Un detalle técnico que durante semanas pareció secundario hoy amenaza con cambiar el rumbo de una de las investigaciones más sensibles en Michoacán.

El resultado de un peritaje balístico independiente ha abierto una contradicción directa con la versión sostenida por la Fiscalía estatal

y ha colocado el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un nuevo escenario de duda pública y cuestionamiento institucional.

El ataque ocurrió el 1 de noviembre en la plaza principal de Uruapan, a plena vista de ciudadanos y comerciantes.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, un adolescente disparó contra el alcalde a corta distancia, generando una reacción inmediata de la escolta.

En el lugar fueron asegurados siete casquillos percutidos, seis de ellos de color gris, con la leyenda “Luger Mon”, atribuidos sin mayor discusión al arma del agresor.

Sin embargo, el séptimo casquillo, identificado como indicio número 9, presenta características completamente distintas.

Es de color dorado, con la leyenda “Águila”, y fue localizado en una jardinera cercana al punto donde se produjo un forcejeo segundos después de los disparos iniciales. Esta diferencia encendió las alertas de la defensa y motivó la solicitud de un análisis pericial externo.

El estudio fue realizado por un criminalista privado, quien aplicó un examen microscópico de las estrías balísticas, marcas únicas que cada cañón imprime al disparar y que funcionan como una huella técnica del arma.

El dictamen fue claro. Los seis casquillos grises presentan una marca en forma de letra C, característica de una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, el arma que la Fiscalía atribuye al agresor. El casquillo dorado no comparte esa huella, lo que indica que proviene de un arma distinta.

Para la defensa, esta conclusión rompe el eje central de la investigación oficial. Sostienen que el disparo que abatió al atacante no fue realizado con la misma arma que él utilizó, lo que abre la posibilidad de que haya intervenido otro tirador durante el caos del momento.

De confirmarse esta hipótesis, la narrativa del caso cambiaría de forma radical.

A pesar de la evidencia científica presentada, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha mantenido su postura.

En una conferencia ofrecida el 28 de noviembre, el fiscal Carlos Torres afirmó que se trató de la misma arma durante todo el evento y señaló que el dictamen independiente será valorado por el juez.

Sus declaraciones generaron críticas inmediatas en el ámbito jurídico, al no ir acompañadas de una explicación técnica que refutara el análisis balístico alterno.

El abogado Carreón, representante de la defensa, cuestionó públicamente la solidez de la posición oficial y exigió que el debate se centre en criterios científicos y no únicamente en argumentos administrativos.

En su opinión, un caso de esta magnitud requiere respuestas claras y verificables, especialmente cuando se trata de pruebas materiales tan sensibles como los indicios balísticos.

El impacto legal de esta controversia es profundo. Los escoltas del alcalde enfrentan acusaciones por dolo y omisión, con penas que podrían oscilar entre 20 y 50 años de prisión.

La defensa argumenta que dichas imputaciones se sostienen en la premisa de que solo hubo un arma involucrada, una premisa que ahora está seriamente cuestionada.

Además, subrayan que todo el ataque se desarrolló en aproximadamente 1.5 segundos, un lapso mínimo en un entorno de confusión extrema.

Añaden que la escolta Monserrat Hernández resultó lesionada por un rozón de bala al intentar proteger al alcalde, un hecho respaldado por su expediente médico y que, según la defensa, no ha sido valorado adecuadamente por la autoridad judicial.

La aparición de este peritaje independiente ha profundizado la crisis de credibilidad en torno al Caso Manzo.

Cuando un solo casquillo es capaz de poner en entredicho la reconstrucción oficial de los hechos, la discusión deja de ser meramente técnica y se convierte en un debate sobre transparencia, rigor investigativo y confianza pública.

Lejos de cerrarse, el asesinato del alcalde de Uruapan entra ahora en una etapa aún más compleja. En este punto, cada prueba adquiere un peso decisivo y cada omisión se vuelve más visible.

La resolución final no solo definirá responsabilidades penales, sino también la solidez institucional de una investigación observada con lupa por la opinión pública.