Uruapan — la mañana del 6 de noviembre, la ciudad todavía estaba cubierta por una ligera neblina cuando las sirenas comenzaron a resonar en la avenida Lázaro Cárdenas.
Nadie imaginaba que en cuestión de minutos se desataría un intento de emboscada meticulosamente planificado para acabar con la vida de la recién electa alcaldesa Grecia Quiroz.
Lo que hace de este suceso algo tan perturbador no es solo la frialdad del ataque, sino el hecho de que las manos detrás del complot podrían haber estado dentro del propio sistema político de Michoacán.
Según confirmó el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, el atentado no es una hipótesis, sino un hecho comprobado. “Contamos con pruebas suficientes que demuestran que se trató de un ataque planificado, coordinado y con información filtrada desde dentro del aparato gubernamental”, declaró Harfuch en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
Los datos obtenidos —mensajes interceptados, videos y comunicaciones por radio— revelan una verdad escalofriante: dos sicarios armados, comunicándose por frecuencia abierta, seguían la ruta de Quiroz con precisión quirúrgica, esperando el momento exacto en que su vehículo blindado redujera la velocidad para disparar contra el parabrisas trasero, el único punto vulnerable.
A las 9:32 de la mañana, la caravana oficial de Quiroz se dirigía al ayuntamiento cuando un agente de seguridad detectó a dos hombres en motocicleta que avanzaban en sentido contrario, a baja velocidad.
Uno de ellos manipulaba algo debajo de la chaqueta; el otro sostenía un radio, mirando fijamente el SUV negro que transportaba a la alcaldesa. En segundos, la orden fue clara: “¡Detengan el convoy, desplieguen el perímetro!”. Los sospechosos intentaron huir, pero fueron interceptados en apenas treinta segundos.
Durante la revisión, los agentes hallaron una pistola 9 mm con cargador extendido de 33 balas, un arma típica de ejecuciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el teléfono de los detenidos se encontró un mensaje enviado apenas cuatro minutos antes:
“Ya vienen. Son cinco camionetas, la negra va al centro. Cuando frene en la puerta, dispara al vidrio trasero. Solo al vidrio trasero.”
El mensaje, frío y preciso, revelaba algo más que una emboscada: los asesinos sabían exactamente qué vehículo era, su posición y el momento en que Quiroz saldría del coche blindado.
Sin embargo, lo más impactante ocurrió después. Apenas tres horas después de su detención —con el arma, los mensajes y los radios en su poder—, un juez local ordenó su liberación, alegando “falta de elementos suficientes para procesar”.
Fuentes de seguridad calificaron la decisión como una muestra clara de protección institucional al crimen organizado. “No fue un error técnico, fue protección política”, declaró un agente bajo anonimato. La sospecha de que el poder judicial local actuaba bajo órdenes externas se convirtió desde entonces en el eje de la investigación.
En los días siguientes, Quiroz comenzó a recibir llamadas anónimas durante la madrugada. Los interlocutores describían detalles imposibles de conocer sin estar observándola directamente: la hora exacta en que salía de casa, la ropa que llevaba puesta, el número de escoltas que la acompañaban.
Dos camionetas sin placas comenzaron a estacionarse frente a su domicilio, moviéndose lentamente cada vez que un guardia se acercaba, solo para regresar minutos después. No disparaban: medían los tiempos de reacción, estudiaban los puntos ciegos del operativo.
Poco después, durante la ceremonia de toma de protesta en el Congreso local, un hombre fue detenido al intentar ingresar con gas pimienta, marihuana y un mapa impreso del edificio.
En el documento, los accesos, baños y rutas de evacuación estaban marcados con tinta roja, señalando con exactitud el salón donde Quiroz pronunciaría su discurso. Era un plan de ataque perfectamente diseñado.
Todo esto volvió a poner sobre la mesa el nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, señalado por encubrir operaciones criminales. Harfuch confirmó que el patrón de este atentado es casi idéntico al del asesinato del exalcalde Carlos Manso, esposo de Quiroz, ocurrido apenas seis semanas antes.
Carlos Manso había solicitado protección federal en seis ocasiones, tras capturar y denunciar públicamente a un líder del CJNG. Cada una de esas solicitudes fue ignorada o bloqueada desde la oficina del gobernador.
En una llamada del 19 de septiembre, Manso le dijo directamente a Harfuch: “No quiero convertirme en otro alcalde ejecutado en Michoacán. Necesito tu ayuda.” Pero su pedido nunca llegó a concretarse. Cuarenta y tres días después, Manso fue asesinado frente a su hijo, en plena festividad patronal.
Un video grabado días antes muestra al gobernador Bedoya abrazándolo y riendo: “¿Y cuántos criminales has abatido últimamente, Carlos?”. La frase, interpretada como burla o advertencia, fue difundida ampliamente en redes.
La investigación posterior reveló movimientos financieros sospechosos: depósitos en efectivo por 20,000 pesos a empleados con acceso a la agenda de Manso, y 15,000 pesos adicionales al coordinador de seguridad de su evento final.
Las imágenes de las cámaras de los cajeros mostraron a un empleado de una empresa fantasma contratada por el gobierno estatal. Sin oficinas ni personal, esa compañía sirvió para disfrazar los pagos a los involucrados.
Un día antes del asesinato, las órdenes de seguridad del evento fueron alteradas: se retiró una valla que debía cerrar el perímetro del altar, abriendo un corredor por donde el sicario ingresó. La orden de cambio no provenía del alcalde, sino de un coordinador estatal que luego fue visto en fotografías con miembros del CJNG.
Tras asumir el cargo, Grecia Quiroz no huyó. En lugar de pedir asilo o renunciar, se presentó ante el Palacio Nacional y enfrentó al poder: “Ya no confío en el gobierno de Michoacán. Si la Federación no interviene, me matarán igual que a Carlos.” La presidenta Claudia Sheinbaum convocó una reunión de emergencia y ordenó cuatro acciones inmediatas:
- Mantener presencia federal indefinida en Uruapan.
- Establecer comunicación directa entre Quiroz y la Secretaría de Seguridad, sin intermediarios estatales.
- Abrir una investigación financiera sobre los funcionarios implicados.
- Revisar los protocolos de protección de todos los alcaldes amenazados.
En menos de 48 horas, fueron detenidos tres coordinadores de seguridad, dos empresarios contratistas y el juez que liberó a los sicarios. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cinco cuentas ligadas a empresas y familiares del gobernador, con más de 47 millones de pesos congelados.
El gobernador Bedoya respondió con una conferencia de prensa improvisada, denunciando una “persecución política” y presentándose como víctima, sin mencionar el dinero bloqueado ni los vínculos de su familia con el narcotráfico.
En una declaración contundente, Harfuch afirmó: “Cada alcalde asesinado en Michoacán es resultado de la misma enfermedad: la complicidad entre el crimen y la política. No es casualidad; es un sistema.”
Hoy, Grecia Quiroz sigue trabajando en el mismo despacho donde su esposo gobernó. En su escritorio, junto a una foto de Carlos Manso, reposa una nota escrita a mano: “La verdad siempre encuentra su camino.” Cuando se le preguntó por qué sigue, su respuesta fue simple:
“Mataron a mi esposo, pero no podrán matar la justicia. Estoy aquí, y no pienso rendirme.”
El intento de emboscada contra Grecia Quiroz no es solo un episodio más de la violencia política en México. Es un espejo de lo que ocurre cuando el poder y el crimen se funden, cuando la justicia se convierte en refugio de los culpables. Pero también es el testimonio de una mujer que eligió no huir, sino quedarse de pie entre las ruinas del miedo, para gritarle al país entero:
“Aquí sigo. Y no podrán silenciarme.”
