La noche en Culiacán estaba extrañamente tranquila antes de estallar. En un departamento del piso once, en pleno corazón de Tres Ríos —el distrito financiero más resguardado de la capital sinaloense—, un hombre se preparaba para abandonar su refugio.
Afuera, nadie sabía que durante semanas había sido vigilado en silencio: cada llamada, cada señal de su teléfono, cada movimiento registrado por cámaras ocultas.
Su nombre de guerra: “El Morral”, uno de los operadores más violentos de Los Chapitos, la facción heredera del imperio sangriento de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A las 22:53 horas, la calma se rompió. Cuatro escoltas salieron primero, abriendo paso hacia el vestíbulo. En segundos, un intercambio de fuego breve pero fulminante iluminó el estacionamiento.
Cinco minutos bastaron. Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias El Morral, yacía junto a su camioneta blindada. Seis hombres más fueron arrestados. El operativo había concluido. Pero la verdadera historia apenas comenzaba.
El golpe contra El Morral no fue producto de la suerte. Había sido planeado con precisión quirúrgica durante tres semanas de vigilancia permanente.
Equipos de inteligencia se turnaban en puntos estratégicos del área financiera, rastreando señales de radio, cruces de antenas celulares y patrones de movimiento que se repetían cada 72 horas.
Tres teléfonos —uno que se activaba de madrugada, otro al mediodía y un tercero al anochecer— fueron la clave para localizar el escondite del objetivo. Con ayuda de cámaras de tránsito y de establecimientos comerciales, los investigadores identificaron sus vehículos y rostros de confianza.
En silencio absoluto, se instalaron dispositivos de escucha y cámaras ocultas. Francotiradores fueron desplegados en azoteas cercanas, mientras unidades de asalto binomiales aguardaban en las salidas.
La orden era clara: neutralizar al objetivo sin dañar los dispositivos electrónicos, imprescindibles para obtener evidencia. La operación fue supervisada directamente por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, desde el centro de mando en Ciudad de México.
Horas después, cuando la noticia de la caída de El Morral recorría Sinaloa, equipos de inteligencia ejecutaban redadas simultáneas en cuatro “domicilios satélite”. Lo que encontraron confirmaría la magnitud del entramado criminal.
En una de las casas había 27 tarjetas SIM clasificadas por semana de uso. En otra, placas vehiculares falsas de cinco estados diferentes y herramientas para modificar automóviles.
En la tercera, cuadernos con alias, montos semanales de entre 10.000 y 30.000 pesos, y fotografías impresas de rivales con anotaciones hechas a mano.
La cuarta casa albergaba un sistema CCTV que grabó noventa días de reuniones, entrega de armas y sesiones de planificación.
Pero lo más perturbador fue una lista manuscrita con doce nombres y fechas. Ocho correspondían a personas oficialmente desaparecidas entre enero y septiembre.
Las fechas coincidían con su última aparición pública. Uno era un empresario local desaparecido en marzo; otro, un taxista que nunca volvió a su base.
Los registros GPS mostraron que El Morral había visitado seis terrenos rurales en fechas cercanas a esas desapariciones.
Perros especializados en búsqueda de restos humanos fueron desplegados de inmediato. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos entendieron que la lista podía ser un mapa de fosas clandestinas.
El Morral no era un sicario cualquiera. Los informes oficiales lo describen como un operador de alto rango especializado en ejecuciones selectivas, emboscadas y secuestros con fines de intimidación política. Su nombre aparece vinculado a varios crímenes de alto perfil:
— La ejecución en el restaurante Tres Esquinas (agosto de 2023): disfrazado de mesero, disparó seis veces contra “El Gallo”, un rival de La Mayiza, frente a decenas de comensales y niños.
— La emboscada a una caravana policial en Nabolato (febrero de 2024): tres patrullas fueron atacadas con rifles y granadas; un oficial murió y tres resultaron heridos.
— El secuestro de un empresario en mayo de 2024, registrado en video, donde El Morral aparece interrogando al rehén. La víctima fue liberada tras el pago del rescate.
— La masacre en el centro de rehabilitación Shadai AC, donde nueve personas fueron asesinadas. Una narcomanta atribuía la orden a El Morral en medio de una disputa entre Los Chapitos y Los Mayos.
— La muerte de Dana Sofía, una niña de 12 años que quedó atrapada en el fuego cruzado el 24 de marzo. Los reportes de antenas celulares confirmaron la presencia del teléfono de El Morral a menos de 500 metros de la escena.
Sin embargo, el detalle más escandaloso no está en sus crímenes, sino en su anterior liberación judicial.
El 25 de diciembre del año pasado, El Morral fue capturado con un arsenal: rifles automáticos, una ametralladora ligera Minimi y un lanzagranadas. Parecía un caso cerrado. Pero meses después, el juez del caso ordenó su liberación, alegando irregularidades en la cadena de custodia.
La defensa argumentó defectos en el manejo de evidencia. El juez lo aceptó. No obstante, los videos de las cámaras corporales de los agentes mostraban un procedimiento impecable.
El mismo juez renunció dos semanas antes de la muerte de El Morral, aduciendo “motivos personales y de salud”. Cuatro días más tarde, cruzó la frontera por Tijuana rumbo a Estados Unidos.
La Fiscalía General ha solicitado una orden internacional de detención. En los pasillos judiciales, muchos hablan de una red de corrupción que compra la impunidad con dólares y silencio.
Otro hallazgo reforzó esta hipótesis. Entre los detenidos figuraba un hombre con una credencial policial falsa de Culiacán, fabricada con tal precisión que incluía hologramas auténticos.
El número de serie pertenecía a un agente real: Marco Antonio Vega Soto, ex policía desaparecido ocho meses atrás tras ser cesado por abandono de servicio.
Grabaciones de audio revelaron que “El Marcos” —su alias dentro de la organización— filtraba información sobre operativos, rutas y frecuencias de radio.
El análisis fonético confirmó una coincidencia del 87 % entre su voz y la de Vega Soto. De ser cierta esta infiltración, explicaría por qué 17 operativos previos contra Los Chapitos fracasaron en menos de un año.
En los domicilios satélite, los investigadores también hallaron fotografías de funcionarios locales, con notas escritas detrás: “Lunes y miércoles 7:15 — Suburban gris únicamente”.
En cuadernos contables, aparecían iniciales seguidas de cifras: “JR – 15.000 mensuales (placas y permisos)”, “MG – 20.000 (información de movimiento)”. Todo apunta a una red de sobornos institucionalizada.
Cuando la ley se compra, el crimen se perpetúa.
Horas antes del operativo, un número anónimo llamó al 911 denunciando falsamente la presencia de hombres armados a ocho kilómetros de Tres Ríos. Era un intento de desviar recursos y confundir a las autoridades. Aun así, el cerco se mantuvo.
Tras la muerte de El Morral, las comunicaciones interceptadas revelaron caos en las filas de Los Chapitos: mensajes confusos, órdenes de retirada, y la búsqueda de un nuevo coordinador. Un alias emergió entre las grabaciones: “El Flaco”, presunto encargado de reorganizar las células tras la caída del operador principal.
Entre los seis arrestados, uno pidió hablar con la Fiscalía. Solicitó protección a cambio de colaborar.
En su declaración, aseguró que El Morral no era el verdadero jefe, sino un subordinado directo de alguien más poderoso, un individuo que jamás aparecía en comunicaciones electrónicas, solo daba órdenes cara a cara. “Puedo identificarlo, sé dónde vive, y qué vehículo usa”, dijo. Con esas palabras, el caso dejó de ser un cierre y se convirtió en una puerta abierta.
Hoy, tres frentes concentran la investigación oficial:
- Los asesinatos coordinados, entre ellos la masacre de Shadai y la emboscada en Nabolato, mediante peritajes balísticos para vincular las armas decomisadas.
- El caso de Dana Sofía, con cronologías, mensajes y registros de antenas ya verificados.
- La corrupción judicial, cuyo epicentro es el juez que liberó a El Morral antes de huir del país.
La caída de El Morral marca un punto de inflexión, pero no el final. En Culiacán, muchos repiten que “el fantasma” ha caído. Sin embargo, los verdaderos fantasmas aún caminan por los pasillos del poder: jueces, policías, funcionarios que aprendieron a vender el silencio como un negocio rentable.
Y es ese silencio —no las balas— el que mantiene vivo al crimen organizado en México.
