Era una noche aparentemente tranquila en Mazatlán, Sinaloa. Las luces de neón de los bares se mezclaban con el olor a sal del mar y el tequila.

Pero en la madrugada del 5 de octubre, un joven de 23 años, Carlos Emilio Galván Valenzuela, originario de Durango, se levantó de su mesa en el lujoso bar Terraza Valentino… y jamás regresó.

Treinta y cuatro minutos bastaron para que desapareciera del mundo, dejando un vacío que destaparía una de las redes de corrupción y violencia más turbias del estado.

Según relataron sus dos primas, a las 2:30 de la mañana, Carlos se levantó diciendo que iría al baño. Pasaron los minutos y no regresaba. Cuando intentaron buscarlo, un guardia del lugar las detuvo con una excusa absurda: “Esa zona está siendo limpiada.”

Cerca de las 3:00 a.m., encontraron un par de tenis desconocidos bajo una puerta cerrada. Detrás, silencio total. Ningún sonido de agua, ni una voz.

Cuando las autoridades acudieron al lugar —veinte días después—, ya era demasiado tarde: las cámaras habían sido desconectadas, las cuentas alteradas y los registros de seguridad estaban en blanco.

Lo que parecía una desaparición aislada comenzaba a mostrar el rostro de una operación encubierta cuidadosamente planeada.

Las primeras pistas condujeron a un nombre conocido entre los círculos de poder de Mazatlán: Ricardo Velar de Cárdenas, propietario de Terraza Valentino y exsecretario de Economía del estado de Sinaloa. Curiosamente, había renunciado dos días antes de que el caso saliera a la luz pública.

Durante años, su nombre había estado vinculado a grupos empresariales y cadenas de bares que, según diversas fuentes, servían como fachada para el lavado de dinero de “Los Chapitos”, el brazo heredero del imperio criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La investigación federal tomó un giro decisivo cuando el Comandante Omar García Harfuch recibió una señal inesperada: el teléfono de Carlos Emilio, apagado durante semanas, emitió una breve ubicación “Devil Pink”, proveniente de una casa registrada a nombre de un expolicía despedido por sus vínculos con Los Chapitos.

El rastro llevó a un almacén abandonado en Cerritos, perteneciente a una empresa fantasma vinculada al grupo inmobiliario Grupo Bahía del Sol, controlado por Cárdenas.

En el interior, los peritos encontraron rastros de sangre mal limpiados, ropa rasgada, un reloj digital roto y una cadena de plata con las iniciales “CGB”.

El análisis de ADN confirmó lo impensable: la sangre pertenecía a Carlos Emilio.

A partir de ahí, la delgada línea entre la política y el crimen se rompió por completo.

El nombre José Ramón N., alias “El 40”, apareció en mensajes y grabaciones incautadas del teléfono de Cárdenas. “El 40” era jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, responsable del control nocturno, el cobro de cuotas, las desapariciones y los “ajustes de cuentas”.

En uno de los mensajes fechados el 6 de octubre, escribió:

“El trabajo del bar está hecho, jefe. Nadie dirá nada.”

Por primera vez, la conexión entre el político y el sicario quedaba al descubierto.

El 10 de noviembre, fuerzas combinadas de la Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) lanzaron la Operación Cerritos, con el objetivo de capturar a “El 40” en el exclusivo residencial Estrella del Mar, donde se ocultaba en una villa registrada a nombre de una filial de Cárdenas.

A las 19:05 horas, el operativo se ejecutó. “El 40” fue arrestado intentando escapar por la azotea trasera.
Cárdenas, en cambio, fue detenido en plena llamada telefónica, gritando desesperado que todo era “una confusión política”. Pero su teléfono contaba otra historia.

El último mensaje de voz enviado desde el dispositivo de “El 40” decía:
Trasladen al chico del almacén, la marina está por llegar, cierren todo.

Cuando los agentes regresaron al almacén, hallaron bajo una capa de cemento de tres metros de profundidad el cuerpo sin vida de Carlos Emilio, envuelto y enterrado cuidadosamente.

En la mansión de Cárdenas, la policía encontró un disco duro con los videos originales de las cámaras de seguridad de Terraza Valentino —material que él había declarado “dañado”.

Las imágenes mostraban a dos guardias de seguridad, uno de ellos identificado como Luis Barraza, primo de “El 40”, forzando a Carlos Emilio a salir por la puerta trasera a las 2:34 de la madrugada.

Además, se incautó una lista de “clientes preferenciales”, que incluía a tres funcionarios en activo y dos empresarios reconocidos, revelando un sistema de protección mutua entre el poder político y el crimen organizado.

Los registros financieros, cruzados con datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, demostraron transacciones sospechosas entre Cárdenas y José Raúl Núñez Ríos (alias “Elic”), operador financiero de Los Chapitos.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch declaró con tono grave:

“Esto no es solo un secuestro. Es un recordatorio de cuán profundamente el crimen ha infiltrado nuestras instituciones.”

Mazatlán, el destino turístico que presume sol y lujo, ocultaba un “agujero negro digital” donde las cámaras se apagan, los registros se borran y las vidas desaparecen.

Hoy, El 40 y Ricardo Cárdenas permanecen recluidos en un penal de máxima seguridad, acusados de desaparición forzada, delincuencia organizada y corrupción agravada.

Carlos Emilio Galván Valenzuela ya no está, pero su nombre se ha convertido en símbolo de una generación atrapada entre la esperanza y el miedo, entre la juventud que sueña y el poder que corrompe.

El caso se cerró judicialmente, pero no moralmente.
Porque en México, la justicia aún tiene precio —y a veces, ese precio es la vida misma.