El clima político en Michoacán se ha vuelto más denso que nunca después de que el Ejército mexicano irrumpiera de manera sorpresiva

en la residencia de Grecia Quiroz —viuda y sucesora del alcalde Carlos Manso— para detener a todo su círculo más cercano de seguridad.

La captura de siete escoltas dentro del corazón administrativo de Uruapan no solo sacude la versión oficial del asesinato de Manso, sino que abre un camino mucho más oscuro:

¿y si la muerte del alcalde no provino de sus enemigos externos, sino de quienes estaban a centímetros de él?

Ninguna autoridad local fue notificada del operativo. El Ejército, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán, ejecutó la orden de cateo y las detenciones bajo el argumento de “riesgo de destrucción de pruebas” y “peligro de fuga”.

Lo ocurrido dentro de la Casa de la Cultura —utilizada como centro de operaciones del alcalde— dejó al municipio en estado de shock: los hombres encargados de proteger a Manso ahora son señalados como piezas clave en un presunto homicidio calificado en comisión por omisión.

Los detenidos no eran civiles improvisados ni contratados de última hora. Eran policías municipales, entrenados y autorizados para salvaguardar a la máxima autoridad local.

Lo más perturbador es que fue el propio Carlos Manso quien eligió a estos siete agentes como su primer anillo de seguridad, una decisión que el gobierno federal calificó en su momento como arriesgada, al dejar su protección en manos de fuerzas locales vulnerables a presiones políticas.

Sin embargo, Manso confió en ellos. Y hoy, esa confianza se ha convertido en el centro de la sospecha.

La Fiscalía no detalló qué tipo de “omisión” cometieron, pero el concepto legal implica que los responsables legales de proteger a la víctima no actuaron, pese a tener la capacidad para evitar el crimen.

Esto sugiere varias posibilidades: que conocían el riesgo y no alertaron, que abandonaron su posición de forma sincronizada o que facilitaron el acceso de los agresores.

La idea de que siete escoltas actúen al unísono sin coordinación previa resulta prácticamente imposible. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién dio la orden y a cambio de qué?

Las detenciones llegaron días después de una entrevista polémica de Grecia Quiroz con Adela Micha, un detalle que despierta la sospecha de que la Fiscalía encontró contradicciones relevantes en su testimonio.

Primero, Quiroz afirmó que su esposo “estaba completamente abandonado”, sin apoyo de la Guardia Nacional.

Más tarde, reconoció que dicha fuerza sí estaba presente y que Manso fue quien decidió que no integraran su primer círculo de seguridad.

Su declaración inicial —que acusaba al gobierno de no enviar protección— quedó totalmente desmentida por ella misma.

La contradicción no parece un simple error. Abre la duda sobre si Grecia Quiroz está intentando orientar la narrativa pública, especialmente ahora que ocupa la presidencia municipal interina y se ha convertido en pieza central de la investigación.

Pero el verdadero terremoto político llegó con su afirmación más explosiva: según Quiroz, los asesinos de su esposo no pertenecen al crimen organizado, sino a Morena, el partido en el poder.

Asegura que Carlos Manso estaba escalando rápidamente en las encuestas rumbo a la gubernatura de Michoacán y que su ascenso era una amenaza directa para ciertos grupos internos.

Dijo haber expresado estas preocupaciones personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo que “no se encubra a nadie”.

Aunque la mandataria habría aceptado investigar, Quiroz manifestó su desconfianza total hacia instituciones, partidos y fiscalías: “Solo confío en mi familia”.

Los políticos aludidos reaccionaron de inmediato. Leonel Godoy, diputado de Morena, admitió haber tenido “rivalidad política” con Manso, pero negó cualquier implicación y aseguró que Manso jamás lo acusó directamente.

Raúl Morón, senador y también rival político de Manso, declaró estar “totalmente limpio” y dispuesto a declarar cuando sea necesario.

Aunque ambos mantienen una postura de cooperación, su cercanía con el conflicto alimenta aún más la incertidumbre pública.

Mientras tanto, el video que detonó esta crisis enlaza el caso con otros temas que crispan el ambiente nacional: desde las acusaciones de que Morena “compró” la victoria de Fátima Bosch en Miss Universe, hasta los ataques feroces de Laura Zapata contra el gobierno, pasando por las denuncias de impunidad en Jalisco bajo el exgobernador Enrique Alfaro.

El caso de Uruapan, sin embargo, destaca por encima de todo. El involucramiento directo del Ejército sugiere que las autoridades federales consideran que la investigación apunta más allá de una falla de seguridad: podría implicar redes políticas o criminales de mayor alcance.

La detención de los escoltas parece ser apenas el primer movimiento de una investigación que podría escalar hasta niveles estatales o nacionales.

Lo único claro es que el asesinato de Carlos Manso ha dejado de ser un crimen más en un estado históricamente golpeado por la violencia.

Ahora representa un desafío directo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, para la credibilidad de Morena y para la estabilidad política de Michoacán. Y mientras la verdad no salga a la luz, México seguirá haciéndose la misma pregunta inquietante:

¿Quién decidió que Carlos Manso debía morir… y por qué siete hombres encargados de salvarlo ahora aparecen como las piezas clave de ese misterio?