La historia que México creyó haber cerrado tras el asesinato del alcalde Carlos Alberto Manso Rodríguez en Uruapan ha vuelto a abrirse, esta vez con un giro aún más doloroso y perturbador.

Su esposa, Grecia Quiroz, la misma mujer que presenció cómo su marido fue ejecutado a plena luz del día mientras cargaba a su hijo pequeño, ha asumido oficialmente el cargo que él dejó vacío.

Pero mientras colocaba su mano sobre la Constitución para jurar, una pregunta estremeció a todos: ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir en esa silla antes de convertirse en la próxima víctima?

Nadie olvida aquella mañana fatídica. Manso, conocido como “el alcalde del pueblo”, fue asesinado en una plaza pública, rodeado de familias y niños.

Quince días antes, el gobierno estatal había retirado toda su seguridad, no sólo la personal, sino la de todo el ayuntamiento. Lo dejaron desprotegido, y el crimen ocurrió frente a los ojos de su esposa y su hijo. En México, las coincidencias no existen cuando el poder y la sangre se cruzan.

Hoy, esa misma mujer entra al ojo del huracán político. El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad su nombramiento como alcaldesa de Uruapan.

Es legal, sí, pero profundamente trágico. Grecia Quiroz no habló de promesas vacías ni de discursos triunfales. “No vengo con palabras huecas, vengo con un corazón destrozado,” declaró con voz firme. “Llego para continuar la lucha que mi esposo inició, con el valor que él me enseñó.”

La escena fue sobrecogedora: una mujer vestida de negro, custodiada por camionetas blindadas y la Guardia Nacional, caminando hacia el Congreso bajo la mirada de francotiradores.

Afuera, los habitantes de Uruapan gritaban su nombre entre lágrimas y rabia. Adentro, nadie se atrevió a llamarla “viuda”. Todos la nombraron como “la esposa de Carlos Manso”. Porque, para muchos, el alcalde no ha muerto: su espíritu sigue vivo en la voz de su compañera.

Pero la tragedia de Quiroz no es sólo personal, sino colectiva. En México, los asesinatos de alcaldes se han vuelto rutina. Durante los últimos seis años, 11 alcaldes han sido ejecutados, siete de ellos en Michoacán.

Tres fueron asesinados sólo en este mes de noviembre. Y casi siempre, quienes heredan el poder son las esposas, hijos o hermanos de los muertos. No es una sucesión política; es una herencia de dolor.

El caso de Manso revela una herida aún más profunda: su asesino tenía apenas 17 años. Un niño —“un escuincle”, como dicen en México— convertido en sicario por dinero. Detrás de él, una maquinaria criminal bien aceitada: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Recluta adolescentes de preparatoria y universidad con promesas rápidas: dinero, poder y armas. Mientras tanto, el gobierno recorta el presupuesto educativo, cerrando las puertas a miles de jóvenes. Y cuando se les niega la escuela, las calles se encargan de enseñarles a matar.

Por eso, los analistas llaman a Michoacán “el cementerio de la juventud mexicana.” Una generación perdida, atrapada entre la pobreza y el crimen. Un diputado lo resumió con amargura: “Cuando un chico de 17 años puede apretar el gatillo contra un alcalde, el país ya estaba muerto antes del disparo.”

En el Congreso, el diputado Carlos Bautista Tafolya, uno de los más cercanos a Manso, confesó ante todos: “Yo también tengo miedo de ser el próximo.” La sala enmudeció. En México, ocupar un cargo público es una sentencia de muerte diferida.

El movimiento “sombrero”, legado de Manso, sigue creciendo. Es más que un símbolo político: es una resistencia popular contra los grupos criminales.

Pero ese mismo crecimiento ha despertado preocupación en el poder central. El presentador de un noticiero advirtió: “Si asesinan a un miembro más del movimiento, todo va a reventar.”

En medio de esta tensión, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo Plan de Seguridad para Michoacán.

Aseguró que escuchará a los pueblos originarios, mujeres, jóvenes, sacerdotes, campesinos y familias de las víctimas. Pero la reacción fue de escepticismo. Es el cuarto plan de seguridad en 19 años. Y, como los anteriores, sin presupuesto.

Un analista político lo expresó con ironía: “El pueblo no necesita más planes. Necesita a alguien que apague el fuego, no que siga dibujando planos de la casa incendiada.”

Porque, en efecto, México parece una casa ardiendo desde hace décadas. Los arquitectos políticos —PRI, PAN, Morena— se turnan los planos, pero nadie trae el agua.

Ahora, cuando el fuego ya ha alcanzado la plaza pública, donde los alcaldes son ejecutados frente a la gente, los nuevos “planes” suenan como una burla.

En su programa de televisión, un periodista recordó las palabras del presidente salvadoreño Nayib Bukele:

“Un gobierno que no combate al crimen, es porque colabora con él.”

Una frase que en México suena más como acusación que como advertencia.

La historia de Grecia Quiroz trasciende la política. Es la de una mujer que perdió al hombre que amaba y aun así decidió tomar su lugar en el frente.

No lo hizo por ambición, sino por convicción. Sabe que cada día que pase al mando podría ser el último, pero también que callar sería una traición a la memoria de su esposo.

Cuando salió del Congreso, tomó de la mano a su hijo y miró hacia la multitud. Las luces de las cámaras destellaban, el motor del vehículo blindado rugía a lo lejos. En su rostro, una leve sonrisa; en sus ojos, la firmeza de quien ya no teme morir.

Grecia Quiroz entiende que el poder que hoy ostenta no es un premio, sino una condena suspendida. Pero, como solía decir Carlos Manso:

“Lo peor no es morir… lo peor es guardar silencio frente al mal.”

Y por eso, aun sabiendo que la casa arde, ella eligió entrar en ella. No para sobrevivir, sino para mantener encendida la última llama de esperanza en Uruapan.