Campeche ya no es un estado tranquilo a orillas del Golfo de México. Se ha convertido en el epicentro de una confrontación política prolongada,

áspera y profundamente controvertida, donde la frontera entre la justicia y la venganza se vuelve cada vez más difusa.

Para muchos, el nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, fue durante años sinónimo de poder dentro del PRI.

Hoy, ese mismo personaje enfrenta el riesgo de perder prestigio político, patrimonio y futuro público, mientras Layda Sansores incrementa la presión tanto en el terreno mediático como en el jurídico.

El origen de este conflicto se hunde en la propia historia política de Campeche. Layda Sansores no es una figura ajena al sistema.

Proviene de una familia con tradición política y pasó buena parte de su carrera dentro del PRI antes de romper con ese partido y transitar por fuerzas opositoras hasta integrarse a Morena.

Con un estilo frontal y, en ocasiones, confrontativo, Sansores ha presentado al PRI como el emblema de una época marcada por abusos de poder y corrupción.

Su triunfo en la elección de 2021 no fue solo una victoria personal, sino un golpe histórico que puso fin a décadas de control priista en el estado.

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Desde el inicio de su mandato, Sansores dejó clara su prioridad. Anunció que revisaría a fondo la herencia de los gobiernos anteriores, en especial el periodo en el que Alito fungió como gobernador.

Las acusaciones de corrupción, desvío de recursos públicos, nepotismo y enriquecimiento ilícito no tardaron en hacerse públicas, no solo en expedientes oficiales sino también ante la opinión pública.

Sansores entendió que en la política contemporánea el poder no se ejerce únicamente en los tribunales, sino también en la narrativa.

En ese contexto surgió Martes del Jaguar, un espacio que se convirtió en la principal herramienta de presión política. Cada semana, la gobernadora aparece para exponer documentos, imágenes y señalamientos dirigidos directamente contra Alito.

Estas transmisiones funcionan al mismo tiempo como un alegato político y como un escenario público donde Sansores refuerza su imagen de confrontación directa con el viejo poder.

Para sus seguidores, se trata de un acto de valentía. Para la oposición, es una campaña de linchamiento mediático cuidadosamente orquestada.

El punto más alto de esta confrontación llegó en 2025, cuando el gobierno estatal anunció la confiscación de tres propiedades ubicadas en Lomas del Castillo.

Los inmuebles estaban registrados a nombre de la madre de Alito y de un colaborador cercano, pero según las autoridades de Campeche, su origen estaba ligado a operaciones irregulares durante su gestión como gobernador.

La decisión de destinar esos terrenos a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos fue presentada por Sansores como un gesto simbólico, transformar bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita en un beneficio público.

La reacción de Alito fue inmediata y contundente. Denunció una expropiación arbitraria, violatoria del derecho de propiedad y del Estado de derecho.

Presentó múltiples recursos legales ante tribunales federales. Mientras los jueces analizan los amparos, las obras continúan, lo que ha intensificado aún más la confrontación. Para el líder priista, este proceso demuestra que el poder ejecutivo estatal está siendo utilizado como arma política.

En el plano jurídico, Alito ha logrado sostenerse gracias a su fuero como senador y a su posición como dirigente nacional del PRI.

Dos intentos por retirarle la inmunidad en el Senado fracasaron, reflejando una alianza táctica entre PRI, PAN y PRD frente a Morena.

Esta situación ha alimentado el debate sobre la igualdad ante la ley y ha reforzado el discurso de quienes respaldan a Sansores, quienes sostienen que la justicia permanece detenida por cálculos políticos.

En un contexto más amplio, el enfrentamiento entre Sansores y Alito se ha convertido en un símbolo de la polarización que atraviesa la política mexicana.

Un sector considera que se trata de un paso necesario para romper con la cultura de la impunidad. Otro advierte que personalizar las investigaciones y convertirlas en un espectáculo mediático sienta un precedente peligroso, donde el poder del Estado puede utilizarse para aniquilar adversarios.

Mientras tanto, en Campeche comienza a percibirse el cansancio social. La seguridad, el empleo y el desarrollo económico siguen siendo demandas urgentes.

La discusión ya no se limita al destino político de Alito, sino también al legado que dejará Layda Sansores. Si detiene su ofensiva, podría ser vista como una derrota. Si insiste, su gobierno corre el riesgo de ser recordado más por una confrontación permanente que por resultados concretos.

En este escenario, el PRI atraviesa un auténtico luto político. No solo por la posible caída de uno de sus dirigentes más influyentes, sino porque toda una etapa de poder está siendo revisada y cuestionada públicamente.

El cerco en torno a Alito aún no se cierra por completo, pero se ha estrechado como nunca antes. Y en esta disputa prolongada, la respuesta definitiva sobre si se trata de justicia o venganza no la dará únicamente un tribunal, sino el juicio de la historia.