Nadie imaginó que la ceremonia de toma de posesión de Grecia Quiroz, la nueva alcaldesa de Uruapan, sería el comienzo de una pesadilla.

Menos de 24 horas después de jurar el cargo en memoria de su difunto esposo —el político Carlos Manzo,

asesinado el 1 de noviembre—, la mandataria recibió mensajes de amenaza acompañados de información personal sobre su familia.

Los mensajes, enviados por WhatsApp, estaban firmados con nombres que infunden terror en el mundo criminal de Michoacán: R1, R2, R15 y “La Gorda”, supuestos líderes del grupo Nueva Generación, una de las células más activas en la región.

El mensaje advertía que “ciertos acuerdos con el gobierno federal no fueron respetados”, y concluía con una frase inquietante: “Las consecuencias llegarán”.

Aunque no especificaba detalles, la inclusión de direcciones domiciliarias, rutas de desplazamiento y nombres de familiares llevó a las autoridades a considerarlo como una de las amenazas más graves desde el asesinato de Manzo.

Paralelamente, comenzó a circular entre círculos políticos una “Lista Negra” con los nombres de otros funcionarios bajo riesgo.

Fuentes internas revelaron que dicha lista no solo incluye a miembros del Movimiento del Sombrero —el movimiento fundado por Manzo—, sino también a líderes de otros partidos: Víctor Manríquez, exalcalde de Uruapan y dirigente de Movimiento Ciudadano; Memo Valencia, líder estatal del PRI; y Carlos Bautista, diputado independiente.

Todos confirmaron haber recibido mensajes similares, con datos personales que evidencian vigilancia constante.

Ante el panorama, Uruapan fue declarada en alerta máxima. La Guardia Nacional y elementos de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) fueron desplegados para custodiar edificios públicos y reforzar los accesos de la ciudad.

Grecia Quiroz ahora se desplaza bajo un estricto esquema de seguridad, acompañada por escoltas armados y vehículos blindados. Pero esta imagen de poder genera una pregunta inquietante: ¿protección o reflejo de una ciudad que vive bajo el miedo?

La paradoja se hace más amarga al recordar que, meses atrás, Carlos Manzo rechazó el mismo dispositivo de protección.

Dijo entonces que no quería “vivir como un rehén del Estado, sino como un ciudadano libre”. Hoy, esa decisión divide opiniones entre quienes lo llaman valiente y quienes lo consideran víctima de su propio idealismo.

A nivel nacional, el caso ha desatado un debate profundo sobre la desigualdad en la protección de los políticos. Mientras Quiroz está rodeada por una decena de escoltas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró recientemente que “solo cuenta con diez personas de seguridad”.

Durante su visita a Nayarit, citó a Benito Juárez: “No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre.” Una frase moralista que muchos analistas califican como un gesto simbólico peligroso en un país donde la violencia política se ha vuelto sistemática.

Especialistas en seguridad advierten que reducir la protección presidencial a un símbolo de austeridad puede abrir brechas fatales. Tras el reciente episodio de acoso sufrido por Sheinbaum en un acto público, crece la preocupación sobre la efectividad de su seguridad personal.

En medio de esta crisis, el gobierno federal lanzó el “Plan Michoacán”, presentado como una respuesta integral para restaurar el orden.

El plan propone la cooperación entre autoridades federales y estatales, el incremento de presencia militar y la participación de líderes religiosos e indígenas.

Sin embargo, en los pueblos de Michoacán reina el escepticismo. “Hemos visto demasiados planes fallidos: Calderón, Peña Nieto… todos prometieron paz y dejaron sangre”, dice un habitante de Uruapan.

Mientras tanto, el Movimiento del Sombrero —fundado por Manzo— se ha transformado en símbolo de resistencia ciudadana.

Su promesa de “volver al pueblo” y combatir la corrupción atrajo a una base joven que hoy lo ve como un legado moral más que un partido.

A falta de su líder, los miembros del movimiento siguen organizando actividades comunitarias y de seguridad vecinal.

“Carlos no era como los demás políticos: no robaba, no mentía, no huía del peligro”, afirma una vecina. Su muerte, dice, “no solo mató a un hombre, sino una esperanza”.

En paralelo, una nueva generación iracunda se levanta. Días después de conocerse las amenazas contra Quiroz, dos manifestaciones de la Generación Z se enfrentaron en la capital.

Un grupo de jóvenes de izquierda denunció al gobierno de Sheinbaum por “guardar silencio ante la violencia” y “abandonar a los estudiantes”.

Acusaron a todas las fuerzas políticas —tanto de izquierda como de derecha— de aprovechar la tragedia de Manzo con fines propagandísticos, llamándolo “necrocapitalismo”, el negocio con la muerte.

Del otro lado, un movimiento de derecha, respaldado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, convocó a una marcha para el 15 de noviembre.

Sus instrucciones circulan en redes como si fueran un manual de combate: cascos, gafas contra gas lacrimógeno, chalecos improvisados, lonas negras para bloquear cámaras. Los expertos temen que esta protesta busque provocar caos para debilitar al gobierno.

La encuesta más reciente de Mitofsky confirma el trasfondo de esta polarización: Sheinbaum mantiene una aprobación del 80%, pero entre los estudiantes ha caído a 66%, el nivel más bajo desde su elección.

La oposición aprovecha la brecha para seducir a una juventud que no recuerda los gobiernos de Fox, Calderón ni Peña Nieto —una generación sin memoria, más vulnerable a la manipulación política.

Entre las sombras de Uruapan, Grecia Quiroz intenta mantener la calma. En su último discurso, pronunció una frase que ya resuena en todo México:

“No tengo miedo. Solo temo que, si callamos, ellos ganen.”

Esa declaración, replicada miles de veces en redes sociales, se ha convertido en emblema de dignidad. Pero detrás de ella persiste la pregunta que nadie quiere responder: ¿puede México proteger a quienes todavía se atreven a decir la verdad?

Hoy, en Uruapan, la línea entre el valor y el peligro es tan delgada como el silencio de una noche vigilada. Y cada nuevo nombre que aparece en la Lista Negra no es solo una advertencia: es el recordatorio de que la democracia mexicana sigue caminando al borde del abismo.