Una Primera Dama instalada en el corazón de la élite nórdica, lejos de la agitación política de Colombia pero cada vez más presente en fiestas exclusivas de Estocolmo.

Un contrato de aviones de combate que supera los 16 billones de pesos, el más costoso en la historia del país, que aún no ha sido publicado de manera oficial.

Y una coincidencia que ha llevado a que dos historias —aparentemente independientes— se conecten en el peor momento posible para el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Desde que el diario Expressen de Suecia reveló su investigación sobre el lujoso estilo de vida de Verónica Alcocer, surgieron inevitablemente preguntas que se entrelazan con el polémico proceso de adquisición de los aviones Gripen.

Lo que al principio parecía un simple paralelismo temporal se transformó en el eje de un debate nacional: ¿existe alguna relación entre la vida de lujos de la Primera Dama en Suecia y el contrato militar más opaco de los últimos años? ¿O se trata únicamente de un choque inconveniente de apariencias y silencios?

La gravedad del asunto radica en que, en ambos frentes, el gobierno no ha brindado explicaciones claras.

Aunque Verónica Alcocer y el presidente Petro están “técnicamente separados”, la sociedad conyugal sigue vigente.

Según la declaración de conflicto de intereses de 2024, los ingresos, gastos, bienes y movimientos financieros de ambos continúan siendo patrimonio común.

Esto significa que cualquier desembolso que sostenga el estilo de vida de la Primera Dama en Estocolmo —por más privado que sea— sigue estando dentro del marco financiero compartido con el jefe de Estado.

La pregunta inevitable es la siguiente: ¿cómo financia Alcocer su vida en Suecia si, como se ha sugerido, sus cuentas podrían estar bloqueadas por la Lista Clinton?

El diario El Tiempo reveló que Petro continúa transfiriendo dinero a la sociedad conyugal, lo que alimenta nuevas dudas sobre si esos fondos tienen alguna relación con el nivel de vida que mantiene en el extranjero.

En paralelo, Alcocer dejó Colombia y se instaló en Estocolmo desde mayo de 2024, no en misión estatal, sino por decisión personal.

Tras hospedarse en el Hotel Strand, uno de los más elegantes de la ciudad, se trasladó a un apartamento en una zona exclusiva del centro.

Para la prensa sueca —reconocida por su rigurosidad frente a la transparencia de figuras públicas— la presencia de la Primera Dama colombiana en estos círculos se convirtió en noticia inmediata.

Apareció rodeada de un nuevo círculo social conformado por figuras destacadas de la élite sueca: la DJ internacional Gun Lundemo, quien presuntamente le ayudó a encontrar vivienda; Sofía Strand, empresaria y cofundadora de Pixi Beauty; y Christopher Ruscón, propietario de la prestigiosa bodega francesa Hat Etuner.

A esto se suman imágenes suyas en fiestas de verano, eventos nocturnos y la vendimia en Francia, escenas que rápidamente dieron la vuelta por medios nórdicos y colombianos.

El episodio más polémico ocurrió cuando Alcocer asistió —sin invitación oficial— a la vigilia electoral de Folklistan, un partido populista sueco con apenas dos meses de existencia.

Una de las líderes del movimiento es pareja de Sofía Strand, lo cual avivó especulaciones sobre la participación y motivaciones de la Primera Dama en aquel entorno político.

Mientras tanto, otra historia avanzaba en paralelo: el contrato de 17 aviones de combate Gripen.

El presidente Petro ha reconocido públicamente que las compras de armamento son “intrínsecamente propensas a la corrupción” debido a su falta de transparencia y a la poca claridad en los procesos de negociación.

Sin embargo, su gobierno no ha publicado el contrato, los detalles técnicos, los costos asociados ni la información sobre intermediarios.

Los números generan inquietud: 16,4 billones de pesos aprobados en presupuesto, pero un vacío de 2 billones aún sin explicación.

El Ministerio de Defensa insiste en que se trató de “una decisión directa del Presidente”, sin comité asesor ni estudio comparativo divulgado.

El precio acordado para Colombia —alrededor de 250 millones de dólares por unidad— supera con creces el valor que Brasil pagó en 2014 por aviones del mismo modelo: 150 millones por avión, equivalentes a 203 millones ajustados a 2025.

Esa diferencia, sumada al historial de sobornos de SAAB en República Checa, Hungría, Sudáfrica y Brasil (actualmente investigado por el Departamento de Justicia de EE.UU.), alimenta con fuerza las sospechas.

Y es en este punto donde ambos relatos se cruzan para crear un terreno políticamente explosivo: la Primera Dama vive en el mismo país donde se encuentra la sede del fabricante de los Gripen, mientras el contrato más grande del gobierno Petro permanece en la opacidad.

Nadie ha afirmado, al menos públicamente, que exista un vínculo directo entre Alcocer y la compra de los aviones. Pero la suma de silencios, coincidencias y ausencia de transparencia crea el ambiente perfecto para que cualquier hipótesis cobre fuerza.

La oposición ve un flanco político ideal:
• Un presidente que antes criticaba la compra de armamento y ahora impulsa el mayor gasto militar en décadas.
• Un contrato de 16 billones de pesos sin documentos públicos.
• Una Primera Dama viviendo en medio del lujo sueco mientras las dudas crecen.

Todo esto, en un año electoral, es dinamita política.

El gobierno insiste en que no hay nada irregular. Pero el problema no es únicamente legal: es de percepción pública.

Alcocer no está obligada jurídicamente a declarar sus gastos, pero sí carga con una responsabilidad política por ser quien es. Y cada día de silencio alimenta la narrativa de que hay algo que no se ha contado.

Las preguntas siguen abiertas: ¿quién financia realmente su estilo de vida en Estocolmo? ¿Qué contiene el contrato Gripen que aún no se ha hecho público? ¿A qué corresponde la diferencia presupuestal? ¿Y por qué las dos historias avanzan en paralelo sin que el gobierno logre despejarlas?

Hasta que esas incógnitas sean respondidas, la sombra que une a Verónica Alcocer y al contrato de los Gripen seguirá creciendo.

Y podría convertirse en el talón de Aquiles más problemático de toda la administración Petro, no por lo que se sabe, sino por lo que aún permanece sin explicación.