Bajo la superficie de una disputa fiscal que en apariencia sería meramente jurídica, México atraviesa hoy una confrontación qu

e podría sentar un precedente peligroso para toda la arquitectura del poder del Estado.

La decisión de Ricardo Salinas Pliego de considerar, o incluso llevar, su caso a instancias de jurisdicción internacional no debe leerse únicamente como la reacción defensiva de un empresario poderoso, sino como la respuesta a un entorno político donde la línea entre el discurso del poder y la injerencia en la justicia se ha vuelto cada vez más difusa.

En ese contexto, el nombre de Claudia Sheinbaum queda situado en el centro de una controversia que rebasa lo personal y toca el corazón mismo del Estado de derecho.

Desde hace varios años, las conferencias matutinas conocidas como Mañanera se han consolidado como el principal instrumento de comunicación política del gobierno mexicano. Su carácter cotidiano ha permitido al Ejecutivo marcar agenda y construir relato ante millones de ciudadanos.

Sin embargo, el problema surge cuando asuntos legales en curso son comentados, interpretados o incluso juzgados desde ese espacio.

Juristas y analistas constitucionales advierten que esta práctica genera lo que denominan un efecto corruptor, en el que el poder político, sin emitir órdenes formales, ejerce presión indirecta sobre jueces, fiscales y tribunales, debilitando su independencia.

El caso de Ricardo Salinas Pliego ilustra con claridad esta preocupación. De acuerdo con la información que ha circulado públicamente, el empresario enfrenta alrededor de nueve litigios fiscales cuyo monto total oscila entre 45 mil y 48 mil millones de pesos.

Se trata de cifras relevantes, pero en un sistema democrático el tamaño económico de un expediente no sustituye al fallo judicial.

La controversia estalla cuando estas acusaciones se presentan ante la opinión pública con un lenguaje que sugiere culpabilidad anticipada, como si la sentencia ya estuviera dictada, pese a que los procesos legales siguen abiertos.

La tensión se intensifica con la incorporación del componente internacional. Desde el propio gobierno se ha explicado que el encuentro de Claudia Sheinbaum con acreedores vinculados a Salinas Pliego obedece a un arbitraje internacional en el que el Estado mexicano está involucrado, relacionado con acuerdos comerciales.

Los demandantes sostienen que tribunales mexicanos habrían intervenido en un litigio civil que se desarrollaba en Estados Unidos, a pesar de que las partes habían acordado la jurisdicción de cortes extranjeras, concretamente en Nueva York.

Este punto es clave. El orden jurídico internacional reconoce que las partes pueden pactar dónde resolver sus controversias, y ningún jefe de Estado tiene facultades para interferir en procedimientos judiciales fuera de su territorio.

Si el conflicto avanza ante instancias internacionales, México podría verse obligado a defender no solo una posición fiscal, sino su respeto a los compromisos legales asumidos en tratados y acuerdos multilaterales.

Otro eje central del debate es la acusación de difamación. Llamar públicamente criminal a una persona, atribuyéndole delitos como lavado de dinero sin una sentencia firme, vulnera el principio de presunción de inocencia.

En democracias consolidadas, este principio actúa como un dique frente al abuso del poder. Cuando el discurso oficial lo erosiona, el daño no se limita a la reputación de un individuo, sino que afecta la confianza colectiva en la justicia.

La polémica se agrava al surgir señalamientos de doble rasero. Mientras ciertos empresarios o adversarios políticos son expuestos con dureza y convertidos en blanco del discurso oficial, otros personajes cercanos al poder parecen quedar al margen de un escrutinio equivalente, incluso cuando pesan sobre ellos dudas similares en materia fiscal o administrativa.

Esta percepción de selectividad alimenta la idea de que la ley no se aplica con el mismo rigor para todos.

En paralelo, la sociedad observa con inquietud las prioridades del gobierno. La disposición a recibir a acreedores extranjeros en el marco de litigios internacionales contrasta con la aparente falta de diálogo con colectivos como las madres buscadoras, mujeres que recorren el país en busca de hijos desaparecidos.

En un México marcado por la violencia y la ausencia de miles de personas, esta diferencia de trato adquiere una carga simbólica profunda y dolorosa.

Los analistas advierten que el mayor riesgo de este estilo de gobernar no reside únicamente en los grandes casos mediáticos, sino en su efecto multiplicador a nivel local.

Si desde la cúspide del poder se normaliza la práctica de acusar y juzgar sin sentencia, alcaldes y autoridades municipales podrían reproducir ese comportamiento.

En ese escenario, los ciudadanos comunes, campesinos, pequeños comerciantes o propietarios de tierras, quedarían expuestos a abusos de autoridad, despojos y decisiones arbitrarias amparadas en la palabra del poder.

La discusión también ha alcanzado al máximo tribunal del país. Las críticas dirigidas a figuras como la ministra Lenia Batres reflejan una creciente desconfianza en la capacidad y autonomía de la Suprema Corte.

Cuando se percibe que los criterios jurídicos ceden ante lealtades políticas, el pilar fundamental del sistema judicial comienza a resquebrajarse.

El debate se enlaza además con episodios del pasado reciente, como la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional durante el gobierno de López Obrador.

Aquella decisión, con consecuencias económicas de gran escala, es citada como ejemplo de actos políticos que, según algunos críticos, nunca fueron sometidos a una revisión legal exhaustiva. La comparación refuerza la sensación de que la rendición de cuentas es desigual.

En este contexto, la eventual decisión de Ricardo Salinas Pliego de acudir a tribunales internacionales adquiriría un significado que va más allá de su defensa personal.

Sería un desafío directo al modo en que el poder se ejerce y se comunica en México, y una invitación a que instancias externas evalúen si el país respeta los principios básicos del Estado de derecho.

La confrontación plantea una pregunta incómoda pero necesaria. En la México actual, la justicia se define en los tribunales o se anticipa frente a las cámaras y los micrófonos.

La respuesta no solo marcará el destino de Salinas Pliego o de Claudia Sheinbaum, sino que ayudará a definir la relación futura entre poder político, legalidad y confianza ciudadana en uno de los momentos más delicados de la vida pública del país.