Caracas vive horas de tensión extrema que evocan los episodios más delicados de la confrontación entre el poder venezolano y Occidente.

Las declaraciones emitidas desde el núcleo del régimen no solo buscan responder a movimientos militares externos, sino también cubrir una realidad cada vez más evidente: el país enfrenta un vacío de liderazgo en un momento decisivo, mientras el presidente Nicolás Maduro no aparece en público y no existe un anuncio claro sobre la conducción del Estado.

En una transmisión por la televisión nacional, Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo, lanzó acusaciones directas contra Estados Unidos.

Según su versión, los ataques aéreos habrían provocado la caída de bombas sobre edificios donde habitan civiles, con víctimas inocentes y escenas que describió como una masacre.

Cabello calificó la operación como un acto cobarde y exigió a la comunidad internacional que no guarde silencio ante lo que Caracas presenta como una violación grave del derecho internacional.

El mensaje de Cabello tuvo una doble intención. En el plano externo, buscó instalar la narrativa de un ataque indiscriminado contra la población.

En el plano interno, insistió en que la ciudadanía debía mantener la calma, confiar en el alto mando político y militar y evitar cualquier gesto de desesperación que pudiera beneficiar al enemigo.

Se trata de una estrategia conocida del régimen, que recurre al lenguaje de movilización para reforzar la cohesión entre sus bases y desviar la atención de las preguntas más incómodas sobre quién gobierna realmente el país en este momento.

El tono se volvió aún más intenso con la intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Visiblemente alterada, exigió pruebas de vida que confirmaran el estado de Maduro y de la primera dama Cilia Flores.

Al mismo tiempo, llamó a la población a salir a las calles para defender la soberanía nacional y proteger lo que definió como el legado de la revolución bolivariana.

Para varios observadores, este discurso revela que el gobierno se prepara para una etapa de confrontación prolongada, no solo en el ámbito militar, sino también en el terreno social.

Fuentes regionales señalan que desde hace meses el poder venezolano habría impulsado la entrega de armas a sectores civiles afines al chavismo, concebidos como una línea de defensa adicional en caso de que las fuerzas armadas regulares pierdan capacidad operativa.

Esta dinámica despierta temores sobre un posible aumento de la violencia urbana, con un escenario en el que las fronteras entre seguridad estatal y grupos parapoliciales se vuelven cada vez más difusas.

Sin embargo, el elemento que más inquieta a analistas y diplomáticos no es solo el intercambio de acusaciones, sino el silencio alrededor de la cuestión central: quién ejerce el control del Estado.

Aunque figuras clave como Cabello, Rodríguez y el ministro de Defensa han aparecido para convocar a la resistencia, ninguno ha aclarado si existe un gobierno provisional o un mando claramente definido.

En sistemas donde el poder se concentra de forma tan personalista, la ausencia del jefe sin un relevo explícito suele ser señal de tensiones internas profundas.

El analista político Javier Garay describe la situación como un momento de incertidumbre extrema dentro del propio régimen.

A su juicio, los dirigentes saben que asumir públicamente el liderazgo en este contexto implica riesgos enormes, tanto en términos de seguridad personal como de legitimidad futura si el equilibrio de fuerzas cambia.

Esa cautela explica, en parte, la parálisis visible en la cúpula del poder y la sensación de improvisación que rodea a cada comunicado oficial.

En contraste con la versión difundida desde Caracas, varios análisis militares independientes ofrecen una lectura distinta de las operaciones estadounidenses.

Según Garay, la campaña tendría características de intervención quirúrgica, con ataques dirigidos a objetivos militares y a infraestructuras estratégicas del régimen, más que a zonas residenciales.

De confirmarse esta evaluación, el episodio marcaría un giro en la doctrina de Washington, que dejaría atrás las intervenciones largas y costosas para privilegiar acciones puntuales destinadas a debilitar el núcleo del poder adversario.

Aun así, la captura o neutralización de un líder no garantiza por sí sola el colapso inmediato de un sistema político. La experiencia latinoamericana muestra que el factor decisivo en momentos de crisis es la lealtad de las fuerzas armadas.

La ausencia pública de varios comandantes de alto rango junto a los dirigentes civiles ha alimentado especulaciones sobre posibles fisuras en la cadena de mando. Si esa cohesión se rompe, el régimen podría enfrentar un escenario de desintegración acelerada.

Las repercusiones de esta crisis van más allá de las fronteras venezolanas. Para América Latina, los acontecimientos funcionan como una advertencia a otros gobiernos autoritarios sobre los límites de la tolerancia internacional.

Al mismo tiempo, crece el temor a una nueva ola migratoria, impulsada por el miedo y la inestabilidad, que podría agravar una crisis humanitaria ya profunda en la región.

Venezuela se asemeja hoy a un barco atrapado en medio de una tormenta. Los oficiales que permanecen en cubierta intentan tranquilizar a la tripulación y culpar a fuerzas externas por el desastre, pero la ausencia de un capitán visible genera una sensación de deriva peligrosa.

Mientras las explosiones y los discursos encendidos dominan el espacio mediático, la pregunta esencial sigue sin respuesta: quién tendrá la autoridad y la capacidad de tomar el timón y conducir al país fuera de la tormenta política más severa de los últimos años.