionando de forma constante en áreas que deberían haber sido dormitorios.
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Para los analistas, quedó claro que no se trataba de una vivienda común, sino de un centro logístico criminal destinado al almacenamiento, procesamiento de drogas y coordinación de operaciones violentas.
A las tres de la mañana del 26 de enero, la Marina de México lanzó la operación Asalto Halcón. Ochenta elementos de fuerzas especiales avanzaron en silencio absoluto, equipados con visión nocturna y comunicaciones encriptadas.
En menos de diez minutos, la propiedad quedó bajo control total. Dieciocho personas fueron detenidas, entre sicarios, contadores y encargados de logística. No se disparó una sola bala, pero el impacto del operativo fue inmediato.
El material asegurado evidenció la magnitud del entramado. Cinco toneladas de metanfetamina y cocaína, con un valor estimado de 2.500 millones de pesos, estaban ocultas en compartimentos especiales.
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También se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, servidores con información sobre contactos y movimientos financieros, y un arsenal de alto poder capaz incluso de derribar aeronaves.
Para muchos agentes veteranos, el golpe ya era significativo. Sin embargo, lo peor aún no había salido a la luz.
En el jardín trasero, bajo un césped perfectamente cuidado, los marinos hallaron una fosa séptica modificada, de unos 20 metros de profundidad. Al abrirla, el olor confirmó los peores temores.
En su interior se encontraban cerca de 200 cuerpos, enterrados a lo largo de más de un año. Las víctimas incluían miembros de bandas rivales, comerciantes secuestrados, periodistas desaparecidos y hasta un ex alcalde cuyo paradero era desconocido desde hacía siete años.
Aquel cementerio clandestino no solo representaba un crimen masivo, sino también el reflejo de una violencia normalizada durante demasiado tiempo.
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Entre las pruebas recuperadas, un objeto provocó un silencio absoluto entre los investigadores. Se trataba de una mochila rosa con el nombre de Sofia, una niña de tercer grado, hija de un comerciante asesinado.
La mochila había sido conservada como un trofeo, un acto de crueldad que deshumanizaba por completo a las víctimas. Para las familias, ese hallazgo destruyó cualquier esperanza pendiente. Para la sociedad, convirtió cifras frías en un dolor tangible e imposible de ignorar.
La caída del complejo asociado a El Marro fue presentada como un golpe directo al corazón operativo de una de las estructuras criminales más violentas de Guanajuato.
No obstante, especialistas en seguridad advierten que la experiencia demuestra algo inquietante: cada vacío de poder suele abrir paso a nuevas disputas, muchas veces igual de sangrientas.
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El crimen organizado ha demostrado una capacidad alarmante de adaptación, desde el uso de empresas legales como fachada hasta su integración profunda en comunidades locales.
Después de aquella noche, Salamanca dejó de ser solo un punto en el mapa. Se convirtió en un símbolo incómodo de los límites del control estatal y del costo humano de la violencia estructural.
Cuando una mansión millonaria puede ocultar un cementerio colectivo bajo un manto de césped verde, la pregunta que queda no es solo quién es culpable, sino qué debe cambiar para evitar que otros infiernos sigan creciendo, silenciosos, detrás de fachadas respetables.
