Eran las 7:15 de la mañana del 6 de noviembre cuando el silencio del camino de terracería hacia San Antonio Ocotlán, Oaxaca, se rompió por tres disparos.

Minutos después, los vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Guadalupe Urban Ceballos, regidora encargada de parques y jardines, madre de tres hijos, y militante del Partido Verde.

Había sido ejecutada con tres balas calibre 9 mm desde una motocicleta en movimiento. No le robaron nada, no hubo forcejeo. Solo una ejecución precisa, calculada y fría. El cuerpo yacía en el suelo húmedo, las vainillas dispersas y las huellas de neumáticos como único rastro.

Pero el verdadero horror no estaba en la escena del crimen, sino en lo que Guadalupe llevaba consigo. No la mataron para callar una voz, sino para destruir un archivo.

Durante los últimos seis meses de su vida, Guadalupe se había convertido en una figura incómoda dentro del cabildo municipal.

En las sesiones, cuestionaba abiertamente las irregularidades en la distribución de apoyos federales. Denunció “beneficiarios fantasmas”, “entregas inexistentes” y la desaparición de millones de pesos destinados a programas sociales. Guardaba copias, documentos, registros. Planeaba entregarlos a la Fiscalía.

Cinco días antes de morir, escribió en redes sociales un mensaje en repudio al asesinato del alcalde Carlos Manso de Uruapan: “Estamos pagando con vidas por decir la verdad.” Nadie imaginó que esa frase sería su propia premonición.

A las 6:43 de la mañana de aquel 6 de noviembre, Guadalupe recibió una llamada de un “asesor del ayuntamiento”. Le pedían llevar con urgencia unos documentos catastrales porque el plazo de registro vencía ese mismo día. Ella aceptó. Salió de su casa a las 7:07. Cinco minutos después, estaba muerta.

Los investigadores descubrieron algo escalofriante: once minutos antes de que ella saliera, desde la central telefónica del municipio se había realizado una llamada interna con una sola frase: “Ya salió.”

La llamada provenía de la extensión de un coordinador de logística, quien más tarde confesó haber obedecido órdenes de un asesor de alto nivel.

A cambio, le habían prometido “borrar un expediente administrativo” que podía costarle el empleo. Sin saberlo, ese llamado fue la señal que activó la ejecución.

Las primeras hipótesis apuntaban a un crimen pasional o a un conflicto por tierras. Pero pronto, los investigadores hallaron el vínculo que cambiaría todo: un gestor catastral externo con domicilio en Puebla, quien representaba legalmente a la parte contraria en un litigio que Guadalupe investigaba.

Este hombre viajaba constantemente entre Oaxaca, Puebla y Jalisco, pagaba hoteles y autos en efectivo, y tenía contactos directos con Nazario N., operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido semanas atrás por extorsión y narcotráfico.

En las 48 horas previas al asesinato, el gestor realizó seis llamadas a un número no registrado en Cacahuatepec, tres de ellas el mismo día del crimen, incluyendo una 17 minutos antes de que Guadalupe saliera de su casa.

El seguimiento bancario reveló una retiro en efectivo de 62,000 pesos desde una cuenta municipal, sin facturas ni respaldo legal.

En un audio recuperado del ordenador del gestor, una voz masculina decía: “Se resuelve con sesenta y dos, y no llegará a la Fiscalía. Si no se hace antes del viernes, esto va a explotar y nos va a llevar a todos.”

Cuando los agentes irrumpieron en el terreno “en disputa”, descubrieron que no se trataba de un lote baldío, sino de una bodega metálica con seguridad reforzada.

En su interior había computadoras HP antiguas, discos duros, memorias USB y archivos físicos. Todo contenía información del programa Bienestar, con nombres duplicados, CURP inexistentes y registros de entregas falsas.

Los archivos habían sido creados y modificados entre 2023 y 2025, justo cuando los recursos federales alcanzaron su punto más alto.

A las afueras, estacionada, una motocicleta Itálica negra sin placas. El análisis forense determinó que el barro seco de sus neumáticos coincidía exactamente con el del lugar donde Guadalupe fue asesinada.

Dentro de la bodega, encontraron restos de USBs y discos duros quemados con soplete, algunos parcialmente recuperados. En ellos, había listas de beneficiarios, hojas de cálculo financieras y documentos firmados por funcionarios públicos.

La conclusión fue clara: no estaban protegiendo un terreno, sino un servidor lleno de evidencia.

El siguiente eslabón de la cadena llevó a Anayeli López, una funcionaria de nivel medio en un municipio de Puebla que renunció repentinamente el 5 de noviembre, un día antes del crimen.

Su salario oficial era de 19,444 pesos al mes, pero en redes sociales presumía viajes internacionales, cenas en restaurantes como Quintonil y Pujol, y un Jeep Rubicon blanco nuevo valuado en casi 800,000 pesos.

Las investigaciones revelaron su relación sentimental con Nazario N., el operador del CJNG. Una camioneta Nissan Frontier gris, registrada a nombre de la empresa Servicios Integrales del Bajío SA de CV, aparecía en varias fotos de Anayeli y fue captada por cámaras de peaje a las 22:17 del 4 de noviembre, dirigiéndose hacia la costa de Oaxaca, dos días antes del asesinato.

Esa empresa había ganado contratos millonarios en Puebla y Oaxaca para “mantenimiento de áreas verdes” y “logística de programas sociales”, pero la mayoría de los servicios nunca se prestaron.

Sus oficinas fueron cerradas de inmediato, aunque sus cuentas bancarias siguieron moviendo dinero hacia compañías satélite en Jalisco, bastión del CJNG.

El 9 de noviembre, a las cinco de la mañana, se desplegó un operativo simultáneo en los estados de Oaxaca, Puebla y Jalisco.

En la bodega de Cacahuatepec, los agentes hallaron un taller mecánico oculto detrás de pilas de fertilizante: armas modificadas, silenciadores y la misma motocicleta usada en el crimen.

Los peritos lograron reconstruir parcialmente los discos duros, exponiendo una red de malversación de fondos, lavado de dinero y manipulación de programas sociales. En los documentos aparecían firmas y sellos de varios funcionarios en activo.

Tres personas —el operador de la central telefónica, un coordinador administrativo y un exfuncionario de Puebla— fueron incorporadas al programa federal de protección a testigos.

A pesar del cerco judicial, la investigación sigue abierta. En Salina Cruz, un inmueble vigilado 24 horas muestra actividad sospechosa. Una camioneta con placas de Puebla, idéntica a la de Anayeli López, entra y sale transportando cajas cerradas sin registro.

Fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirman que varias cuentas vinculadas al caso aún siguen activas, y que algunos funcionarios implicados continúan en sus cargos, operando desde la impunidad.

La muerte de Guadalupe Urban Ceballos ya no puede considerarse un crimen aislado. Es el reflejo de un sistema donde la corrupción y el crimen organizado se abrazan bajo el mismo techo. Ella fue una regidora de base, pero tuvo el valor de preguntar lo que nadie quería escuchar. Y por eso la mataron.

Hoy, su tumba se cubre de flores. En la lápida solo se lee:
“Ella habló cuando todos callaban.”

Pero los archivos que quiso proteger —los nombres, los números, las pruebas— siguen vivos, custodiados como su legado.

Y mientras tanto, en algún punto de Salina Cruz, esa camioneta gris continúa moviéndose en la oscuridad, cargando el secreto que todos quieren olvidar.
¿Quién dio la orden a las 7:12 de la mañana… y quién será el próximo en ser silenciado?