Cuando el sol apenas comenzaba a asomar sobre el cielo de Michoacán, la mañana del 8 de noviembre,

mientras los habitantes de Uruapan seguían aturdidos por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un informe confidencial de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.) llegaba a Ciudad de México.

Su título era breve, pero demoledor: “Confidential: Bedoya-Comparán Network”, y su contenido abrió una línea de investigación que amenaza con sacudir los cimientos del poder en el estado.

Las primeras páginas del documento revelaban una maraña de detalles aparentemente inconexos: transferencias bancarias desde Apatzingán hacia Miami, mensajes interceptados entre “El Toro” y “Oficina M”, contratos agrícolas con la firma de un asesor estatal y, sobre todo, la repetición constante de un apellido: Comparán Bedoya.

Todo ello recopilado a lo largo de seis meses y, al ser ensamblado, formó un mapa financiero complejo donde política, poder y narcotráfico se entrelazan con precisión quirúrgica.

Según el informe de la DEA, dos familiares directos del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, alias “El Fruto”, y Adalberto Comparán Bedoya— están actualmente presos en Florida por delitos de lavado de dinero y tráfico de metanfetamina.

Ambos habrían utilizado empresas agrícolas en Michoacán como fachada para el envío de droga a Estados Unidos.

Lo alarmante es que las transacciones de dichas compañías muestran vínculos con la tesorería estatal, mediante contratos de obra pública y programas rurales aprobados por el propio gobierno de Michoacán.

Una empresa en particular, RMola Consulting S.A. de C.V., registrada en Morelia, aparece como eje central. En papel, figura como una consultora de inversión local; pero los registros bancarios revelan que recibió garantías oficiales del gobierno estatal y realizó al menos tres transferencias a cuentas en Miami, entre ellas una perteneciente a Comparán Bedola Holdings LLC.

Esa conexión fue suficiente para que los analistas preguntaran:
¿Se están lavando fondos públicos para financiar redes criminales?

A las 7:35 de la mañana, la investigación fue elevada a prioridad tipo 1.
Los equipos de inteligencia financiera recibieron la orden de revisar todos los contratos estatales firmados entre marzo y agosto de 2024 —periodo señalado como “pico” de las operaciones ilícitas—.

Los primeros resultados del UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) fueron claros: decenas de depósitos fraccionados entre 20 000 y 80 000 USD se canalizaron a través de cooperativas rurales en Apatzingán y Parácuaro, antes de ser reenviados a bancos intermediarios en Jalisco y, posteriormente, al extranjero.

Tres funcionarios públicos —viejos conocidos del gabinete estatal— aparecieron como autorizadores de esos contratos. Dos de ellos serían detenidos horas después en la Operación “Rescate de la Integridad”, el 9 de noviembre.

El primero, identificado como JLM, exsubdirector de adquisiciones del estado, fue arrestado en su domicilio.

En su poder, la policía encontró un cuaderno con anotaciones que coincidían con las fechas de aprobación de contratos. Bajo cada fecha aparecían las iniciales “A.R.B.” —Alfredo Ramírez Bedolla—.
Durante el interrogatorio, JLM aseguró haber actuado “por instrucciones superiores”.

No dio nombres, pero en los correos electrónicos incautados se halló correspondencia entre Inversiones Bedoya S.A. y una cuenta con dominio @cbholdingsmiami.com, perteneciente a Comparán Bedola Holdings LLC.

En el mismo operativo fue detenida PAC, excoordinadora administrativa, acusada de aprobar licitaciones a nombre de cooperativas rurales inexistentes. En su testimonio mencionó a “una mujer llamada Anabel” como la persona que presionaba para que los contratos fueran firmados sin documentación.

Los investigadores confirmaron su identidad: Anabel Bedoya Marín, esposa de “El Fruto” y tía del gobernador, figura ya citada en reportes filtrados de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) en 2022, donde se le vinculaba con operadores financieros del grupo Cárteles Unidos, enemigo directo del CJNG en la región de Uruapan–Apatzingán.

A partir de ese punto, el rompecabezas comenzó a completarse.
Un entramado familiar, político y financiero operaba con la precisión de un reloj suizo: los fondos públicos fluían hacia empresas fachada, viajaban al extranjero y regresaban disfrazados de inversiones “productivas”.

Parte de esos recursos, según los analistas, habrían servido para financiar campañas locales y operaciones de control territorial de Cárteles Unidos.

Y en el epicentro de la tormenta, el asesinato del alcalde Carlos Manzo se convirtió en el detonante.
Manzo había denunciado semanas antes la “protección política” que, según él, permitía a los grupos criminales operar con impunidad.

El 1 de noviembre, mientras participaba en el Festival de las Velas de Uruapan, fue ejecutado a plena luz del día.
Horas después, las redes sociales se inundaron con el grito:
“¡Fue el gobierno!”

Bajo una presión creciente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla convocó una rueda de prensa la tarde del 9 de noviembre.
Negó estar bajo investigación y denunció una “guerra sucia” para desprestigiarlo:

“No tengo nada que ocultar. Esto es una maniobra política”, declaró con semblante tenso.

Sin embargo, ese mismo día, el UIF anunció el congelamiento de 27 cuentas bancarias y la suspensión de tres propiedades relacionadas con la familia Bedoya en Morelia y Tepalcatepec.

Simultáneamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó el intercambio de documentos judiciales con México, incluyendo las confesiones de los hermanos Comparán, quienes admitieron usar “redes cooperativas” para canalizar dinero hacia campañas políticas y operaciones de seguridad territorial.

Al recibir el informe, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció una frase que resonó en todo el país:

“No protegeremos a nadie. Si hay pruebas, actúen.”

La investigación ya no pertenece al ámbito estatal.
La Fiscalía General de la República (FGR) tomó el control del expediente, mientras expertos legales advierten que, si se confirman los vínculos financieros entre el gobierno de Michoacán y el clan Bedoya-Comparán, el caso podría convertirse en el mayor escándalo político-financiero de México desde Ayotzinapa.

Analistas políticos señalan que la caída de Bedolla no solo tendría efectos en Michoacán, sino que desestabilizaría el equilibrio político de toda la región occidental del país, clave en la producción agrícola y el comercio internacional.

Un investigador del Instituto Nacional de Estudios Políticos lo resume así:

“No es solo un gobernador bajo sospecha. Es la radiografía de cómo el crimen organizado logra infiltrarse en el poder y transformar el presupuesto público en combustible para su maquinaria.”

Si se imagina toda esta trama como una inundación política, el asesinato de Manzo fue apenas la primera gota de lluvia.

A medida que los investigadores siguen el cauce del agua, descubren que la represa del poder en Michoacán ya tenía grietas desde hace tiempo.

Y por esas grietas fluyen tuberías subterráneas —transferencias, contratos, influencias— que alimentan un enorme lago privado: el sistema financiero familiar que sostiene parte del poder político del estado.

La pregunta que hoy retumba en los pasillos de Morelia y Ciudad de México no es “¿quién mandó matar a Manzo?”, sino “¿quién construyó este sistema y por qué sigue funcionando desde las alturas del poder?”

La investigación continúa.
Los protagonistas guardan silencio.
Los documentos se filtran uno tras otro.
Y Michoacán vuelve a ocupar el centro del mapa: un territorio donde la línea entre justicia y corrupción, entre gobierno y crimen, se ha vuelto dolorosamente borrosa.