Desde las primeras líneas del testimonio, el hombre que trabajó dentro del aparato de vigilancia del CJNG en Uruapán sembró en la

opinión pública una sospecha peligrosa: quizá la imagen de “viuda valiente” que el público ha abrazado oculta un papel mucho más complejo en la tragedia política que sacudió a Michoacán.

Sus declaraciones sobre las visitas secretas de Grecia Quiroz a las casas de seguridad del CJNG desafían por completo la narrativa oficial construida tras el asesinato del alcalde Carlos Manso.

El narrador afirma que trabajó casi un año bajo las órdenes de Jorge Armando, conocido como “El Licenciado”.

Lejos del estereotipo de un miembro del cartel, este aparecía siempre impecable, educado, con su laptop y dos teléfonos, más parecido a un contador reservado que a un operador del crimen organizado. Para él, la información era más valiosa que cualquier arma.

“Una bala mata a una persona, pero un dato preciso puede cambiar todo un escenario”, repetía con frialdad quirúrgica.

Durante los primeros meses, su trabajo consistía en seguir a empresarios y comerciantes locales para registrar hábitos, rutinas y vulnerabilidades.

Esa información servía para extorsiones, control territorial o incluso secuestros. Pero a partir de abril, todo cambió abruptamente.

Tras la detención de El Rino por orden del alcalde Manso, los antiguos acuerdos tácitos entre gobierno local y cartel se fracturaron, desatando una tensión inusual en Uruapán.

Fue entonces cuando El Licenciado reveló un secreto que el narrador no esperaba: Grecia Quiroz llevaba meses visitando casas de seguridad del CJNG.

No bajo presión, no en situaciones de peligro, sino como parte de un acuerdo que ella misma había buscado para garantizar su protección personal mientras su esposo se enfrentaba cada vez más al crimen organizado.

Entre abril y julio, el narrador recibió la orden de seguir exclusivamente a Grecia. La primera vez que la observó, ella salió de su casa a las nueve de la mañana, condujo su camioneta negra sin escolta y llegó a una zona residencial tranquila.

Entró en una casa con muros altos y portón eléctrico. El Licenciado confirmó que se trataba de un punto utilizado para almacenar mercancía antes de su distribución. Permaneció cerca de una hora y se marchó sin levantar sospechas.

En ese mismo mes regresó otras cuatro veces, siempre sola, siempre siguiendo el mismo patrón. La constancia de estos movimientos convenció al narrador de que no se trataba de encuentros forzados.

Mientras tanto, Carlos Manso variaba rutas y salía acompañado de escoltas, como un hombre consciente del peligro. Grecia, en cambio, se movía como si transitara por terreno familiar.

A finales de mayo, ella visitó una segunda propiedad, una finca amplia en las afueras de Capacuaro. Allí, el narrador logró filmar el momento en que salía con un sobre amarillo que no llevaba al entrar.

Aunque no sabía qué contenía, afirma que el tamaño permitía guardar documentos, grabaciones o incluso dinero.

Durante junio y julio registró once visitas más a distintos inmuebles, además de reuniones con dos mujeres vinculadas a miembros del cartel en un pequeño restaurante de Uruapán.

Cuando la detención de El Rino reconfiguró las prioridades del cartel, el equipo pasó a vigilar exclusivamente al alcalde Manso.

Desde la disposición de los filtros de seguridad hasta los accesos y rutas de evacuación, todo fue minuciosamente documentado.

El narrador asegura que nunca imaginó que esa información sería utilizada para planear el ataque durante el Festival de las Velas del 1 de noviembre.

Solo después del atentado comprendió la magnitud de lo ocurrido: las barreras que él había registrado fueron movidas por órdenes oficiales y catorce escoltas de la Guardia Nacional fueron retirados 24 horas antes del atentado.

“Nadie fuera del gobierno podía conocer ese nivel de detalle”, afirma. “Eso solo pudo ocurrir con colaboración institucional.”

Tras el asesinato, los acontecimientos se precipitaron. El Licenciado ordenó borrar mensajes, desaparecer. Diez días más tarde, dos compañeros del narrador, Ramiro y Fernando Josué, aparecieron muertos en circunstancias opacas.

Ramiro mantenía comunicación con un contacto dentro del gobierno estatal, por lo que el narrador cree que fueron eliminados para proteger vínculos políticos. Cuando El Licenciado cayó detenido poco después, comprendió que debía huir.

Antes de hacerlo, copió todos los videos, fotografías y reportes en un USB escondido dentro de su zapato. “Sabía que la información era demasiado importante. Si callaba, la versión oficial enterraría la verdad para siempre.”

Aclara que no puede afirmar que Grecia ordenara la muerte de su esposo. Pero las visitas, las reuniones, las llamadas y las solicitudes de protección al CJNG revelan una relación mucho más profunda de lo que se muestra públicamente.

La narrativa gubernamental la presenta como víctima, y al asesinato como un fallo de seguridad. Para el narrador, esas explicaciones tienen “huecos demasiado grandes para ser accidentales”.

Desde su perspectiva, el poder en Michoacán no se rige por la ley sino por una red de complicidades: funcionarios corruptos, jueces obedientes, policías que sirven a dos bandos y políticos que negocian con las organizaciones criminales.

El asesinato del alcalde Manso, un hombre que decidió no entrar en ese juego, fue simplemente la consecuencia inevitable.

Los videos en manos del narrador, que muestran a Grecia Quiroz entrando en casas de seguridad, podrían cambiar radicalmente el panorama político si alguna vez salen a la luz o si una investigación independiente los autentica.

Pero hasta entonces, queda flotando la misma pregunta inquietante: ¿la verdad saldrá a la luz o volverá a ser consumida por los acuerdos en la sombra?