La política mexicana se sacudió cuando el nombre de “El Licenciado” surgió inesperadamente como pieza clave en el asesinato del alcalde Carlos Manso.

Un personaje que casi nunca aparece en público, sin una imagen clara, pero descrito por la comunidad de inteligencia como alguien que “nunca se muestra, pero lo controla todo”.

Su detención abrió una cadena de preguntas: ¿es realmente el autor intelectual principal o solo un eslabón dentro de una estructura criminal mucho más profunda? ¿Y qué motivó la orden de “eliminar a toda costa” a un alcalde en funciones?

Mientras la verdad sigue revelándose lentamente, la opinión pública permanece dividida: algunos lo ven como un golpe decisivo contra el crimen organizado; otros creen que su captura es apenas el comienzo de un conflicto político más complejo.

Tras el ataque, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó activar todos los recursos federales y estatales. La instrucción se emitió de inmediato: “ningún detalle debe escapar a la investigación”.

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía de Michoacán y las fuerzas estatales coordinaron una operación conjunta de emergencia.

Fue uno de los dispositivos interinstitucionales más amplios de los últimos años.

Equipos especializados iniciaron la revisión de cámaras de seguridad, circuitos cerrados, rastreo de dispositivos móviles, entrevistas, análisis de señales y diversas técnicas de inteligencia.

Varias zonas urbanas y tramos carreteros fueron asegurados para reconstruir la ruta de los sospechosos. Las primeras pistas surgieron de correlaciones inusuales entre señales telefónicas y datos compartidos en grupos de mensajería encriptada.

La investigación convergió rápidamente hacia un nombre: Jorge Armando N, conocido como “El Licenciado”.

Se le identificó como uno de los mandos de un grupo criminal activo en Uruapan y municipios cercanos.

Fuentes de seguridad señalaron que él no estuvo presente en el lugar del crimen, pero sí emitió las instrucciones cruciales —incluida la orden de actuar incluso si el alcalde estaba acompañado de civiles.

Su detención ocurrió en la zona Centro de Morelia, tras días de seguimiento por unidades de inteligencia.

No se han divulgado todos los detalles, pero varias fuentes confirmaron que fue sorprendido sin tiempo de reaccionar en un departamento utilizado como refugio temporal. Desde ese momento, el caso tomó un giro definitivo.

El atacante directo, Víctor Manuel N, fue neutralizado en el mismo lugar de los hechos. Sin embargo, dos piezas clave —Fernando Josué N y Ramiro N— quienes acompañaron al agresor pocas horas antes del crimen, aparecieron muertos en la carretera Uruapan–Paracho.

Ambos cuerpos estaban abandonados y sus teléfonos desaparecidos, señal clara de que alguien buscaba cortar toda conexión con la cadena de mando.

Lo que esos responsables no previeron es que los dispositivos serían rastreados y recuperados. El teléfono de Ramiro —encontrado un día después— se convirtió en la pieza central del caso.

Allí se reveló un grupo de coordinación interna en una aplicación de mensajería donde se planificaron movimientos, vigilancia y ejecución.

Los datos mostraron que a las 6:06 p.m., Ramiro envió un video desde el jardín donde más tarde Manso sería atacado, confirmando que “el punto estaba ubicado”.

Para las 7:45 p.m., el grupo recibió la actualización de que el alcalde transmitía en vivo desde el festival de velas.

Minutos después, llegó la orden de “El Licenciado”: abrir fuego incluso con civiles presentes y asegurar la “eliminación del objetivo”. Las instrucciones iban acompañadas de una presión constante para evitar cualquier vacilación.

Ramiro tenía, además, un rol de instructor. La Fiscalía confirmó que enseñaba a algunos miembros del grupo a usar armas y que imponía castigos físicos a quienes no obedecían.

Esto ratifica que la estructura funcionaba bajo un modelo semimilitar, con controles internos estrictos y disciplina basada en la violencia.

El análisis balístico marcó otro punto de inflexión. El arma 9 mm utilizada contra el alcalde coincidía con dos ataques previos ocurridos el 16 y el 23 de octubre.

El sistema IBIS corroboró que los casquillos hallados en la escena de Manso eran idénticos a los registrados en esos eventos, en los que hubo víctimas mortales.

A partir de estas evidencias, las autoridades establecieron que el grupo implicado tiene vínculos con una organización criminal activa en Michoacán, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque los detalles no se han revelado completamente, la conexión basta para explicar la sofisticación del ataque.

Mientras tanto, la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, recibió protección especial del Ejército desde el primer momento.

La Fiscalía le ha mantenido informada sobre cada avance, mientras Uruapan y zonas cercanas incrementaron presencia de la Guardia Nacional, Ejército y Marina.

La ciudadanía fue llamada a colaborar a través de la línea anónima 089, que ha recibido múltiples reportes relacionados con extorsiones y movimientos armados en la región.

Aunque la investigación ha logrado avances significativos, la pregunta crucial sigue sin respuesta: ¿cuál fue el verdadero móvil del asesinato? ¿Por qué un alcalde en funciones, sin conflictos públicos graves, se convirtió en objetivo de una operación tan calculada?

La respuesta podría estar en miles de datos aún en análisis, o en eslabones superiores que permanecen ocultos.

Y es precisamente esa incertidumbre lo que mantiene al país expectante: si “El Licenciado” es solo un engranaje más, entonces quienes están en la cúspice podrían ya estar reorganizando sus piezas.