Bogotá, Cartagena y Estocolmo: tres lugares que, en apariencia, no guardan relación alguna, pero que hoy están unidos por una cadena de revelaciones

que sacude a la opinión pública y coloca al gobierno colombiano en el centro de un torbellino de dudas, sospechas y exigencias de transparencia.

Mientras el país aún debate la legitimidad, la ética y la responsabilidad de las operaciones militares que dejaron menores muertos en Guaviare y otras regiones, desde Suecia —esa nación asociada con la calma y la neutralidad— surgieron imágenes y datos capaces de transformar un rumor en un escándalo internacional:

La primera dama Verónica Alcocer estaría viviendo en Estocolmo rodeada de la élite sueca, asistiendo a cenas exclusivas, reuniones con empresarios multimillonarios y fiestas en los lugares más selectos del país nórdico.

Ante tal revelación, una sola pregunta comenzó a repetirse con insistencia en redes sociales y en la prensa internacional:
“¿Quién está pagando?”

La interrogante, sencilla en apariencia, se ha convertido en el eje de un debate nacional que toca un punto clave: ¿Existe algún vínculo entre este estilo de vida de lujo en Estocolmo y el contrato para adquirir 17 aviones de combate Gripen, valorados en 16,4 billones de pesos, firmado por Colombia con la empresa sueca SAAB?

Al mismo tiempo, el país vivía otro fenómeno mediático: en Cartagena, el Concurso Nacional de Belleza coronaba a Tutu Mosquera (María Antonia Mosquera), representante del Valle, como nueva Señorita Colombia, quien competirá en Miss International 2026.

Aunque el certamen congregó a miles de espectadores y generó innumerables tendencias en redes, su brillo se apagó rápidamente ante la avalancha de controversias políticas que arrastraba al país.

En paralelo, la indignación popular aumentaba tras la confirmación de 15 menores muertos en bombardeos recientes.

La memoria colectiva recordó de inmediato las declaraciones de líderes hoy en el poder. Cuando eran oposición, Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras denunciaron enérgicamente operaciones similares, calificándolas como propias de un “Estado terrorista”, exigiendo investigaciones internacionales y mociones de censura.

Hoy, bajo su administración, se repiten los mismos patrones que tanto criticaron.
Por ello, muchos analistas hablan de una “incoherencia total”: lo que antes condenaban con fuerza, ahora lo consideran parte inevitable de la lucha contra grupos armados ilegales.

El debate se agudiza aún más cuando se compara la posición del presidente Petro sobre los ataques en Gaza —donde ha defendido a ultranza a los niños víctimas— con lo que sucede en territorio colombiano, donde menores también han perdido la vida en operaciones autorizadas por su gobierno.
La pregunta que se repite es clara: ¿La defensa de los derechos humanos depende del contexto político?

En medio de este ambiente convulso, el escándalo de Verónica Alcocer en Suecia se convirtió en el epicentro de las críticas cuando el diario Expressen, uno de los más leídos del país escandinavo, publicó una investigación detallada sobre su vida en Estocolmo.

Según el diario, la primera dama se ha dejado ver desde el verano en:
– Cenas en restaurantes de alta cocina
– Eventos privados con empresarios suecos y europeos
– Noches en clubes exclusivos
– Reuniones sociales con la jetset nórdica

El medio también cuestionó quién paga los costos de hotel, seguridad, transporte y eventos privados.
De acuerdo con las reglas oficiales, estos gastos solo pueden ser cubiertos por el Estado colombiano si la primera dama se encuentra en una misión diplomática o visita oficial.

Sin embargo, ninguna entidad colombiana ha confirmado que Alcocer estuviera cumpliendo algún tipo de agenda protocolaria en Suecia.

La controversia aumentó cuando, ante la pregunta de un periodista sobre por qué vivía en Estocolmo y no en Bogotá, Alcocer respondió simplemente:
“Porque aquí es un lugar más tranquilo para vivir.”

La respuesta, breve pero reveladora, abrió aún más interrogantes.

El presidente Petro salió rápidamente en su defensa. A través de múltiples publicaciones en Twitter, aseguró que Alcocer está siendo “perseguida” por la extrema derecha y la describió como “la madre de mis hijos”, en un tono claramente emocional.

Pero lejos de calmar el debate, la reacción presidencial encendió todavía más la sospecha pública.

El momento elegido para la publicación del reportaje también levantó alertas.
El nombre de Verónica Alcocer —junto con Nicolás Petro y Gustavo Petro— había sido mencionado recientemente en registros vinculados a la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Apenas días después, un diario sueco difundía imágenes de su vida social en Estocolmo.

Como si fuera poco, el reportaje de Expressen coincidió exactamente con la firma del contrato de 17 aviones Gripen entre Colombia y la firma sueca SAAB.

El gobierno ha insistido en que no existe ningún tipo de coima ni irregularidad.
Pero, aun con esas explicaciones, la pregunta sigue sin respuesta:

Si el Estado no paga y la primera dama no está en misión oficial, entonces… ¿quién financia su estadía, su seguridad y su vida de lujo en Suecia?

Los expertos en defensa recuerdan que la compra de los Gripen no se limita a los aviones. Incluye entrenamiento de pilotos, mantenimiento, logística, simuladores, infraestructura y soporte técnico a largo plazo.
Es uno de los contratos más costosos firmados por Colombia en la última década.

Por eso, tanto para analistas como para ciudadanos, la coincidencia temporal resulta demasiado incómoda como para pasar desapercibida.

Mientras tanto, otros temas siguen alimentando el clima de tensión nacional: un certamen de belleza que queda eclipsado, un debate ético profundizado por la muerte de menores en bombardeos y un acuerdo militar multimillonario que se mezcla con la vida social de la primera dama en Estocolmo.

Todo ello converge en la misma pregunta —la que se repite en titulares, columnas y redes sociales—:

¿Quién paga?

A día de hoy, nadie ha ofrecido una respuesta convincente.
Y todo indica que este no es el final del escándalo, sino apenas el inicio de uno de los expedientes político-mediáticos más complejos del gobierno de Gustavo Petro.

Cada nueva declaración, filtración o documento que surja —ya sea desde Bogotá o desde Estocolmo— podría añadir otra pieza a un rompecabezas que está lejos de completarse.