Desde las primeras horas después de confirmarse el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, los analistas de seguridad en Washington encendieron todas las alarmas.

Muchos lo describen como un “punto de quiebre”, “un detonante geopolítico” e incluso “la base legal más peligrosa para una intervención militar en México desde la guerra territorial”.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una presión sin precedentes — presión construida por el mismo legado que se vio obligada a heredar y por las expectativas imposibles de cumplir.

A pesar de los mensajes de calma enviados por el gobierno federal, la realidad es mucho más oscura: México no solo está perdiendo control sobre amplias zonas del territorio, sino que además está perdiendo su capacidad de decisión política frente al escenario internacional.

El asesinato de Carlos Manso dejó de ser un hecho aislado; ahora se ha convertido en un “pivote estratégico” que Estados Unidos está utilizando para justificar acciones que lleva meses —o años— ensayando.

En este contexto, Sheinbaum queda atrapada: reaccionar demasiado fuerte implica escalar la crisis, pero permanecer en silencio la convierte en símbolo de impotencia institucional.

Ambas rutas empujan al gobierno mexicano hacia un territorio peligrosamente vulnerable ante un Washington cada vez más decidido.

La tensión actual nace de un modelo político–de seguridad implementado durante los últimos seis años: la estrategia denominada “abrazos, no balazos”.

Esta política, defendida con insistencia por el expresidente López Obrador, se basó en una premisa aparentemente simple: reducir la confrontación directa con los cárteles produciría menos violencia.

La realidad se movió en dirección contraria.
Los grupos criminales, lejos de debilitarse, expandieron su control, ocuparon vacíos de poder y consolidaron estructuras que hoy operan como gobiernos paralelos en numerosas regiones.

Reportes independientes muestran que estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa ya no son territorios donde el Estado “carece de presencia”, sino territorios donde el Estado fue expulsado, sustituido o absorbido.

Comunidades rurales viven bajo leyes impuestas por los cárteles.
Alcaldes funcionan como mediadores entre el crimen organizado y los ciudadanos.
Las denuncias de amenazas suelen terminar en vacío… o en muertes.

Ese es el legado que Sheinbaum recibe al asumir la presidencia. Pero su dificultad no reside únicamente en gobernar una nación fragmentada: reside también en la mirada —y el juicio— de Estados Unidos.

Para Washington, México fracasó no solo en contener al narcotráfico, sino en impedir que la crisis de fentanyl se convierta en una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

Cuando un alcalde es asesinado después de advertir públicamente que lo matarían si el gobierno federal no intervenía, el mensaje hacia el mundo es devastador: “México ya no puede proteger ni a sus propios funcionarios.”

La historia de Carlos Manso se ha convertido en el retrato más crudo de la crisis.
Durante meses, el alcalde denunció la presencia activa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan: campamentos de entrenamiento, rutas de tráfico y nombres de miembros que lo amenazaban directamente.

Solicitó refuerzos federales, no solo por su seguridad personal, sino por la supervivencia institucional de su municipio.

No obtuvo respuesta.
No llegó ningún refuerzo.
El Estado estuvo ausente.

Su asesinato no solo generó indignación por la brutalidad del crimen, sino por la indiferencia fría del sistema político. Las declaraciones de Sheinbaum —tardías, defensivas, desconectadas del momento— hicieron poco para tranquilizar a la opinión pública.

De hecho, para muchos significaron lo contrario: la evidencia de que el gobierno busca minimizar el problema o, peor aún, no quiere admitir la magnitud de la infiltración criminal.

En Washington, la lectura fue aún más severa: la muerte de Manso es “prueba de campo” de que México ha perdido capacidad de autogobernarse.

De ahí nace una narrativa peligrosa:
Si México no puede proteger a sus alcaldes, ¿cómo podrá proteger su frontera?
Y si no puede proteger la frontera, ¿Estados Unidos debe actuar en su lugar?

Por eso, los movimientos militares de EE.UU. despiertan tanta inquietud. NBC News reveló que unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) realizaron entrenamientos basados en escenarios de incursionar en territorio mexicano.

Paralelamente, equipos especiales de la CIA operan bajo el marco legal del Title 50, que autoriza operaciones encubiertas en el extranjero sin declaración pública.

La Casa Blanca ya dio un giro legal decisivo: los cárteles mexicanos han sido catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

Bajo esta doctrina, cualquier acto de violencia vinculado al fentanyl que afecte a estadounidenses puede considerarse un ataque armado exterior, abriendo la puerta a respuestas militares —sin necesidad de aprobación del Congreso mexicano.

Fuentes del Pentágono filtraron varios escenarios contemplados:
• ataques con drones,
• destrucción de infraestructura logística de los cárteles,
• operaciones quirúrgicas con fuerzas especiales,
• e incluso incursiones terrestres limitadas.

El asesinato de Manso, al exponer tan claramente la vulnerabilidad del Estado mexicano, se convierte accidentalmente en el detonador perfecto para justificar dichas acciones.

Para Claudia Sheinbaum, esta situación representa un verdadero callejón sin salida. No puede confrontar directamente a Estados Unidos: México depende del comercio, la inversión y la cooperación migratoria con Washington. Pero tampoco puede aceptar una intervención militar sin perder autoridad, legitimidad y estabilidad interna.

Hasta ahora, su estrategia de “negar, minimizar y tranquilizar” solo ha debilitado su imagen. Protestas contra la violencia crecen en varios estados.

Otros alcaldes exigen protección urgente. Y la confianza pública en las instituciones se erosiona más rápido de lo que el nuevo gobierno puede restaurarla.

Un Estado que no puede asegurar a su población que está a salvo.
Una presidenta que no logra convencer al país de que tiene control.
Una nación cuyo futuro está empezando a decidirse fuera de sus fronteras.

El clima político y de seguridad en México se parece hoy al cielo gris antes de un huracán: silencioso, pesado y lleno de señales de que lo peor está por venir.

Washington dejó claras sus intenciones. Trump sostiene su mensaje de “atacar para defenderse”. Y el asesinato de Carlos Manso —un funcionario electo que pidió ayuda y fue ignorado— emerge como el símbolo más doloroso de un país que lucha por sostenerse.

México se encuentra en una bifurcación histórica:
o demuestra que puede retomar control de su territorio,
o tendrá que enfrentar el hecho de que otros intentarán hacerlo en su lugar.

Y este es el momento en que el silencio desde Palacio Nacional dejó de ser una opción.